Inversión: PPP,otro nombre para un mismo modelo
Antes, eran emprendimientos mixtos. Ahora, proyectos publico-privados, un curioso neologismo. Simplemente, significa que el sector público contrata al privado para obras, servicios, etcétera. Pero el esquema genera dudas y resquemores.
El tema PPP llega a la Argentina porque el gobierno actual quiere aplicarlo a inversiones infraestructurales. Pero el modelo ya ha provocado adhesiones y rechazos en los setenta y pico de países que lo han puesto en práctica. Históricamente, la versión actual nace en la ola de privatizaciones británica, en tiempos de Margaret Thatcher (años 80).
A diferencia de su mala copia argentina, bajo Domingo F.Cavallo, José R.Dromi, Rodolfo Barra y María J.Alsogaray (años 90), esa gestión hizo las cosas muy bien, tomándose todo el tiempo necesario. Hoy, los apóstoles de los PPP están en entes multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial), cuya alta burocracia tiene a “comprar” recetas en boga. No siempre con buenos resultados.
Los promotores del modelo sostiene que no vuelve al “estatismo” previo a los 80 ni al privatismo de los 90, sino que conjuga sus ventajas sin sus inconvenientes. “Demasiado bueno para ser cierto”, decían algunos participantes de la reunión organizada en Lima, hace poco, por el BID. Pero al presidente Néstor Kirchner, al ministro Roberto Lavagna y sus equipos les gusta el esquema.
Los especialistas partidarios del modelo PPP subrayan su eficiencia en costos y su capacidad de generar nuevas áreas de negocios. En cuanto a los críticos, señalan que se pierden empleos en el sector público –por efectos de una tercerización laboral indirecta-, el estado declina responsabilidades y se condicionan recursos a proyectos que pueden llevar hasta tres decenios, cuyos beneficiarios acaban siendo grupos transnacionales.
Más o menos, las virtudes y los defectos típicos de muchos emprendimientos mixtos en las décadas del 50, el 60 y el 70. Por supuesto, la experiencia de Thatcher era más compleja y, en todo caso, su objeto era privatizar –total o parcialmente- servicios públicos y algunos sectores de producción.
Otro aspecto inquietante es que una consultora privada, International Financial Services, sea estandarte de los PPP. Su presidente ejecutivo, Stephen Harris, promovía el modelo en Lima. La gama de aplicaciones está lejos de ser neutra: obras viales y ferroviales, escuelas, hospitales, universidades, cárceles, tribunales, agua potable, obras sanitarias, energía, telecomunicaciones, transporte público, etc.
Obviamente, algunas de esas áreas son responsabilidad indelegable del estado y no pueden “privatizarse” en forma lisa y llana. Al parecer, quienes le hacen el marketing al esquema PPP piensan en las obras en sí y su gestión tecnoeconómica.
Según explicaba Harris, “el contratista privado se hace cargo de la construcción, la operación, el mantenimiento, el financiamiento y la prestación del servicio, por lo común a entre 25 y 30 años. A cambio, el estado le abona un canon periódico, sujeto al cumplimiento del contrato. Al final, los activos –que suelen mantenerse como propiedad pública- pasan a ser manejados por el gobierno”.
Tanto el ejecutivo como varios técnicos creen que el sistema PPP “puede imbuir en el sector público buenas prácticas de management”. Esta teoría es algo anacrónica, vistos casos como Enron, Parmalat y, particularmente, un contratista privilegiado del Pentágono: Halliburton.
El tema PPP llega a la Argentina porque el gobierno actual quiere aplicarlo a inversiones infraestructurales. Pero el modelo ya ha provocado adhesiones y rechazos en los setenta y pico de países que lo han puesto en práctica. Históricamente, la versión actual nace en la ola de privatizaciones británica, en tiempos de Margaret Thatcher (años 80).
A diferencia de su mala copia argentina, bajo Domingo F.Cavallo, José R.Dromi, Rodolfo Barra y María J.Alsogaray (años 90), esa gestión hizo las cosas muy bien, tomándose todo el tiempo necesario. Hoy, los apóstoles de los PPP están en entes multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial), cuya alta burocracia tiene a “comprar” recetas en boga. No siempre con buenos resultados.
Los promotores del modelo sostiene que no vuelve al “estatismo” previo a los 80 ni al privatismo de los 90, sino que conjuga sus ventajas sin sus inconvenientes. “Demasiado bueno para ser cierto”, decían algunos participantes de la reunión organizada en Lima, hace poco, por el BID. Pero al presidente Néstor Kirchner, al ministro Roberto Lavagna y sus equipos les gusta el esquema.
Los especialistas partidarios del modelo PPP subrayan su eficiencia en costos y su capacidad de generar nuevas áreas de negocios. En cuanto a los críticos, señalan que se pierden empleos en el sector público –por efectos de una tercerización laboral indirecta-, el estado declina responsabilidades y se condicionan recursos a proyectos que pueden llevar hasta tres decenios, cuyos beneficiarios acaban siendo grupos transnacionales.
Más o menos, las virtudes y los defectos típicos de muchos emprendimientos mixtos en las décadas del 50, el 60 y el 70. Por supuesto, la experiencia de Thatcher era más compleja y, en todo caso, su objeto era privatizar –total o parcialmente- servicios públicos y algunos sectores de producción.
Otro aspecto inquietante es que una consultora privada, International Financial Services, sea estandarte de los PPP. Su presidente ejecutivo, Stephen Harris, promovía el modelo en Lima. La gama de aplicaciones está lejos de ser neutra: obras viales y ferroviales, escuelas, hospitales, universidades, cárceles, tribunales, agua potable, obras sanitarias, energía, telecomunicaciones, transporte público, etc.
Obviamente, algunas de esas áreas son responsabilidad indelegable del estado y no pueden “privatizarse” en forma lisa y llana. Al parecer, quienes le hacen el marketing al esquema PPP piensan en las obras en sí y su gestión tecnoeconómica.
Según explicaba Harris, “el contratista privado se hace cargo de la construcción, la operación, el mantenimiento, el financiamiento y la prestación del servicio, por lo común a entre 25 y 30 años. A cambio, el estado le abona un canon periódico, sujeto al cumplimiento del contrato. Al final, los activos –que suelen mantenerse como propiedad pública- pasan a ser manejados por el gobierno”.
Tanto el ejecutivo como varios técnicos creen que el sistema PPP “puede imbuir en el sector público buenas prácticas de management”. Esta teoría es algo anacrónica, vistos casos como Enron, Parmalat y, particularmente, un contratista privilegiado del Pentágono: Halliburton.
