Estiman que María Julia podría recibir cinco años de prisión

La ex funcionaria María Julia Alsogaray podría recibir una condena de prisión que "no será menor a los cinco años", según estimó el fiscal Miguel Angel Osorio.

13 agosto, 2003

Pese a ello, el fiscal, que actúa en la causa por la cual el
juez Rodolfo Canicoba Corral decidió ordenar la detención de María
Julia Alsogaray, reconoció que si la Cámara Federal revocara la
medida adoptada por el magistrado, la ex funcionaria podría estar
privada de su libertad sólo “24 ó 48 horas”.

“La prisión preventiva es aplicable en este caso por esta
cantidad de procesos que están dando vueltas. La probablilidad de
que las condenas se vayan acumulando en muy poco tiempo es muy
alta”, afirmó el fiscal.

“Habría que ver en cuántos de los procesos que tiene sale
condenada y en cuántos sale absuelta, y cómo se terminan
unificando las condenas, pero no creo que mínimamente sean menos
de cinco años, y debería cumplir los dos tercios para poder
recuperar la libertad”, explicó el fiscal, con lo cual calculó que
ante una posible pena de cinco años Alsogaray debería en tal caso
cumplir unos cuarenta meses de cárcel.

Osorio es el fiscal de la causa en que se investigan presuntas
irregularidades en la contratación de obras por parte de la ex
secretaría de Recursos Naturales durante el tiempo en que
Alsogaray estuvo al frente de ese organismo, y en cuyo marco el
juez Canicoba Corral le dictó ayer prisión preventiva.

El funcionario judicial indicó que ahora Alsosagay tendrá que
estar “un mínimo de 24 ó 48 horas” detenida, aunque expresó su
confianza en que la Cámara Federal no revoque la prisión
preventiva dispuesta por el juez.

En declaraciones radiales formuladas esta mañana, Osorio dijo
estar de acuerdo con la medida tomada por el juez Canicoba Corral,
pese a que el delito por el que está acusada tiene una pena mínima
de dos años, con lo que el dictado de la prisión preventiva no es
obligatorio para el magistrado.

“Hay un grupo de figuras donde los jueces tienen la obligación
de dictar la prisión preventiva, y hay otro grupo en que pueden
dictarla o no, y como muy bien lo señala el magistrado que
interviene en esta causa, él se aparta de lo que habitualmente se
hace en los fallos, que es dictar la prisión preventiva cuando los
delitos tienen un mínimo mayor a tres años”, puntualizó.

Dijo que una de las razones de esa medida tomada contra la ex
funcionaria menemista es “la probabilidad muy alta de que las
condenas se vayan acumulando en muy poco tiempo”, ya que contra
ella hay “arriba de diez causas”.

En otro orden, discrepó con el juez al considerar que Alsogaray
incurrió también en la figura de “asociación ilícita”, al sostener
que “hay una cantidad de gente que se repite no sólo en esa obra
sino en un montón de lugares, en el ámbito público y privado”.
“Se actuó desde el comienzo eligiendo al que iba a elegir y al
que iba controlar, era una maniobra que cerraba por todos lados.
Se actuó generando un fideicomiso para escapar a los controles del
Estado”, explicó el fiscal, quien hizo notar que como consecuencia
de esas maniobras “la SIGEN (la Sindicatura General de la Nación)
no podía intervenir ni controlar ninguno de esos gastos”.

Admitió que “es un tema opinable si esta gente se asoció con la
finalidad de cometer una cantidad de delitos indeterminados”, pero
señaló que piensa que “tenemos los elementos suficientes”, ya que
entre los imputados “hubo intercambio de roles, cumplieron
funciones reales diferentes a las materiales, y se dejó de lado la
intervención necesaria de algunas líneas administrativas”.

La ex funcionaria quedó detenida ayer luego de que el juez
Canicoba Corral le dictara el procesamiento con prisión preventiva
por diversas irregularidades presuntamente cometidas en las obras
de refacción de sus oficinas durante el Gobierno de Menem.
El magistrado imputó a la ex secretaria de Medio Ambiente los
delitos de “peculado en concurso real con defraudación por
administración infiel, falsedad ideológica e incumplimiento de los
deberes de funcionario púlico”, y le trabó un embargo sobre sus
bienes de un millón de pesos.

Canicoba Corral también dispuso la detención del ex
subsecretario de Relaciones Institucionales Enrique Kaplan, quien
fue peluquero del ex presidente Carlos Menem, y dispuso su
traslado al Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería.
También fueron procesados sin prisión preventiva otros seis
imputados, entre ellos los ingenieros Santiago y Arturo Bignoli,
que participaron en las obras de refacción en la sede de la
Secretaria de Medio Ambiente, en la esquina de San Martín y
Corrientes.

Según explicó el magistrado, “se creó un mecanismo capaz de
sustraer de la esfera de custodia del Estado fondos
presupuestarios, que posibilitaron, además, la posterior
utilización discrecional de esos fondos desviados por parte de los
responsables de la jurisdicción”.

