Estrategias para anular la suba tarifaria
El defensor del pueblo pedirá un amparo judicial. Asociaciones de consumidores ponen una carpa en Congreso para reunir un millón de firmas en rechazo a la medida. El Gobierno defiende su decisión.
El sorpresivo aumento en el precio del transporte público de pasajeros (ferrocarriles, subterráneos y colectivos) ha generado enojo en vastos sectores de la sociedad y ya comienzan a ejecutarse algunas iniciativas contra la decisión adoptada por el Gobierno.
Desde hoy (martes 5) diferentes asociaciones de consumidores y el defensor del pueblo de la Nación comenzarán el contraataque.
Eduardo Mondino, solicitará a la Justicia una medida cautelar hasta tanto exista una discusión de fondo sobre las causas que justifican, a criterio del Gobierno, el incremento en las tarifas del transporte.
“Sabiendo lo trascendental que es este servicio público para la gente no es posible que se haya anunciado la medida un viernes para ponerla en práctica el domingo. Eso imposibilitó que se previniera a los consumidores, porque a todos nos tomó por sorpresa”, consideró.
Mientras tanto, varios miembros del Gabinete salieron ,ante la prensa, a intentar justificar tal decisión; el responsable del área de Transporte, Jorge Kogan, subrayó que ,en el caso de los trenes, la suba sirve para financiar “un plan de inversiones que debe ejecutarse y que ya está en marcha y que son obras esenciales para que se modifique la calidad de los servicios”.
Desde otros sectores se señala que las mejoras difícilmente puedan estar en marcha cuando aún Economía no firmó las modificaciones a los contratos renegociados.
Además de la presentación que Mondino ante la Justicia, la asociación de consumidores Adecua instalará hoy una carpa frente al Congreso para recaudar un millón de firmas en contra del aumento en el transporte y así propiciar el tratamiento del tema en el Parlamento.
La entidad apuesta por el mecanismo conocido como “iniciativa popular” que prevé que si una iniciativa es convalidada por una cierta cantidad de personas que figuren en el padrón electoral, el Congreso está obligado a tratar el asunto.
En tanto, el diputado socialista Héctor Polino e integrante además de la asociación Consumidores Libres, opinó que el gobierno aliancista “invalidó el mecanismo de consulta pública como un instrumento para que los usuarios den a conocer su opinión”.
En enero último, quien era ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, aseguró que el Gobierno realizaría audiencias públicas para debatir la renegociación ferroviaria. Pero esta promesa nunca se cumplió.
El sorpresivo aumento en el precio del transporte público de pasajeros (ferrocarriles, subterráneos y colectivos) ha generado enojo en vastos sectores de la sociedad y ya comienzan a ejecutarse algunas iniciativas contra la decisión adoptada por el Gobierno.
Desde hoy (martes 5) diferentes asociaciones de consumidores y el defensor del pueblo de la Nación comenzarán el contraataque.
Eduardo Mondino, solicitará a la Justicia una medida cautelar hasta tanto exista una discusión de fondo sobre las causas que justifican, a criterio del Gobierno, el incremento en las tarifas del transporte.
“Sabiendo lo trascendental que es este servicio público para la gente no es posible que se haya anunciado la medida un viernes para ponerla en práctica el domingo. Eso imposibilitó que se previniera a los consumidores, porque a todos nos tomó por sorpresa”, consideró.
Mientras tanto, varios miembros del Gabinete salieron ,ante la prensa, a intentar justificar tal decisión; el responsable del área de Transporte, Jorge Kogan, subrayó que ,en el caso de los trenes, la suba sirve para financiar “un plan de inversiones que debe ejecutarse y que ya está en marcha y que son obras esenciales para que se modifique la calidad de los servicios”.
Desde otros sectores se señala que las mejoras difícilmente puedan estar en marcha cuando aún Economía no firmó las modificaciones a los contratos renegociados.
Además de la presentación que Mondino ante la Justicia, la asociación de consumidores Adecua instalará hoy una carpa frente al Congreso para recaudar un millón de firmas en contra del aumento en el transporte y así propiciar el tratamiento del tema en el Parlamento.
La entidad apuesta por el mecanismo conocido como “iniciativa popular” que prevé que si una iniciativa es convalidada por una cierta cantidad de personas que figuren en el padrón electoral, el Congreso está obligado a tratar el asunto.
En tanto, el diputado socialista Héctor Polino e integrante además de la asociación Consumidores Libres, opinó que el gobierno aliancista “invalidó el mecanismo de consulta pública como un instrumento para que los usuarios den a conocer su opinión”.
En enero último, quien era ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, aseguró que el Gobierno realizaría audiencias públicas para debatir la renegociación ferroviaria. Pero esta promesa nunca se cumplió.
