Indigna la inmunidad de Berlusconi
La aprobación del Parlamento italiano de la inmunidad del primer ministro desató una ola de indignación en la oposición de centroizquierda y entre los fiscales que lo acusan de corrupción.
A falta de la firma del Presidente de la República, la normativa que suspende los procesos judiciales a los cinco principales altos cargos del Estado ha puesto un punto y aparte en el juicio que se le sigue a Silvio Berlusconi en Milán por presunta “compra” de jueces.
La paralización de este proceso mientras dure su actual mandato aleja la posibilidad de una condena del jefe del Ejecutivo italiano cuando se dispone a asumir la presidencia de turno de la Unión Europea (UE).
Sus rivales políticos de El Olivo, que ayer desertaron del hemiciclo de la Cámara de Diputados para no participar en la votación del polémico texto, insistieron hoy en lo que consideran “un hecho de una gravedad sin precedentes”.
Luciano Violante, portavoz parlamentario de los Demócratas de Izquierda, el principal partido de la oposición, dijo que esta ley “es el monstruo más monstruoso que la mayoría ha sido capaz de concebir”.
Tras recordar los precedentes de la ley que despenaliza la falsedad en balance y la que permite recusar a un tribunal ante la sospecha de parcialidad, Violante remarcó que es “una derrota sin paliativos de la Justicia y un agravio para las víctimas”.
Este dirigente de El Olivo, que fue en la anterior legislatura presidente de la Cámara de Diputados, incidió también en la posible inconstitucionalidad de la iniciativa, que se ha tramitado por la vía urgente pese a tratarse de una enmienda a un artículo de la Carta Magna.
En concreto, la ley actualiza el artículo 68 de la Constitución, modificado en 1993 para cancelar la inmunidad de los parlamentarios, en plena cruzada judicial anticorrupción de Manos Limpias en los tiempos de Tangentopoli, la ciudad de las comisiones ilegales.
El texto señala que no pueden ser sometidos a procesos penales durante su mandato el Presidente de la República, el del Gobierno, los de las dos Cámaras del Parlamento y el del Tribunal Constitucional.
“Desde su entrada en vigor -precisa- se suspenden los procesos en curso en cualquier fase, estado o grado, por cualquier delito, incluidos aquellos hechos previos a la asunción del cargo o de la función, hasta el cese en los mismos”.
La presunta inconstitucionalidad de la enmienda la defienden también los fiscales que acusan a Berlusconi en el proceso de Milán por presunto soborno de jueces para bloquear la venta de la sociedad alimentaria pública SME al empresario rival Carlo De Benedetti.
La Fiscalía Milanesa, a la que el líder conservador ataca sin tregua y le acusa de ensañamiento político, ha decidido plantear ante el Tribunal Constitucional la eventual “ilegitimidad” de la ley que suspende los procesos penales de los altos cargos.
Con el mismo fin, el Partido de los Comunistas Italianos, los Verdes y el ex fiscal anticorrupción Antonio Di Pietro ya han anunciado que promoverán un referéndum para derogarla.
El juicio en el que actualmente está implicado Berlusconi sigue adelante para el resto de imputados y en breve quedará visto para sentencia, después de que el ministerio público haya presentado ya sus conclusiones y solicitado las penas.
Para el ex abogado del primer ministro Cesare Previti se piden 11 años de prisión por hacer de intermediario entre Berlusconi y los jueces presuntamente corruptos.
Previti, que ahora es parlamentario de Forza Italia, ya fue condenado recientemente a 11 años por un caso similar, del que fue exonerado el líder conservador por prescripción del delito.
Fuente: EFE
A falta de la firma del Presidente de la República, la normativa que suspende los procesos judiciales a los cinco principales altos cargos del Estado ha puesto un punto y aparte en el juicio que se le sigue a Silvio Berlusconi en Milán por presunta “compra” de jueces.
La paralización de este proceso mientras dure su actual mandato aleja la posibilidad de una condena del jefe del Ejecutivo italiano cuando se dispone a asumir la presidencia de turno de la Unión Europea (UE).
Sus rivales políticos de El Olivo, que ayer desertaron del hemiciclo de la Cámara de Diputados para no participar en la votación del polémico texto, insistieron hoy en lo que consideran “un hecho de una gravedad sin precedentes”.
Luciano Violante, portavoz parlamentario de los Demócratas de Izquierda, el principal partido de la oposición, dijo que esta ley “es el monstruo más monstruoso que la mayoría ha sido capaz de concebir”.
Tras recordar los precedentes de la ley que despenaliza la falsedad en balance y la que permite recusar a un tribunal ante la sospecha de parcialidad, Violante remarcó que es “una derrota sin paliativos de la Justicia y un agravio para las víctimas”.
Este dirigente de El Olivo, que fue en la anterior legislatura presidente de la Cámara de Diputados, incidió también en la posible inconstitucionalidad de la iniciativa, que se ha tramitado por la vía urgente pese a tratarse de una enmienda a un artículo de la Carta Magna.
En concreto, la ley actualiza el artículo 68 de la Constitución, modificado en 1993 para cancelar la inmunidad de los parlamentarios, en plena cruzada judicial anticorrupción de Manos Limpias en los tiempos de Tangentopoli, la ciudad de las comisiones ilegales.
El texto señala que no pueden ser sometidos a procesos penales durante su mandato el Presidente de la República, el del Gobierno, los de las dos Cámaras del Parlamento y el del Tribunal Constitucional.
“Desde su entrada en vigor -precisa- se suspenden los procesos en curso en cualquier fase, estado o grado, por cualquier delito, incluidos aquellos hechos previos a la asunción del cargo o de la función, hasta el cese en los mismos”.
La presunta inconstitucionalidad de la enmienda la defienden también los fiscales que acusan a Berlusconi en el proceso de Milán por presunto soborno de jueces para bloquear la venta de la sociedad alimentaria pública SME al empresario rival Carlo De Benedetti.
La Fiscalía Milanesa, a la que el líder conservador ataca sin tregua y le acusa de ensañamiento político, ha decidido plantear ante el Tribunal Constitucional la eventual “ilegitimidad” de la ley que suspende los procesos penales de los altos cargos.
Con el mismo fin, el Partido de los Comunistas Italianos, los Verdes y el ex fiscal anticorrupción Antonio Di Pietro ya han anunciado que promoverán un referéndum para derogarla.
El juicio en el que actualmente está implicado Berlusconi sigue adelante para el resto de imputados y en breve quedará visto para sentencia, después de que el ministerio público haya presentado ya sus conclusiones y solicitado las penas.
Para el ex abogado del primer ministro Cesare Previti se piden 11 años de prisión por hacer de intermediario entre Berlusconi y los jueces presuntamente corruptos.
Previti, que ahora es parlamentario de Forza Italia, ya fue condenado recientemente a 11 años por un caso similar, del que fue exonerado el líder conservador por prescripción del delito.
Fuente: EFE
