Espionaje: nuevas revelaciones complican a Bush y Cheney
Primero, fueron las duras acusaciones de un magistrado a la Casa Blanca. Ahora, se sabe que las escuchas ilegales no se reducían a sospechosos de terrorismo -como decía Bush- y, además, contaban con la complicidad de las telefónicas.
James Robertson era, a la sazón, uno de los once jueces del tribunal supervisor de inteligencia en el exterior (FISC en la sigla inglesa), un ente secreto. Dimitió en protesta contra espionaje autorizado anticonstitucionalmente por el presidente George W.Bush e impulsado por Richard Cheney, su vice. Eso y nuevas revelaciones sobre los alcances reales del espionaje agravan la crisis interna en la Casa Blanca, pues la renuncia alude al “papel subrepticio” de Cheney, como “motor de medidas ilegales dispuestas por el primer magistrado”. La actitud de Robertson tiene suma relevancia, pues el FISC (pese a su propio nombre) es responsable de autorizar –o no- intercepciones telefónicas y seguimiento de presuntos terroristas en territorio norteamericano.
Curiosamente, esas funciones –originales del FBI- le fueron reasignadas a la paquidérmica Agencia Nacional de Seguridad (NSA) por la nueva legislación sobre seguridad interior, cuya prolongación ha sido rechazada en el senado. Esta sorpresa fue otro síntoma del deterioro político presidencial, mientras operadores del gobierno están trucando encuestas de opinión para hacer creer que el apoyo público a Bush torna a crecer.
Robertson pone en tela de juicio diversas tareas de espionaje interno efectuadas por la NSA desde 2002, justamente porque Bush dio vía libre a esos excesos en desmedro de libertades civiles establecidas en la constitución desde fines del siglo XVIII. Ni siquiera un paranoide como John Edgar Hoover había llegado a tanto. Por otra parte, se sabe ahora que las principales telefónicas –fijas, inalámbricas, Internet- captaban y almacenaban datos privados desde principios de 2002. Esto las expone a demandas de todo tipo.
La piedra del escándalo fue el trato abusivo de “presos ilegales” en Guantánamo, Polonia y Rumania. Después vino esa flota de aviones que viajaba por medio mundo con prisioneros sometidos a tortura. Al cabo, Bush puso punto final a prácticas que ni el KGB soviético soñó con realizar. Robertson es un juez que goza de amplio respeto, inclusive entre sus colegas republicanos.
Sin duda, la dimisión ubica en nivel constitucional y puede abrir el camino del juicio político a Bush y Cheney. En síntesis, hay riesgo de otro Watergate. Por de pronto, legisladores oficialistas se han sumado a opositores acusando a la Casa Blanca de haber desconocido al congreso y haber atropellado derechos garantidos por la carta magna. El domingo, Colin Powell –ex secretario de Estado- se sumaba al coro de censuras con un argumento de peso: “debieron haberse obtenido órdenes judiciales para llegar a esos extremos”, sostuvo.
Al iniciarse la ofensiva crítica, lo mejor que se les ocurrió a Cheney y Donald Rumsfeld (defensa) fue sugerir una intervención militar en Venezuela, para frenar a… Fidel Castro. Mientras tanto, se ignora todavía si la NSA sigue con esos procedimientos ilícitos o los ha suspendido tras las últimas declaraciones de Bush.
James Robertson era, a la sazón, uno de los once jueces del tribunal supervisor de inteligencia en el exterior (FISC en la sigla inglesa), un ente secreto. Dimitió en protesta contra espionaje autorizado anticonstitucionalmente por el presidente George W.Bush e impulsado por Richard Cheney, su vice. Eso y nuevas revelaciones sobre los alcances reales del espionaje agravan la crisis interna en la Casa Blanca, pues la renuncia alude al “papel subrepticio” de Cheney, como “motor de medidas ilegales dispuestas por el primer magistrado”. La actitud de Robertson tiene suma relevancia, pues el FISC (pese a su propio nombre) es responsable de autorizar –o no- intercepciones telefónicas y seguimiento de presuntos terroristas en territorio norteamericano.
Curiosamente, esas funciones –originales del FBI- le fueron reasignadas a la paquidérmica Agencia Nacional de Seguridad (NSA) por la nueva legislación sobre seguridad interior, cuya prolongación ha sido rechazada en el senado. Esta sorpresa fue otro síntoma del deterioro político presidencial, mientras operadores del gobierno están trucando encuestas de opinión para hacer creer que el apoyo público a Bush torna a crecer.
Robertson pone en tela de juicio diversas tareas de espionaje interno efectuadas por la NSA desde 2002, justamente porque Bush dio vía libre a esos excesos en desmedro de libertades civiles establecidas en la constitución desde fines del siglo XVIII. Ni siquiera un paranoide como John Edgar Hoover había llegado a tanto. Por otra parte, se sabe ahora que las principales telefónicas –fijas, inalámbricas, Internet- captaban y almacenaban datos privados desde principios de 2002. Esto las expone a demandas de todo tipo.
La piedra del escándalo fue el trato abusivo de “presos ilegales” en Guantánamo, Polonia y Rumania. Después vino esa flota de aviones que viajaba por medio mundo con prisioneros sometidos a tortura. Al cabo, Bush puso punto final a prácticas que ni el KGB soviético soñó con realizar. Robertson es un juez que goza de amplio respeto, inclusive entre sus colegas republicanos.
Sin duda, la dimisión ubica en nivel constitucional y puede abrir el camino del juicio político a Bush y Cheney. En síntesis, hay riesgo de otro Watergate. Por de pronto, legisladores oficialistas se han sumado a opositores acusando a la Casa Blanca de haber desconocido al congreso y haber atropellado derechos garantidos por la carta magna. El domingo, Colin Powell –ex secretario de Estado- se sumaba al coro de censuras con un argumento de peso: “debieron haberse obtenido órdenes judiciales para llegar a esos extremos”, sostuvo.
Al iniciarse la ofensiva crítica, lo mejor que se les ocurrió a Cheney y Donald Rumsfeld (defensa) fue sugerir una intervención militar en Venezuela, para frenar a… Fidel Castro. Mientras tanto, se ignora todavía si la NSA sigue con esos procedimientos ilícitos o los ha suspendido tras las últimas declaraciones de Bush.
