Ayer (miércoles 8) fracasó la sesión de la Cámara alta en la que iba a tratarse el proyecto de ley de rebaja de impuestos (conocido como paquete económico).
El PJ se negó a tratar el proyecto porque la Alianza no quiso acompañarlo en una iniciativa polémica: rechazar el envío a la Justicia de las declaraciones juradas de todos los legisladores en una causa por enriquecimiento ilícito.
El fiscal que investiga la evolución patrimonial de los senadores en relación a los supuestos hechos de corrupción recientemente conocidos, solicitó información sobre los bienes de los integrantes del cuerpo desde 1992, así como también los números de las cuentas bancarias y de sus tarjetas de crédito.
Aferrándose a una cuestión de procedimiento formal, la bancada peronista argumentó que la solicitud del fiscal era improcedente y elaboró un proyecto de resolución que el radicalismo se negó a votar.
El cuestionamiento del PJ se basa en dos ejes: desconocer las facultades del fiscal para solicitar esta información al secretario administrativo del Senado, José Canata, y considerar que el envío de esta información debe ser aprobado por el cuerpo.
El bloque radical interpretó la maniobra del PJ como un intento de extorsión y así facilitar la aprobación de las leyes económicas que le urgen al Gobierno.
Pese a las quejas y advertencias del peronismo, los radicales estaban dispuestos ,anoche, a cumplir con el requerimiento de Starc.
Ayer (miércoles 8) fracasó la sesión de la Cámara alta en la que iba a tratarse el proyecto de ley de rebaja de impuestos (conocido como paquete económico).
El PJ se negó a tratar el proyecto porque la Alianza no quiso acompañarlo en una iniciativa polémica: rechazar el envío a la Justicia de las declaraciones juradas de todos los legisladores en una causa por enriquecimiento ilícito.
El fiscal que investiga la evolución patrimonial de los senadores en relación a los supuestos hechos de corrupción recientemente conocidos, solicitó información sobre los bienes de los integrantes del cuerpo desde 1992, así como también los números de las cuentas bancarias y de sus tarjetas de crédito.
Aferrándose a una cuestión de procedimiento formal, la bancada peronista argumentó que la solicitud del fiscal era improcedente y elaboró un proyecto de resolución que el radicalismo se negó a votar.
El cuestionamiento del PJ se basa en dos ejes: desconocer las facultades del fiscal para solicitar esta información al secretario administrativo del Senado, José Canata, y considerar que el envío de esta información debe ser aprobado por el cuerpo.
El bloque radical interpretó la maniobra del PJ como un intento de extorsión y así facilitar la aprobación de las leyes económicas que le urgen al Gobierno.
Pese a las quejas y advertencias del peronismo, los radicales estaban dispuestos ,anoche, a cumplir con el requerimiento de Starc.
