Flexibilización económica soterrada en Venezuela
El presidente Nicolás Maduro, anunció que profundizará la apuesta al modelo económico instaurado por Hugo Chávez, basándolo en un plan de pacificación social, pero incorporó concesiones al empresariado.
Además de abordar sin demasiadas precisiones el tema de la inseguridad, el capítulo económico del mensaje de Maduro fue el que atrajo el mayor interés de los venezolanos: topes a los márgenes de ganancia del comercio, fiscalización de precios, confiscación y remate de mercaderías, flexibilización en el manejo de divisas por parte de los privados y apertura de un mercado de cambios para liquidar importaciones que lleva una devaluación implícita.
En una reseña realizada en la edición de El País para América, se destaca que se esperaba el anuncio de una devaluación para desbloquear el uso de las tarjetas de crédito, que finalmente no llegó. O lo hizo de forma encubierta, de acuerdo con el parecer de algunos economistas que comentaban la intervención de Maduro a través de las redes sociales.
La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) ha sido eliminada. Todo el trabajo de asignar dólares subvencionados por el Estado será asumido por el Centro Nacional de Comercio Exterior, que será presidido por Alejandro Fleming. El dólar oficial, de 6.30 bolívares por dólar, será mantenido al menos por este año.
El gobierno piensa fortalecer el Sicad, un segundo mecanismo creado en 2013 para asignar dólares, a través del cual se convocan a subastas semanales a sectores específicos de la economía por un monto que generalmente ronda los 100 millones de dólares. La tasa de cambio en esa modalidad es casi el doble de la oficial, 11.30 Bs por dólar.
Los analistas consideran que al fortalecer el Sicad el gobierno ha hecho una devaluación implícita porque liquidará la mayoría de las importaciones a esta última tasa.
Maduro anunció además la fusión de los ministerios de la Banca Pública y de Economía. El gran damnificado es el pragmático ministro de Finanzas Nelson Merentes, quien volverá a presidir el Banco Central de Venezuela.
En los primeros meses del nuevo gobierno, Merentes fue partidario de flexibilizar el control cambiario, convocó al diálogo al empresariado y prometió que serían atendidas sus solicitudes de divisas preferenciales. Parecía ganarle la mano a uno de los ideólogos de la política económica chavista, el titular de Planificación Jorge Giordani.
Al final la influencia de Giordani en el gabinete ha podido más. Proseguirán las importaciones para el Estado a la tasa de 6.30 Bolívares por dólar, habrá un control férreo de las importaciones del sector privado y una mayor impresión de dinero sin respaldo. Maduro pareció reivindicarlo al mencionarlo en dos pasajes de su discurso y al citar sus trabajos académicos. Giordani sonreía. “Se equivocaron los enemigos del gigante [uno de los tantos eufemismos usados para llamar a Chávez]. La revolución bolivariana no desapareció con su muerte”, agregó.
Si bien la mención a Chávez fue casi una constante, Maduro no perdió la ocasión para mandar otros mensajes que revelan las contradicciones al interior del movimiento que lidera.
En un inciso criticó a la ultraizquierda que hace vida dentro del proyecto bolivariano, que considera que el Presidente ha adoptado una corriente restauradora, lejana del socialismo ideado por Chávez.
“Los dogmas solo han servido para infringir derrotas al movimiento popular”, dijo el gobernante en respuesta a esos señalamientos. Pareció una clara alusión al colectivo Grano de Maíz que ha denunciado la falsificación del “Plan de la Patria”, el último plan de gobierno redactado por el comandante presidente antes de ganar las elecciones de 2012.
Tal vez estas críticas internas demuestren las amplias interpretaciones que tiene el legado del líder.
Por un lado Maduro anuncia que no entregará más dólares a empresas fantasmas; por el otro también está consciente de que es imposible ser tan riguroso y que algún que otro importador terminará recibiendo divisas subsidiadas para luego revenderlas en el mercado negro.
La ofensiva económica –la fiscalización y eventual confiscación de mercancías para rematarlas a precios fijados por el Gobierno– continuará en los próximos meses.
El comercio deberá ajustar los márgenes de ganancias. Para ello podrá echar mano de una Ley de Precios Justos, que aprobará con los poderes legislativos recibidos del Parlamento, y que establecerá un tope de 30% en las ganancias; de una superintendencia de precios justos y de los fiscales que contratará el Estado para vigilar hasta el último palmo del país.
“Tengan la seguridad de que los fiscalizaremos a todos tarde o temprano”, vaticinó el Presidente.
