Entre Ríos: la Justicia paraliza sus funciones

Por la crisis, suspenderán la actividad por cinco días, a partir del lunes próximo. La medida es similar a la adoptada por el gobernador Sergio Montiel.

12 octubre, 2001

(NA). – El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos dispuso suspender por cinco días los plazos procesales a partir del lunes próximo y declarar la “extrema gravedad institucional” del Poder Judicial de ese distrito, debido a la falta de fondos.

Entre los motivos de la medida, los jueces señalaron “la gravedad creciente de la situación general que afecta al personal judicial, a los funcionarios y magistrados, como asimismo a las partidas presupuestarias disminuidas en sus montos y en las entregas”.
Los magistrados calificaron de “notorias” a “las dificultades económico financieras del Estado” provincial, que mantiene virtualmente paralizada la administración de Justicia.

La medida es similar a la adoptada por el gobernador Sergio Montiel, quien decidió ante la grave crisis presupuestaria de la provincia disponer en su momento un asueto forzado durante tres días en toda la administración pública.

Por otra parte, los jueces se quejaron por la decisión del Poder Ejecutivo de incluir a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial dentro del escalafón político de la administración pública, al habérseles liquidado $ 300 a cuenta de haberes.

La acordada del máximo cuerpo judicial provincial manifestó que la actual crisis se da “por causas ajenas a la competencia y posibilidades del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos”.

Los magistrados convocaron al ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos provincial, Osvaldo Cepeda, para una reunión el próximo martes 16 con el objetivo de analizar “la grave situación existente y las próximas medidas pasibles para conjurarlas”.

Según la resolución firmada en la víspera y dada a conocer hoy públicamente, se plantea además un pedido a la Asociación de Judiciales de Entre Ríos para que remita un listado de los empleados de Paraná domiciliados a más de 20 cuadras de Tribunales, para establecer una ayuda económica extraordinaria que permita su transporte diario si no pudieran solventarlo.

También encomienda a las comisiones de Planeamiento y Presupuesto y al contador general del Poder Judicial para que proyecten y dictaminen sobre la adecuación de la actividad
judicial “a las dificultades económico financieras que se verifican en la actualidad”.

(NA). – El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos dispuso suspender por cinco días los plazos procesales a partir del lunes próximo y declarar la “extrema gravedad institucional” del Poder Judicial de ese distrito, debido a la falta de fondos.

Entre los motivos de la medida, los jueces señalaron “la gravedad creciente de la situación general que afecta al personal judicial, a los funcionarios y magistrados, como asimismo a las partidas presupuestarias disminuidas en sus montos y en las entregas”.
Los magistrados calificaron de “notorias” a “las dificultades económico financieras del Estado” provincial, que mantiene virtualmente paralizada la administración de Justicia.

La medida es similar a la adoptada por el gobernador Sergio Montiel, quien decidió ante la grave crisis presupuestaria de la provincia disponer en su momento un asueto forzado durante tres días en toda la administración pública.

Por otra parte, los jueces se quejaron por la decisión del Poder Ejecutivo de incluir a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial dentro del escalafón político de la administración pública, al habérseles liquidado $ 300 a cuenta de haberes.

La acordada del máximo cuerpo judicial provincial manifestó que la actual crisis se da “por causas ajenas a la competencia y posibilidades del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos”.

Los magistrados convocaron al ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos provincial, Osvaldo Cepeda, para una reunión el próximo martes 16 con el objetivo de analizar “la grave situación existente y las próximas medidas pasibles para conjurarlas”.

Según la resolución firmada en la víspera y dada a conocer hoy públicamente, se plantea además un pedido a la Asociación de Judiciales de Entre Ríos para que remita un listado de los empleados de Paraná domiciliados a más de 20 cuadras de Tribunales, para establecer una ayuda económica extraordinaria que permita su transporte diario si no pudieran solventarlo.

También encomienda a las comisiones de Planeamiento y Presupuesto y al contador general del Poder Judicial para que proyecten y dictaminen sobre la adecuación de la actividad
judicial “a las dificultades económico financieras que se verifican en la actualidad”.

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