En San Luis, bancos y ahorristas comenzaron a negociar la salida del corralito

Autoridades de los bancos y ahorristas iniciaron la instancia negociadora que permitirá acordar los mecanismos de restitución de los depósitos inmovilizados en el "corralito" financiero, tal cual lo estipulado por una ley provincial.

Esa norma legal, que fue promulgada a través de un decreto hace
casi dos semanas, obliga a los bancos radicados en territorio
puntano a devolver los depósitos a los ahorristas afectados por el
corralito, y para que ello ocurra, ambas partes tendrán un mes
para ponerse de acuerdo.

El decreto en cuestión asegura que las normas dictadas por la
Nación en torno al corralito “violentaron principios y garantías
constitucionales, principalmente los derechos adquiridos por los
depositantes en el sistema financiero”.

Por ello, el Gobierno puntano se vio “obligado a salir en
defensa de los intereses de sus gobernados como así también de sus
propios intereses”, según se señala en el decreto de promulgación
de la norma.

En el sistema financiero de San Luis hay 500 millones de pesos,
de los cuales una mitad corresponde al Estado y la otra a
ahorristas particulares.

De ese monto, el Estado provincial tiene inmovilizados 247
millones en el corralito, y, por ese motivo, inició acciones ante
la Corte Suprema de la Nación para tratar de recuperar ese
dinero.

Con ese fin, la Corte propuso dos alternativas: una de ellas
contempla la devolución en efectivo de parte del dinero de la
provincia, pesificando cada dólar a 1,40 pesos y pautando la
entrega de un bono por el saldo, con vencimiento en el año 2012.

La otra alternativa establece mantener el valor dólar sin la
pesificación a 1,40 dispuesta por el Poder Ejecutivo y excluye los
depósitos de la reprogramación.

Según esta propuesta, la Nación deberá colocar un porcentaje no
inferior al 10 por ciento a disposición de la provincia en
efectivo y en la moneda de origen, y sobre el saldo emitirá
certificados de depósito a plazo fijo en dólares, transferibles
total o parcialmente.

Fuente: Noticias Argentinas

Esa norma legal, que fue promulgada a través de un decreto hace
casi dos semanas, obliga a los bancos radicados en territorio
puntano a devolver los depósitos a los ahorristas afectados por el
corralito, y para que ello ocurra, ambas partes tendrán un mes
para ponerse de acuerdo.

El decreto en cuestión asegura que las normas dictadas por la
Nación en torno al corralito “violentaron principios y garantías
constitucionales, principalmente los derechos adquiridos por los
depositantes en el sistema financiero”.

Por ello, el Gobierno puntano se vio “obligado a salir en
defensa de los intereses de sus gobernados como así también de sus
propios intereses”, según se señala en el decreto de promulgación
de la norma.

En el sistema financiero de San Luis hay 500 millones de pesos,
de los cuales una mitad corresponde al Estado y la otra a
ahorristas particulares.

De ese monto, el Estado provincial tiene inmovilizados 247
millones en el corralito, y, por ese motivo, inició acciones ante
la Corte Suprema de la Nación para tratar de recuperar ese
dinero.

Con ese fin, la Corte propuso dos alternativas: una de ellas
contempla la devolución en efectivo de parte del dinero de la
provincia, pesificando cada dólar a 1,40 pesos y pautando la
entrega de un bono por el saldo, con vencimiento en el año 2012.

La otra alternativa establece mantener el valor dólar sin la
pesificación a 1,40 dispuesta por el Poder Ejecutivo y excluye los
depósitos de la reprogramación.

Según esta propuesta, la Nación deberá colocar un porcentaje no
inferior al 10 por ciento a disposición de la provincia en
efectivo y en la moneda de origen, y sobre el saldo emitirá
certificados de depósito a plazo fijo en dólares, transferibles
total o parcialmente.

Fuente: Noticias Argentinas

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