Espionaje interno: Cheney se ve en peor situación que Bush

Este fin de semana, el “New York times” reveló que el vicepresidente está directamente vinculado a dos escándalos. Entretanto, la elección de noviembre puede depender de si los votantes creen el espionaje interno ha ido muy lejos”.

15 mayo, 2006

Ésa es la pregunta que se formulan el “Wall Street Journal” en la web y muchos legisladores. Dentro y fuera de Estados Unidos, parece claro que –a cuatro años y medio del 11 de septiembre de 2001- la Agencia nacional de seguridad (NSA en inglés) se ha pasado hace tiempo de la raya en cuanto a espiar ciudadanos norteamericanos sin relación alguna con el terrorismo internacional.

Días atrás, George W.Bush daba de nuevo explicaciones poco convincentes. En esta oportunidad, era un informe del diario “USA today” sobre decenas de millones de grabaciones telefónicas, secretas e ilegales, acumuladas por la NSA con cooperación de AT&T, Verizon y Bellsouth. Es decir, las mayores empresas privadas de telecomunicaciones. Sólo Qwest se había negado a cumplir los pedidos de Michael Hayden, entonces jefe de la agencia y ahora propuesto por el presidente para dirigir lo que queda de la CIA.

Sin negar ni confirmar semejantes abusos, Bush los defendió en nombre de un peligro supremo, que Estados Unidos aún no logra controlar: al Qa’eda (su gurú, Osama bin Laden, sigue viviendo en el noroeste de Pakistán). El presidente inclusive sostuvo que las intercepciones no afectan la libertad ni la vida privada de quienes no tengan vínculos con esa organización ni sus similares. Por lo visto, tampoco las afectan a ellas.

Tras las declaraciones presidenciales, el mismo diario publicó un informe adicional. Citando ex agentes de inteligencia, revela que el programa NSA –iniciado en octubre de 2001- emplea números telefónicos, fechas y duración de llamados para “armar una especie de telaraña que pueden involucrar una intervención amplia en la materia”. A su vez, el “Washington post” apela a sus propias fuentes para indicar que “las grabaciones permiten a las agencias de inteligencia descubrir quién llama a quién y cuándo”.

Esta actividad, puesta en evidencia por el NYT ya en diciembre, “persigue la detección de vínculos y detalles ocultos en redes sociales, con la esperanza de rastrear conspiraciones terroristas en un mar de contactos inocentes”. De paso, trasunta un programa potencialmente más nocivo de interferencias, por parte de la NSA, con complicidad de telefónicas y motores de búsqueda -como en China-, que alcanza registros de correos electrónicos personales”.

En conjunto, los tres informes difundidos por los diarios, ante el llamativo silencio de las grandes empresas, subrayan que éstas “se hallan entre los naturales derechos a la privacía de los usuarios y las crecientes pretensiones del gobierno federal en aras de la seguridad nacional”. Así reflexionaba “Los Ángeles times”, mientras la imagen pública de Bush caía a 29/30% y surgían las primera demandas judiciales de civiles contra aquellas compañías.

Pero el tema de fondo ahora es otro y hace a las reacciones en el congreso y entre el público norteamericano. Las recientes revelaciones de los medios han causado furia entre los legisladores, apunta el WSJ. Así, Arlen Specter –presidente del comité judicial del senado, un republicano crítico de la Casa Blanca- se apresta a citar a los máximos ejecutivos de las empresas complicadas en los abusos de la NSA.

Por supuesto, el gobierno afronta el enésimo escándalo en una posición de debilidad política y con crecientes problemas en el frente externo. Henry Kissinger se opone a las vías de hecho en Irán, apoya un diálogo con Tehrán y soluciones a la guerra civil en Irak. Alemania, Francia y hasta Gran Bretaña –donde Tony Blair está cerca de la renuncia- adoptan igual actitud. En medio de todo eso, a Bush no se le ocurre otra cosa que “ungir” como sucesor a su hermano Jeb, autor de un fraude que, en 2000, le permitió a George W. ganar la presidencia. “Este país se latinoamericaniza aceleradamente”, llegó a sostener Samuel Huntingon, el apóstol de una sociedad blanca, anglosajona y protestante.

No es la primera vez que algún memorioso trae a colación “It can’t happen here” (Sinclair Lewis, 1934), donde un político sin escrúpulos aplica instrumentos que, “pari passu”, son como los actuales a disposición de Bush para instaurar una especie de Reich en EE.UU. Sin duda, nada impediría hoy que un oportunista aproveche inmensas bases de datos para acabar con las libertades públicas y llegar a una sociedad similar a la de “1984” (George Orwell, 1948). Por de pronto, Bush ya tiene cuatro herramientas perfectas: el vice Richard Cheney, Donald Rumsfeld (Defensa), John Negroponte (seguridad interior) y el general del aire (r) Michael Hayden, si pasa por el congreso.

Por lo menos, hasta este domingo, cuando el NYT lo puso a Cheney en la picota, como “uno de los abogados más firmes de ampliar escuchas sin autorización judicial, junto con su asesor David Addington”. Para ambos y Rumsfeld, “la práctica está permitida por la constitución”. Dos funcionarios jerárquicos de la NSA y los propios letrados de la entidad salieron a contrradecirlos.

Pero el problema con las nuevas revelaciones del NYT es que la participación de Cheney fue mucho mayor que la admitida por la Casa Blanca tras estallar el “Plamegate” (la puesta en evidencia de Valerie Plame, agente de la CIA). Ante eso, la situación del vicepresidente parece, por el momento, peor que la de Bush mismo.

