Estados Unidos precisa una reforma impositiva, pero ¿cuál?

En ese país hace falta una limpieza tributaria cada diez años y la última data de 1986. Al principio, esa reforma promovía crecimiento (hasta 1% anual adicional). Después, casi todo cambio legislativo ha agregado complejidad e ineficiencia.

5 mayo, 2005

En enero, George W.Bush formó un comité asesor para refomar el impuesto al valor agregado (IVA) y le dio hasta julio para producir un informe. Dada la relevancia del asunto, en un gobierno sin equipos económicos fiable, dos expertos tributaristas –Alan Auerbanch, Kevin Hassett- pidieron a nueve profesionales económicos y jurídicos a presentar sus propios puntos de vista. Este conjunto de trabajos se difunde ya con el título “Toward fundamental tax reform” (en www.aei.org/books/bookID.820/book_detail.asp.).

Autores y compiladores muestran una preocupación en común: puesto que la Casa Blanca quiere elevar ingresos fiscales ¿cómo hacerlo generando las menores distorsiones económicas posibles? Así expresada, la pregunta lleva a examinar los impuestos adicionales que la gente afronta cuando sus ingresos pasan –aunque sea por escaso margen- determinados umbrales. Son los gravámenes que determinan si es negocio para una persona elevar sus ingresos individuales.

Algunos expertos prefieren que los adicionales suban junto con los ingresos. Otros, que permanezcan fijos. Pero la actual estructura tributaria no muestra una política consistente ni una base teórica firme. La mayoría de analistas coincide en sería mejor aplicar bajos gravámenes a una gama más amplia de actividades, antes que tasas altas a unas pocas categorías. En caso de réditos, entonces, debieran imponerse ingresos de toda fuente a igual tasa, permitiendo las menores deducciones posibles.

Un sistema de ese tenor tendrá mínimo efecto en la elección de actividades rentables. Además, a menor número de deducciones, menos atractivo tendrán negocios o colocaciones cuya meta esencial sea reducir ingresos imponibles. Algunos autores señalan como ejemplo una ventaja típicas de la clase media norteamericana: las deducciones sobre intereses hipotecarios. Como suelen opinar muchos especialistas, un tratamiento impositivo tan favoravle promueve la sobreinversión en vivienda.

Si el interés sobre hipotecas no fuese deducible, pero las tasas genéricas se rebajaran –así la gente pagaría casi lo mismo en total-, se produciría un desplazamiento hacia casas menos costosas. En otras palabras, se desmontaría gradualmente la peligrosa burbuja inmobiliaria que EE.-UU. vive desde hace algunos años. Sin duda, ese cambio no sería popular entre votantes, particulanente republicanos, por lo cual es difícil que ocurra antes de 2008; salvo que entretando estalle la burbuja.

Por supuesto, imponer al ingreso no es la única forma de elevar recaudación. Tal vez fuera más lógico hacerlo con el consumo. Dado que ingreso es igual a consumo más ahorro, gravar el pimero equivaldrá a tornar deducible la tasa sobre ahorros (depósitos). Un aumento del ahorro suele traduce en mayor inversión y, por ende, mejores niveles de vida futuros. En ese caso, el fisco dispondrá de contribuyentes más ricos.

En esa hipótesis, podría aplicarse un impuesto al consumo, vía IVA, como se hace en Europa occidental. Pero sería menos traumático unificar el actual sistema de gravámenes diferidos sobre el ahorro, por demás confuso. Nadie necesita la multiplicidad de planes.

Los oponentes al IVA arguyen que es regresivo (temperamento que comparte el Fondo Monetario Internacional, en el caso de economías subdesarrolladas). Pero no debiera serlo forzosamente. Podría haber generosas exenciones personales, en favor de familiar de bajos ingresos. O tasas superiores por encima de cierto nivel de consumo (gastos), que restringieran el volumen de ahorros (depósitos) deducible.

Lamentablemente, semejante reforma acentuaría la tendencia entre los más ricos a eludir impuestos. En uno de los trabajos, Glenn Hubbard (universided de Columbia), analiza los efectos distributivos de un IVA serían menos regresivos que los del actual impuesto a réditos. Obviamente, los paquetes de rebajas a dividendos bursátiles, grandes empresas y sectores de altos ingresos, o sea la base de votos republicana, –que significarán US$ 2,45 billones menos en recaudación fiscal de 2001 a 2013- no ayudan a mejorar la conducta de los contribuyentes.

En resumen, el problema de fondo es cómo llegar a una reforma tributaria razonable y racional. Especialmente, los impuestos a personas jurídicas, es decir empresas y demás instituciones del derecho privado. Es verdad, sí, que el actual código es un matete. Pero hay una razón básica: cada exención, cada privilegio, cada agujero responde a intereses creados que determinan el voto local o sectorial. Así ocurre con el agro, las petroleras, la siderurgia, el complejo militar-industrial o, recientemente, el fundamentalismo evangélico.

