Fayt consideró que en última instancia, será la Corte Suprema
la que decida si las dos leyes son o no constitucionales, y
aseguró que sobre ese punto, el alto Tribunal “va a hacer lo que
corresponda hacer”.
El magistrado se negó a opinar sobre
la decisión del Senado, al advertir: “si yo abro juicio, prejuzgo
y me hacen un juicio político nuevamente”.
“Ninguna opinión se hace ahora, se juzgará en su momento”,
explicó el presidente de la Corte, quien dijo de todos modos que
no le teme al juicio político porque, según señaló, “esa es la
manera que nosotros tenemos de rendir cuentas”.
Fayt enfatizó además que “la Corte no es presionada por nada ni
por nadie”, y sostuvo que “sería triste para el país que tuviera
presiones”.
Además, el magistrado ratificó que hoy está previsto el
tratamiento en la Corte de un planteo del ex dictador Jorge Videla
y que “hay muchas posibilidades de que salga la sentencia” acerca
de si es “cosa juzgada” o no una causa por robo de bebés.
La Cámara Alta convirtió esta madrugada en ley por amplia
mayoría el proyecto que declara nulas las leyes de Obeciencia
Debida y Punto Final y ratificó por “unanimidad” la Convención
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa
humanidad.
El proyecto que anula las leyes del perdón fue votado por la
gran mayoría del bloque justicialista y fue aprobado por 43 votos
a favor, siete en contra y una abstención de la justicialista
Sonia Escudero (Salta).
La nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
permitiría que los ex represores que violaron los derechos humanos
durante la última dictadura militar sean juzgados en el país.
El juez español Baltasar Garzón reclama la extradición de un
grupo de ex militares para juzgarlos en ese país por crímenes de
“lesa humanidad”.
En tanto, la mayoría de los constitucionalistas considera que
debe ser la Corte la que defina finalmente si son válidas o no las
leyes aprobadas durante la gestión del ex presidente Raúl
Alfonsín, en 1986 y 1987.
La Corte tiene actualmente en su poder una causa en la que debe
detemrinar si las leyes son válidas, luego de que ambas fueran
declaradas inconstitucionales por varios tribunales inferiores.
Fayt consideró que en última instancia, será la Corte Suprema
la que decida si las dos leyes son o no constitucionales, y
aseguró que sobre ese punto, el alto Tribunal “va a hacer lo que
corresponda hacer”.
El magistrado se negó a opinar sobre
la decisión del Senado, al advertir: “si yo abro juicio, prejuzgo
y me hacen un juicio político nuevamente”.
“Ninguna opinión se hace ahora, se juzgará en su momento”,
explicó el presidente de la Corte, quien dijo de todos modos que
no le teme al juicio político porque, según señaló, “esa es la
manera que nosotros tenemos de rendir cuentas”.
Fayt enfatizó además que “la Corte no es presionada por nada ni
por nadie”, y sostuvo que “sería triste para el país que tuviera
presiones”.
Además, el magistrado ratificó que hoy está previsto el
tratamiento en la Corte de un planteo del ex dictador Jorge Videla
y que “hay muchas posibilidades de que salga la sentencia” acerca
de si es “cosa juzgada” o no una causa por robo de bebés.
La Cámara Alta convirtió esta madrugada en ley por amplia
mayoría el proyecto que declara nulas las leyes de Obeciencia
Debida y Punto Final y ratificó por “unanimidad” la Convención
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa
humanidad.
El proyecto que anula las leyes del perdón fue votado por la
gran mayoría del bloque justicialista y fue aprobado por 43 votos
a favor, siete en contra y una abstención de la justicialista
Sonia Escudero (Salta).
La nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
permitiría que los ex represores que violaron los derechos humanos
durante la última dictadura militar sean juzgados en el país.
El juez español Baltasar Garzón reclama la extradición de un
grupo de ex militares para juzgarlos en ese país por crímenes de
“lesa humanidad”.
En tanto, la mayoría de los constitucionalistas considera que
debe ser la Corte la que defina finalmente si son válidas o no las
leyes aprobadas durante la gestión del ex presidente Raúl
Alfonsín, en 1986 y 1987.
La Corte tiene actualmente en su poder una causa en la que debe
detemrinar si las leyes son válidas, luego de que ambas fueran
declaradas inconstitucionales por varios tribunales inferiores.
