Griesa dejó caer la suspensión de embargos a activos argentinos
Contra lo que Buenos Aires daba por seguro, Thomas Griesa juez neoyorquino a cargo de demandas presentadas por presuntos acreedores- dejó expirar la suspensión de potenciales embargos sobre activos argentinos.
Desde el lunes, pues, los querellantes que han radicado demandas (para cobrar capital e intereses sobre bonos afectados por el cese de pagos declarado a fines de 2001) pueden solicitar embargos preventivos sobre bienes argentinos en Estados Unidos. La prensa conservadora sostiene que también podrían embargar activos en Argentina y el resto del mundo.
Contra lo que suelen afirmar medios afines al negocio financiero, los fondos depositados en el Banco de Ajustes Internacionales (BAI, Basilea) son inembargables. No obstante, los abogados demandantes en Nueva York quieren redefinir la validez de los presuntos embargos: desde la declaración de cese de pagos, al transferir el dinero a Basilea o meses después.
No sin ironía, allegados a Charles Dallara –gestor de la “agencia” que representa acreedores privados- subrayan que parte de la culpa la tiene el “gobierno provisional” de 2002. Dado que el cese unilateral de pagos fue declarado por el efímero Adolfo Rodríguez Saá, nada le impedía a Eduardo Duhalde anularlo y entablarle juicio de residencia a su autor. Tampoco lo hace todavía el gobierno sucesor.
La actitud de Griesa sólo sorprendió a algunos altos funcionarios argentinos, ninguno del equipo económico. El magistrado ya había dicho que le daría más plazo a Buenos Aires en caso de “novedades extraordinarias” en las negociaciones.
Por su parte, el gobierno de Néstor Kirchner elevó este fin de semana un escrito al juez, donde explica que las demoras en someter una propuesta formal a los acreedores deriva de cuestiones ajenas a Buenos Aires. Especialmente, el atraso del Fondo Monetario Internacional en aprobar la primera revisión de metas pactadas.
Naturalmente, es posible que los abogados demandantes supiesen de antemano qué conducta adoptaría el FMI. Probablemente, también estuvieran anoticiados de lo que iban a hacer varias bancas grandes, que se retiraron de negociaciones con vistas a reprogramar vencimientos. Es simple: son las mismas que colocaron bonos argentinos en 1991-2000 sabiendo que eran potencialmente chatarra y, hoy, fogonean el “lobbly” que gestiona las demandas acreedoras.
Desde el lunes, pues, los querellantes que han radicado demandas (para cobrar capital e intereses sobre bonos afectados por el cese de pagos declarado a fines de 2001) pueden solicitar embargos preventivos sobre bienes argentinos en Estados Unidos. La prensa conservadora sostiene que también podrían embargar activos en Argentina y el resto del mundo.
Contra lo que suelen afirmar medios afines al negocio financiero, los fondos depositados en el Banco de Ajustes Internacionales (BAI, Basilea) son inembargables. No obstante, los abogados demandantes en Nueva York quieren redefinir la validez de los presuntos embargos: desde la declaración de cese de pagos, al transferir el dinero a Basilea o meses después.
No sin ironía, allegados a Charles Dallara –gestor de la “agencia” que representa acreedores privados- subrayan que parte de la culpa la tiene el “gobierno provisional” de 2002. Dado que el cese unilateral de pagos fue declarado por el efímero Adolfo Rodríguez Saá, nada le impedía a Eduardo Duhalde anularlo y entablarle juicio de residencia a su autor. Tampoco lo hace todavía el gobierno sucesor.
La actitud de Griesa sólo sorprendió a algunos altos funcionarios argentinos, ninguno del equipo económico. El magistrado ya había dicho que le daría más plazo a Buenos Aires en caso de “novedades extraordinarias” en las negociaciones.
Por su parte, el gobierno de Néstor Kirchner elevó este fin de semana un escrito al juez, donde explica que las demoras en someter una propuesta formal a los acreedores deriva de cuestiones ajenas a Buenos Aires. Especialmente, el atraso del Fondo Monetario Internacional en aprobar la primera revisión de metas pactadas.
Naturalmente, es posible que los abogados demandantes supiesen de antemano qué conducta adoptaría el FMI. Probablemente, también estuvieran anoticiados de lo que iban a hacer varias bancas grandes, que se retiraron de negociaciones con vistas a reprogramar vencimientos. Es simple: son las mismas que colocaron bonos argentinos en 1991-2000 sabiendo que eran potencialmente chatarra y, hoy, fogonean el “lobbly” que gestiona las demandas acreedoras.
