Frenando un intento de Bush, senadores reforman la justicia militar
El miércoles, la Casa Blanca hizo pasar por un comité una medida que extendía los alcances de un tribunal secreto y cubría al gobierno. El jueves, otra comisión ampliaba el amparo a personas juzgadas por los militares.
El veloz desaire sufrido por George W.Bush, el vicepresidente Richard Cheney y el secretario de defensa, Donald Rumsfeld, fue a manos de un voto bipartidario. El intento previo sólo contaba con el oficialismo. El comité de justicia resolvió otorgar mayores garantías a presuntos terroristas que las admitidas por el gobierno.
Cuatro de los trece republicanos se sumaron a los once demócratas y pasaron medidas que le impiden al poder ejecutivo prohibir a los acusados acceso a pruebas que los fiscales pudieran querer usar en juicio. La reforma amagada el miércoles, por el contrario, ampliaba facultades de un tribunal secreto creado en 1978 para casos de inteligencia en el exterior.
El general (r) Colin Powell, ex secretario de Estado bajo Bush mismo, apoyó la decisión bipartidaria. De paso, advirtió que los abusos judiciales del gobierno “ponen en riesgo la seguridad de nuestras tropas y nos descolocan ante la opinión pública mundial, ya irritada por torturas y abusos en Abú Ghreib o prisiones ilegales de la CIA fuera de Estados Unidos”. Algunos observadores sospechan que Powell decía en voz alta lo que piensa su sucesora, Condoleezza Rice.
El panel actuó a horas de una apresurada e inusual visita de Bush al Capitolio, para cabildear en favor de los tribunales secretos y el espionaje interno sobre ciudadanos comunes, resuelto por el comité de fuerzas armadas. Apelando a un libreto que ha perdido crédito hasta en Wall Street, el presidente reiteró que “nuestra misión más relevante es defender la seguridad interior”. Pero, hasta ahora, los métodos del gobierno han servido de poco y el propio Bush admite que “no hay suficiente seguridad”.
Obviamente, la Casa Blanca comienza a encontrar creciente resistencia en el senado, a medida como se acercan las elecciones parlamentaria de noviembre. Por otra parte, según recientes sondeos, más de 50% de los consultados se opone a las políticas exterior y de seguridad aplicadas por la administración.
“No vamos a ganar guerra alguna cazando un terrorista tras otro”, sostuvo Lindsey Graham (republicano por Carolina sur). “Lo que precisamos es persuadir a los pueblos de Levante para que rechacen el terrorismo”. La legislación que aprobó el comité de justicia se necesita para reabrir los tribunales de guerra que Bush había establecido en Guantánamo. La Suprema Corte los declaró inválidos en junio, señalando que a los detenidos los ampara la convención de Ginebra (1949). De paso, cabe recalcar que el régimen de los hermanos Castro y sus corifeos latinoamericanos nunca mencionan el tema.
El veloz desaire sufrido por George W.Bush, el vicepresidente Richard Cheney y el secretario de defensa, Donald Rumsfeld, fue a manos de un voto bipartidario. El intento previo sólo contaba con el oficialismo. El comité de justicia resolvió otorgar mayores garantías a presuntos terroristas que las admitidas por el gobierno.
Cuatro de los trece republicanos se sumaron a los once demócratas y pasaron medidas que le impiden al poder ejecutivo prohibir a los acusados acceso a pruebas que los fiscales pudieran querer usar en juicio. La reforma amagada el miércoles, por el contrario, ampliaba facultades de un tribunal secreto creado en 1978 para casos de inteligencia en el exterior.
El general (r) Colin Powell, ex secretario de Estado bajo Bush mismo, apoyó la decisión bipartidaria. De paso, advirtió que los abusos judiciales del gobierno “ponen en riesgo la seguridad de nuestras tropas y nos descolocan ante la opinión pública mundial, ya irritada por torturas y abusos en Abú Ghreib o prisiones ilegales de la CIA fuera de Estados Unidos”. Algunos observadores sospechan que Powell decía en voz alta lo que piensa su sucesora, Condoleezza Rice.
El panel actuó a horas de una apresurada e inusual visita de Bush al Capitolio, para cabildear en favor de los tribunales secretos y el espionaje interno sobre ciudadanos comunes, resuelto por el comité de fuerzas armadas. Apelando a un libreto que ha perdido crédito hasta en Wall Street, el presidente reiteró que “nuestra misión más relevante es defender la seguridad interior”. Pero, hasta ahora, los métodos del gobierno han servido de poco y el propio Bush admite que “no hay suficiente seguridad”.
Obviamente, la Casa Blanca comienza a encontrar creciente resistencia en el senado, a medida como se acercan las elecciones parlamentaria de noviembre. Por otra parte, según recientes sondeos, más de 50% de los consultados se opone a las políticas exterior y de seguridad aplicadas por la administración.
“No vamos a ganar guerra alguna cazando un terrorista tras otro”, sostuvo Lindsey Graham (republicano por Carolina sur). “Lo que precisamos es persuadir a los pueblos de Levante para que rechacen el terrorismo”. La legislación que aprobó el comité de justicia se necesita para reabrir los tribunales de guerra que Bush había establecido en Guantánamo. La Suprema Corte los declaró inválidos en junio, señalando que a los detenidos los ampara la convención de Ginebra (1949). De paso, cabe recalcar que el régimen de los hermanos Castro y sus corifeos latinoamericanos nunca mencionan el tema.