En enero, George W.Bush formó un comité asesor para refomar el impuesto al valor agregado (IVA) y le dio hasta julio para producir un informe. Dada la relevancia del asunto, en un gobierno sin equipos económicos fiable, dos expertos tributaristas –Alan Auerbanch, Kevin Hassett- pidieron a nueve profesionales económicos y jurídicos a presentar sus propios puntos de vista. Este conjunto de trabajos se difunde ya con el título “Toward fundamental tax reform” (en www.aei.org/books/bookID.820/book_detail.asp.).

Autores y compiladores muestran una preocupación en común: puesto que la Casa Blanca quiere elevar ingresos fiscales ¿cómo hacerlo generando las menores distorsiones económicas posibles? Así expresada, la pregunta lleva a examinar los impuestos adicionales que la gente afronta cuando sus ingresos pasan –aunque sea por escaso margen- determinados umbrales. Son los gravámenes que determinan si es negocio para una persona elevar sus ingresos individuales.

Algunos expertos prefieren que los adicionales suban junto con los ingresos. Otros, que permanezcan fijos. Pero la actual estructura tributaria no muestra una política consistente ni una base teórica firme. La mayoría de analistas coincide en sería mejor aplicar bajos gravámenes a una gama más amplia de actividades, antes que tasas altas a unas pocas categorías. En caso de réditos, entonces, debieran imponerse ingresos de toda fuente a igual tasa, permitiendo las menores deducciones posibles.

Un sistema de ese tenor tendrá mínimo efecto en la elección de actividades rentables. Además, a menor número de deducciones, menos atractivo tendrán negocios o colocaciones cuya meta esencial sea reducir ingresos imponibles. Algunos autores señalan como ejemplo una ventaja típicas de la clase media norteamericana: las deducciones sobre intereses hipotecarios. Como suelen opinar muchos especialistas, un tratamiento impositivo tan favoravle promueve la sobreinversión en vivienda.

Si el interés sobre hipotecas no fuese deducible, pero las tasas genéricas se rebajaran –así la gente pagaría casi lo mismo en total-, se produciría un desplazamiento hacia casas menos costosas. En otras palabras, se desmontaría gradualmente la peligrosa burbuja inmobiliaria que EE.-UU. vive desde hace algunos años. Sin duda, ese cambio no sería popular entre votantes, particulanente republicanos, por lo cual es difícil que ocurra antes de 2008; salvo que entretando estalle la burbuja.

Por supuesto, imponer al ingreso no es la única forma de elevar recaudación. Tal vez fuera más lógico hacerlo con el consumo. Dado que ingreso es igual a consumo más ahorro, gravar el pimero equivaldrá a tornar deducible la tasa sobre ahorros (depósitos). Un aumento del ahorro suele traduce en mayor inversión y, por ende, mejores niveles de vida futuros. En ese caso, el fisco dispondrá de contribuyentes más ricos.

En esa hipótesis, podría aplicarse un impuesto al consumo, vía IVA, como se hace en Europa occidental. Pero sería menos traumático unificar el actual sistema de gravámenes diferidos sobre el ahorro, por demás confuso. Nadie necesita la multiplicidad de planes.

Los oponentes al IVA arguyen que es regresivo (temperamento que comparte el Fondo Monetario Internacional, en el caso de economías subdesarrolladas). Pero no debiera serlo forzosamente. Podría haber generosas exenciones personales, en favor de familiar de bajos ingresos. O tasas superiores por encima de cierto nivel de consumo (gastos), que restringieran el volumen de ahorros (depósitos) deducible.

Lamentablemente, semejante reforma acentuaría la tendencia entre los más ricos a eludir impuestos. En uno de los trabajos, Glenn Hubbard (universided de Columbia), analiza los efectos distributivos de un IVA serían menos regresivos que los del actual impuesto a réditos. Obviamente, los paquetes de rebajas a dividendos bursátiles, grandes empresas y sectores de altos ingresos, o sea la base de votos republicana, –que significarán US$ 2,45 billones menos en recaudación fiscal de 2001 a 2013- no ayudan a mejorar la conducta de los contribuyentes.

En resumen, el problema de fondo es cómo llegar a una reforma tributaria razonable y racional. Especialmente, los impuestos a personas jurídicas, es decir empresas y demás instituciones del derecho privado. Es verdad, sí, que el actual código es un matete. Pero hay una razón básica: cada exención, cada privilegio, cada agujero responde a intereses creados que determinan el voto local o sectorial. Así ocurre con el agro, las petroleras, la siderurgia, el complejo militar-industrial o, recientemente, el fundamentalismo evangélico.

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