Gabinete analizó diálogo social

En la reunión de ministros presidida por Chacho Alvarez se trató también la situación de empresas privatizadas. Machinea y López Murphy, contra la idea de un impuesto extraordinario.

El gabinete, presidido por Carlos Alvarez, trató el llamado al diálogo social y el impuesto a empresas privatizadas, entre otros temas. El debate fue originado por la propuesta de la quincena de diputados disidentes de la Alianza que reclaman reemplazar la rebaja de sueldos con un impuesto extraordinario a las empresas privatizadas. Propuesta similar esgrime el denominado Grupo Productivo (UIA, sector agrario y de la construcción).

En la reunión se oyeron diversas opiniones:
1. José Luis Machinea se opuso a la propuesta, alegando que las empresas lo trasladarán de inmediato a las tarifas y agregó que ,para asegurar las inversiones y aumentar la demanda de empleo, es necesario que en el país se perciba seguridad jurídica y se asegure la rentabilidad.

2. Ricardo López Murphy coincidió con Machinea y recalcó que el cambio de las reglas de juego sólo serviría para ahuyentar a los inversores internacionales.

3. El vicepresidente Alvarez y el diputado Darío Alessandro coincidieron en respaldar las medidas contra el déficit fiscal, pero solicitaron una política social contenedora y medidas destinadas a activar la economía agropecuaria y de las actividades industriales.

El gabinete consideró, en general, que las inversiones anunciadas en telefonía, petróleo y obras públicas constituirán el impulso que necesita la economía argentina para retomar su ritmo de crecimiento.

Al tratarse el tema del diálogo, supeditado a las decisiones presidenciales, el jefe del Gabinete –Rodolfo Terragno– y el presidente de la Cámara de Diputados –Rafael Pascual– analizaron la sanción del Senado que rechazó la rebaja de sueldos en el sector público y estimaron que es una maniobra destinada a robustecer la posición del justicialismo en el debate que se abre sobre la política social.

La oposición del Senado parece reclamar el derecho a formar parte del núcleo de interlocutores válidos del oficialismo del que forman parte, ya, los gobernadores de provincia, varios de los cuales surgen como eventuales adversarios de Carlos Saúl Menem en la candidatura presidencial en 2003.

El gabinete, presidido por Carlos Alvarez, trató el llamado al diálogo social y el impuesto a empresas privatizadas, entre otros temas. El debate fue originado por la propuesta de la quincena de diputados disidentes de la Alianza que reclaman reemplazar la rebaja de sueldos con un impuesto extraordinario a las empresas privatizadas. Propuesta similar esgrime el denominado Grupo Productivo (UIA, sector agrario y de la construcción).

En la reunión se oyeron diversas opiniones:
1. José Luis Machinea se opuso a la propuesta, alegando que las empresas lo trasladarán de inmediato a las tarifas y agregó que ,para asegurar las inversiones y aumentar la demanda de empleo, es necesario que en el país se perciba seguridad jurídica y se asegure la rentabilidad.

2. Ricardo López Murphy coincidió con Machinea y recalcó que el cambio de las reglas de juego sólo serviría para ahuyentar a los inversores internacionales.

3. El vicepresidente Alvarez y el diputado Darío Alessandro coincidieron en respaldar las medidas contra el déficit fiscal, pero solicitaron una política social contenedora y medidas destinadas a activar la economía agropecuaria y de las actividades industriales.

El gabinete consideró, en general, que las inversiones anunciadas en telefonía, petróleo y obras públicas constituirán el impulso que necesita la economía argentina para retomar su ritmo de crecimiento.

Al tratarse el tema del diálogo, supeditado a las decisiones presidenciales, el jefe del Gabinete –Rodolfo Terragno– y el presidente de la Cámara de Diputados –Rafael Pascual– analizaron la sanción del Senado que rechazó la rebaja de sueldos en el sector público y estimaron que es una maniobra destinada a robustecer la posición del justicialismo en el debate que se abre sobre la política social.

La oposición del Senado parece reclamar el derecho a formar parte del núcleo de interlocutores válidos del oficialismo del que forman parte, ya, los gobernadores de provincia, varios de los cuales surgen como eventuales adversarios de Carlos Saúl Menem en la candidatura presidencial en 2003.

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