Pese a ello, el fiscal, que actúa en la causa por la cual el
juez Rodolfo Canicoba Corral decidió ordenar la detención de María
Julia Alsogaray, reconoció que si la Cámara Federal revocara la
medida adoptada por el magistrado, la ex funcionaria podría estar
privada de su libertad sólo “24 ó 48 horas”.

“La prisión preventiva es aplicable en este caso por esta
cantidad de procesos que están dando vueltas. La probablilidad de
que las condenas se vayan acumulando en muy poco tiempo es muy
alta”, afirmó el fiscal.

“Habría que ver en cuántos de los procesos que tiene sale
condenada y en cuántos sale absuelta, y cómo se terminan
unificando las condenas, pero no creo que mínimamente sean menos
de cinco años, y debería cumplir los dos tercios para poder
recuperar la libertad”, explicó el fiscal, con lo cual calculó que
ante una posible pena de cinco años Alsogaray debería en tal caso
cumplir unos cuarenta meses de cárcel.

Osorio es el fiscal de la causa en que se investigan presuntas
irregularidades en la contratación de obras por parte de la ex
secretaría de Recursos Naturales durante el tiempo en que
Alsogaray estuvo al frente de ese organismo, y en cuyo marco el
juez Canicoba Corral le dictó ayer prisión preventiva.

El funcionario judicial indicó que ahora Alsosagay tendrá que
estar “un mínimo de 24 ó 48 horas” detenida, aunque expresó su
confianza en que la Cámara Federal no revoque la prisión
preventiva dispuesta por el juez.

En declaraciones radiales formuladas esta mañana, Osorio dijo
estar de acuerdo con la medida tomada por el juez Canicoba Corral,
pese a que el delito por el que está acusada tiene una pena mínima
de dos años, con lo que el dictado de la prisión preventiva no es
obligatorio para el magistrado.

“Hay un grupo de figuras donde los jueces tienen la obligación
de dictar la prisión preventiva, y hay otro grupo en que pueden
dictarla o no, y como muy bien lo señala el magistrado que
interviene en esta causa, él se aparta de lo que habitualmente se
hace en los fallos, que es dictar la prisión preventiva cuando los
delitos tienen un mínimo mayor a tres años”, puntualizó.

Dijo que una de las razones de esa medida tomada contra la ex
funcionaria menemista es “la probabilidad muy alta de que las
condenas se vayan acumulando en muy poco tiempo”, ya que contra
ella hay “arriba de diez causas”.

En otro orden, discrepó con el juez al considerar que Alsogaray
incurrió también en la figura de “asociación ilícita”, al sostener
que “hay una cantidad de gente que se repite no sólo en esa obra
sino en un montón de lugares, en el ámbito público y privado”.
“Se actuó desde el comienzo eligiendo al que iba a elegir y al
que iba controlar, era una maniobra que cerraba por todos lados.
Se actuó generando un fideicomiso para escapar a los controles del
Estado”, explicó el fiscal, quien hizo notar que como consecuencia
de esas maniobras “la SIGEN (la Sindicatura General de la Nación)
no podía intervenir ni controlar ninguno de esos gastos”.

Admitió que “es un tema opinable si esta gente se asoció con la
finalidad de cometer una cantidad de delitos indeterminados”, pero
señaló que piensa que “tenemos los elementos suficientes”, ya que
entre los imputados “hubo intercambio de roles, cumplieron
funciones reales diferentes a las materiales, y se dejó de lado la
intervención necesaria de algunas líneas administrativas”.

La ex funcionaria quedó detenida ayer luego de que el juez
Canicoba Corral le dictara el procesamiento con prisión preventiva
por diversas irregularidades presuntamente cometidas en las obras
de refacción de sus oficinas durante el Gobierno de Menem.
El magistrado imputó a la ex secretaria de Medio Ambiente los
delitos de “peculado en concurso real con defraudación por
administración infiel, falsedad ideológica e incumplimiento de los
deberes de funcionario púlico”, y le trabó un embargo sobre sus
bienes de un millón de pesos.

Canicoba Corral también dispuso la detención del ex
subsecretario de Relaciones Institucionales Enrique Kaplan, quien
fue peluquero del ex presidente Carlos Menem, y dispuso su
traslado al Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería.
También fueron procesados sin prisión preventiva otros seis
imputados, entre ellos los ingenieros Santiago y Arturo Bignoli,
que participaron en las obras de refacción en la sede de la
Secretaria de Medio Ambiente, en la esquina de San Martín y
Corrientes.

Según explicó el magistrado, “se creó un mecanismo capaz de
sustraer de la esfera de custodia del Estado fondos
presupuestarios, que posibilitaron, además, la posterior
utilización discrecional de esos fondos desviados por parte de los
responsables de la jurisdicción”.

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