ExxonMobil: US$ 4.500 millones por daños ecológicos
El tribunal federal de Anchorage, Alaska, elevó a US$ 4.500 millones resarcimientos e indemnizaciones, más punitorios, por un derrame de crudos. Lo ocasionó el buque tanque Exxon Valdez el 24 de marzo de 1989.
El veredicto es en abierto desafío a una corte de apelaciones que había exigido reconsiderar las sanciones impuestas en primara instancia. El tribunal de alzada, en efecto, calificó de “excesiva” la suma de US$ 4.000 millones. Irónicamente, ésta resultaba de una rebaja en el monto inicial, 5.000 millones, dictado por el juez Russell Holland.
Con punitorios, costas e intereses, ahora la mayor petrolera mundial afronta un monto no distante de esos US$ 5.000 millones. Irritada, la empresa anunció otra apelación. Se basará en precedentes favorables a la industria, sentados por el tribunal federal del circuito IX y jurisprudencia de la propia Corte Suprema.
El desastre de hace casi quince años sigue siendo el máximo de su tipo y afectó lo que Agencia de Protección Ambiental define como “una de las áreas naturales más prístinas y maravillosas del país”. Pese a las dos “correcciones” dispuestas en segunda instancia y esta refirmación de las sanciones iniciales, aunque el asunto termine en la Suprema Corte –señalan juristas independientes-, ExxonMobil acabará no mucho menos de aquellos US$ 5.000 millones. En parte, por la acumulación de intereses y costas.
Media, sin embargo, un factor atenuante: el máximo tribunal norteamericano dictaminó, hace algunos años, que “la relación entre punitorios e indemnizaciones por daños y perjuicios no debe pasar de 9,99%”. Pero no definió pisos, por lo cual ExxonMobil insiste en una relación uno a uno.
En un plano concomitante, al principio el tribunal local fijó los daños a 11.000 pescadores en apenas US$ 287 millones y tuvo en cuenta 262 millones abonados voluntariamente; ergo quedarían solo 25 millones pendientes. Paralelamente, la compañía sostiene haber gastado ya US$ 3.500 millones en limpieza, purificación y rehabilitación del entono en tierra y agua, según lo dictado por el juez Holland.
En definitiva, ExxonMobil ya ha abonado US$ 3.762 millones y la eventual diferencia (738 millones, descontando punitorios y aquellos 25 millones pendientes a los pescadores) no es tanto. La clave quizá resida en no sentar precedentes que, de ocurrir nuevos derrames, dejen de lado la jurisprudencia “favorable” originada en el IX circuito y la tercera instancia.
El veredicto es en abierto desafío a una corte de apelaciones que había exigido reconsiderar las sanciones impuestas en primara instancia. El tribunal de alzada, en efecto, calificó de “excesiva” la suma de US$ 4.000 millones. Irónicamente, ésta resultaba de una rebaja en el monto inicial, 5.000 millones, dictado por el juez Russell Holland.
Con punitorios, costas e intereses, ahora la mayor petrolera mundial afronta un monto no distante de esos US$ 5.000 millones. Irritada, la empresa anunció otra apelación. Se basará en precedentes favorables a la industria, sentados por el tribunal federal del circuito IX y jurisprudencia de la propia Corte Suprema.
El desastre de hace casi quince años sigue siendo el máximo de su tipo y afectó lo que Agencia de Protección Ambiental define como “una de las áreas naturales más prístinas y maravillosas del país”. Pese a las dos “correcciones” dispuestas en segunda instancia y esta refirmación de las sanciones iniciales, aunque el asunto termine en la Suprema Corte –señalan juristas independientes-, ExxonMobil acabará no mucho menos de aquellos US$ 5.000 millones. En parte, por la acumulación de intereses y costas.
Media, sin embargo, un factor atenuante: el máximo tribunal norteamericano dictaminó, hace algunos años, que “la relación entre punitorios e indemnizaciones por daños y perjuicios no debe pasar de 9,99%”. Pero no definió pisos, por lo cual ExxonMobil insiste en una relación uno a uno.
En un plano concomitante, al principio el tribunal local fijó los daños a 11.000 pescadores en apenas US$ 287 millones y tuvo en cuenta 262 millones abonados voluntariamente; ergo quedarían solo 25 millones pendientes. Paralelamente, la compañía sostiene haber gastado ya US$ 3.500 millones en limpieza, purificación y rehabilitación del entono en tierra y agua, según lo dictado por el juez Holland.
En definitiva, ExxonMobil ya ha abonado US$ 3.762 millones y la eventual diferencia (738 millones, descontando punitorios y aquellos 25 millones pendientes a los pescadores) no es tanto. La clave quizá resida en no sentar precedentes que, de ocurrir nuevos derrames, dejen de lado la jurisprudencia “favorable” originada en el IX circuito y la tercera instancia.
