En busca del ajuste político
El Congreso tiene la difícil pero necesaria tarea de discutir el gasto del Estado en los funcionarios de la administración pública.
(EFE).- Cientos de legisladores están cada vez más cerca de perder su empleo y otros miles de sufrir recortes de salarios, porque la presión de varios sectores de la sociedad hizo que las autoridades avancen hacia un reajuste de gastos de la política argentina.
A pocos meses de las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno y los de las tres provincias más ricas del país se lanzaron a una carrera por ver quién ajusta primero los gastos de la política en un país sumido en la recesión económica desde hace tres años.
Según datos comparativos obtenidos con documentación de los ministerios de Economía y Trabajo, un legislador provincial argentino gasta como promedio más de 50.000 dólares mensuales, lo que equivale a la suma de los salarios medios recibidos por un trabajador a lo largo de 13 años.
Además, según un informe que data de noviembre de 2000, la provincia de Formosa (una de las más pobres del país y con una población de 504.000 personas) gasta por cada legislador siete veces lo que cuesta uno en Baviera (Alemania), que tiene 12.155.000 habitantes y un PBI 156 veces más alto.
Otro ejemplo es el de la región autónoma española de Cataluña, donde viven más de seis millones de personas y cuyo poder legislativo gasta considerablemente menos que el Chaco (donde hay 32 legisladores para 952.000 habitantes), con el agravante de que los catalanes cuentan con 134 legisladores y un PBI 39 veces superior al chaqueño.
Indignados con estas cifras, un grupo de ciudadanos decidió tomar cartas en el asunto y a través de una página de Internet y enviando mensajes por correo electrónico inició una campaña en la que, bajo el título Sobran los Políticos, reclaman que se reduzca a la mitad “el mayor gasto improductivo nacional”.
Los reclamos que diariamente recogen las emisoras de radio y televisión entre vecinos de varias ciudades argentinas llegaron a oídos del presidente Fernando de la Rúa, que este jueves habló de la “necesidad de reducir los gastos del Estado y en particular los de la política”.
A su vez, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, convocó a una consulta popular para que sea la población la que decida si se deben unificar las dos cámaras legislativas del distrito para reducir el número de sus miembros.
Su par de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, también propuso un pacto histórico para reducir a la mitad los cargos electivos y bajar los salarios de los dirigentes políticos en la provincia, la mayor y más rica del país.
En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, directamente eliminó direcciones de gobierno y bajó los sueldos de sus funcionarios.
Pero lo concreto es que, con 37 millones de habitantes, a nivel nacional Argentina tiene 331 cargos electivos (un presidente, un vicepresidente, 257 diputados y 72 senadores), mientras que a nivel provincial son 1.296 (48 de gobernador y vicegobernador, 232 de senador, 944 de diputado y 72 de diverso tipo en cinco distritos).
Pero son los municipios los que concentran 90% de los cargos electivos con 14.881, ya que hay 1.122 intendentes, 8.488 concejales y otras autoridades que suman 5.271 puestos, todos con su salario.
Los datos corresponden a un estudio realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, que ha estimado en US$ 2.000 millones anuales el monto destinado a los salarios que cobran los legisladores y su personal a cargo.
Jorge Dorado, un empresario inmobiliario de 49 años que fue uno de los gestores de la campaña Sobran los políticos, dijo que “a nivel ciudadano hay una toma de conciencia de que este flagelo de gasto incontrolable asfixia a todos con subidas de impuestos y recesión”.
“Más allá de que ahora haya una acción política oportunista que se sube a caballo de una buena iniciativa, hay una ola que va creciendo y políticos que trabajan seriamente para que se racionalice el gasto”, añadió.
(EFE).- Cientos de legisladores están cada vez más cerca de perder su empleo y otros miles de sufrir recortes de salarios, porque la presión de varios sectores de la sociedad hizo que las autoridades avancen hacia un reajuste de gastos de la política argentina.
A pocos meses de las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno y los de las tres provincias más ricas del país se lanzaron a una carrera por ver quién ajusta primero los gastos de la política en un país sumido en la recesión económica desde hace tres años.
Según datos comparativos obtenidos con documentación de los ministerios de Economía y Trabajo, un legislador provincial argentino gasta como promedio más de 50.000 dólares mensuales, lo que equivale a la suma de los salarios medios recibidos por un trabajador a lo largo de 13 años.
Además, según un informe que data de noviembre de 2000, la provincia de Formosa (una de las más pobres del país y con una población de 504.000 personas) gasta por cada legislador siete veces lo que cuesta uno en Baviera (Alemania), que tiene 12.155.000 habitantes y un PBI 156 veces más alto.
Otro ejemplo es el de la región autónoma española de Cataluña, donde viven más de seis millones de personas y cuyo poder legislativo gasta considerablemente menos que el Chaco (donde hay 32 legisladores para 952.000 habitantes), con el agravante de que los catalanes cuentan con 134 legisladores y un PBI 39 veces superior al chaqueño.
Indignados con estas cifras, un grupo de ciudadanos decidió tomar cartas en el asunto y a través de una página de Internet y enviando mensajes por correo electrónico inició una campaña en la que, bajo el título Sobran los Políticos, reclaman que se reduzca a la mitad “el mayor gasto improductivo nacional”.
Los reclamos que diariamente recogen las emisoras de radio y televisión entre vecinos de varias ciudades argentinas llegaron a oídos del presidente Fernando de la Rúa, que este jueves habló de la “necesidad de reducir los gastos del Estado y en particular los de la política”.
A su vez, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, convocó a una consulta popular para que sea la población la que decida si se deben unificar las dos cámaras legislativas del distrito para reducir el número de sus miembros.
Su par de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, también propuso un pacto histórico para reducir a la mitad los cargos electivos y bajar los salarios de los dirigentes políticos en la provincia, la mayor y más rica del país.
En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, directamente eliminó direcciones de gobierno y bajó los sueldos de sus funcionarios.
Pero lo concreto es que, con 37 millones de habitantes, a nivel nacional Argentina tiene 331 cargos electivos (un presidente, un vicepresidente, 257 diputados y 72 senadores), mientras que a nivel provincial son 1.296 (48 de gobernador y vicegobernador, 232 de senador, 944 de diputado y 72 de diverso tipo en cinco distritos).
Pero son los municipios los que concentran 90% de los cargos electivos con 14.881, ya que hay 1.122 intendentes, 8.488 concejales y otras autoridades que suman 5.271 puestos, todos con su salario.
Los datos corresponden a un estudio realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, que ha estimado en US$ 2.000 millones anuales el monto destinado a los salarios que cobran los legisladores y su personal a cargo.
Jorge Dorado, un empresario inmobiliario de 49 años que fue uno de los gestores de la campaña Sobran los políticos, dijo que “a nivel ciudadano hay una toma de conciencia de que este flagelo de gasto incontrolable asfixia a todos con subidas de impuestos y recesión”.
“Más allá de que ahora haya una acción política oportunista que se sube a caballo de una buena iniciativa, hay una ola que va creciendo y políticos que trabajan seriamente para que se racionalice el gasto”, añadió.