Ésa es la pregunta que se formulan el “Wall Street Journal” en la web y muchos legisladores. Dentro y fuera de Estados Unidos, parece claro que –a cuatro años y medio del 11 de septiembre de 2001- la Agencia nacional de seguridad (NSA en inglés) se ha pasado hace tiempo de la raya en cuanto a espiar ciudadanos norteamericanos sin relación alguna con el terrorismo internacional.

Días atrás, George W.Bush daba de nuevo explicaciones poco convincentes. En esta oportunidad, era un informe del diario “USA today” sobre decenas de millones de grabaciones telefónicas, secretas e ilegales, acumuladas por la NSA con cooperación de AT&T, Verizon y Bellsouth. Es decir, las mayores empresas privadas de telecomunicaciones. Sólo Qwest se había negado a cumplir los pedidos de Michael Hayden, entonces jefe de la agencia y ahora propuesto por el presidente para dirigir lo que queda de la CIA.

Sin negar ni confirmar semejantes abusos, Bush los defendió en nombre de un peligro supremo, que Estados Unidos aún no logra controlar: al Qa’eda (su gurú, Osama bin Laden, sigue viviendo en el noroeste de Pakistán). El presidente inclusive sostuvo que las intercepciones no afectan la libertad ni la vida privada de quienes no tengan vínculos con esa organización ni sus similares. Por lo visto, tampoco las afectan a ellas.

Tras las declaraciones presidenciales, el mismo diario publicó un informe adicional. Citando ex agentes de inteligencia, revela que el programa NSA –iniciado en octubre de 2001- emplea números telefónicos, fechas y duración de llamados para “armar una especie de telaraña que pueden involucrar una intervención amplia en la materia”. A su vez, el “Washington post” apela a sus propias fuentes para indicar que “las grabaciones permiten a las agencias de inteligencia descubrir quién llama a quién y cuándo”.

Esta actividad, puesta en evidencia por el NYT ya en diciembre, “persigue la detección de vínculos y detalles ocultos en redes sociales, con la esperanza de rastrear conspiraciones terroristas en un mar de contactos inocentes”. De paso, trasunta un programa potencialmente más nocivo de interferencias, por parte de la NSA, con complicidad de telefónicas y motores de búsqueda -como en China-, que alcanza registros de correos electrónicos personales”.

En conjunto, los tres informes difundidos por los diarios, ante el llamativo silencio de las grandes empresas, subrayan que éstas “se hallan entre los naturales derechos a la privacía de los usuarios y las crecientes pretensiones del gobierno federal en aras de la seguridad nacional”. Así reflexionaba “Los Ángeles times”, mientras la imagen pública de Bush caía a 29/30% y surgían las primera demandas judiciales de civiles contra aquellas compañías.

Pero el tema de fondo ahora es otro y hace a las reacciones en el congreso y entre el público norteamericano. Las recientes revelaciones de los medios han causado furia entre los legisladores, apunta el WSJ. Así, Arlen Specter –presidente del comité judicial del senado, un republicano crítico de la Casa Blanca- se apresta a citar a los máximos ejecutivos de las empresas complicadas en los abusos de la NSA.

Por supuesto, el gobierno afronta el enésimo escándalo en una posición de debilidad política y con crecientes problemas en el frente externo. Henry Kissinger se opone a las vías de hecho en Irán, apoya un diálogo con Tehrán y soluciones a la guerra civil en Irak. Alemania, Francia y hasta Gran Bretaña –donde Tony Blair está cerca de la renuncia- adoptan igual actitud. En medio de todo eso, a Bush no se le ocurre otra cosa que “ungir” como sucesor a su hermano Jeb, autor de un fraude que, en 2000, le permitió a George W. ganar la presidencia. “Este país se latinoamericaniza aceleradamente”, llegó a sostener Samuel Huntingon, el apóstol de una sociedad blanca, anglosajona y protestante.

No es la primera vez que algún memorioso trae a colación “It can’t happen here” (Sinclair Lewis, 1934), donde un político sin escrúpulos aplica instrumentos que, “pari passu”, son como los actuales a disposición de Bush para instaurar una especie de Reich en EE.UU. Sin duda, nada impediría hoy que un oportunista aproveche inmensas bases de datos para acabar con las libertades públicas y llegar a una sociedad similar a la de “1984” (George Orwell, 1948). Por de pronto, Bush ya tiene cuatro herramientas perfectas: el vice Richard Cheney, Donald Rumsfeld (Defensa), John Negroponte (seguridad interior) y el general del aire (r) Michael Hayden, si pasa por el congreso.

Por lo menos, hasta este domingo, cuando el NYT lo puso a Cheney en la picota, como “uno de los abogados más firmes de ampliar escuchas sin autorización judicial, junto con su asesor David Addington”. Para ambos y Rumsfeld, “la práctica está permitida por la constitución”. Dos funcionarios jerárquicos de la NSA y los propios letrados de la entidad salieron a contrradecirlos.

Pero el problema con las nuevas revelaciones del NYT es que la participación de Cheney fue mucho mayor que la admitida por la Casa Blanca tras estallar el “Plamegate” (la puesta en evidencia de Valerie Plame, agente de la CIA). Ante eso, la situación del vicepresidente parece, por el momento, peor que la de Bush mismo.

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