Europa aprobó la liberalización del gas y la electricidad
El Parlamento Europeo (PE) la liberalización de los mercados para los consumidores no domésticos a partir del 1 de julio de 2004 y una apertura total a todo tipo de consumidores antes del 1 de julio de 2007.
De esta forma dio un impulso definitivo a la plena liberalización y creación de un auténtico mercado interior para el gas y la electricidad en la Unión Europea.
Los eurodiputados habían propuesto, en primera lectura, la liberalización para los consumidores no domésticos en 2003 y la apertura total en 2005, aunque ahora han modificado su posición.
La legislación comunitaria vigente dejaba en manos de los Estados miembros muchas decisiones sobre la organización del acceso a las redes y la regulación del sector, lo que en la práctica ha implicado la liberalización del suministro a grandes empresas con ciertas distorsiones a la competencia, pues unos países han permitido una competencia más real que otros.
Con el nuevo texto, la apertura de los mercados será progresiva pero completa para el año 2007.
Desaparece además la posibilidad de acceso negociado a las redes y se obliga a la separación jurídica de los gestores de la red respecto a otras partes de la empresa.
Los Estados miembros deberán establecer una autoridad reguladora con competencias mínimas armonizadas, con el fin de velar por la ausencia de discriminación y por un funcionamiento eficaz del mercado.
El acuerdo incluye igualmente obligaciones de “servicio universal” para clientes residenciales, aunque si el Estado miembro lo considera conveniente pueden extender esa garantía para las empresas “pequeñas”, definidas como aquellas con menos de 50 empleados o una cifra de negocios anual inferior a 10 millones de euros.
El derecho a “servicio universal” implica el “derecho a suministro de electricidad de una calidad determinada a precios razonables”.
El texto final también hace referencia a la información sobre aspectos medioambientales que deben estar en las facturas, en concreto, la participación de cada fuente energética en la generación de electricidad de la empresa.
A partir de ahora sólo resta la aprobación definitiva de la directiva (ley-marco) por parte de un Consejo de Ministros.
La comisaria europea de Transportes y Energía, Loyola de Palacio, dijo hoy en rueda de prensa que estas medidas “van a favorecer sobretodo a las empresas situadas en países que no han hecho todavía la liberalización”.
Preguntada sobre las reticencias de algunos países a estas medidas, la comisaria subrayó que “las empresas de esos Estados serán las primeras en beneficiarse”.
“Desde la Comisión Europea vigilaremos estrictamente la trasposición de las directivas por parte de los Estados, porque no se puede mantener la situación actual de mercados asimétricos”, concluyó De Palacio.
Fuente: EFE
De esta forma dio un impulso definitivo a la plena liberalización y creación de un auténtico mercado interior para el gas y la electricidad en la Unión Europea.
Los eurodiputados habían propuesto, en primera lectura, la liberalización para los consumidores no domésticos en 2003 y la apertura total en 2005, aunque ahora han modificado su posición.
La legislación comunitaria vigente dejaba en manos de los Estados miembros muchas decisiones sobre la organización del acceso a las redes y la regulación del sector, lo que en la práctica ha implicado la liberalización del suministro a grandes empresas con ciertas distorsiones a la competencia, pues unos países han permitido una competencia más real que otros.
Con el nuevo texto, la apertura de los mercados será progresiva pero completa para el año 2007.
Desaparece además la posibilidad de acceso negociado a las redes y se obliga a la separación jurídica de los gestores de la red respecto a otras partes de la empresa.
Los Estados miembros deberán establecer una autoridad reguladora con competencias mínimas armonizadas, con el fin de velar por la ausencia de discriminación y por un funcionamiento eficaz del mercado.
El acuerdo incluye igualmente obligaciones de “servicio universal” para clientes residenciales, aunque si el Estado miembro lo considera conveniente pueden extender esa garantía para las empresas “pequeñas”, definidas como aquellas con menos de 50 empleados o una cifra de negocios anual inferior a 10 millones de euros.
El derecho a “servicio universal” implica el “derecho a suministro de electricidad de una calidad determinada a precios razonables”.
El texto final también hace referencia a la información sobre aspectos medioambientales que deben estar en las facturas, en concreto, la participación de cada fuente energética en la generación de electricidad de la empresa.
A partir de ahora sólo resta la aprobación definitiva de la directiva (ley-marco) por parte de un Consejo de Ministros.
La comisaria europea de Transportes y Energía, Loyola de Palacio, dijo hoy en rueda de prensa que estas medidas “van a favorecer sobretodo a las empresas situadas en países que no han hecho todavía la liberalización”.
Preguntada sobre las reticencias de algunos países a estas medidas, la comisaria subrayó que “las empresas de esos Estados serán las primeras en beneficiarse”.
“Desde la Comisión Europea vigilaremos estrictamente la trasposición de las directivas por parte de los Estados, porque no se puede mantener la situación actual de mercados asimétricos”, concluyó De Palacio.
Fuente: EFE
