Empresarios y opositores niegan cheque en blanco a Maduro

Las tres mayores cámaras empresariales de Venezuela rechazaron el decreto de emergencia económica sancionado por el gobierno de Maduro y que debería ser refrendado por el Parlamento, con mayoría opositora.

“La crisis se comenzó a gestar desde 2000, cuando se empezó a atacar de manera intensa la libre iniciativa privada y la actividad privada, cuando en 2007 y 2008 se comenzó a expropiar empresas que hoy nos hacen falta dramáticamente”, afirmó el vicepresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Larrazábal, a la emisora Unión Radio.

El dirigente agregó que “decir que las causas del problema son simplemente porque bajó el precio del petróleo y por un tema desde Colombia, Miami y España, es equivocado; si no se tiene un diagnóstico correcto de una enfermedad, no se pueden tomar los correctivos adecuados”.

En tanto, el vicepresidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Alfonso Riera, advirtió que aprobar el decreto de emergencia económica “significaría darle un cheque en blanco al Ejecutivo para anular la capacidad para controlar que tiene la Asamblea Nacional (parlamento unicameral)”.

Asimismo, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Pablo Olalquiaga, sostuvo que los supuestos del decreto no son ciertos, pues “la inflación responde a la emisión inorgánica de dinero y no lo contrario”.

Añadió que “la tasa de cambio que el decreto dice que es ficticia es a la que se podía tener acceso para traer mercancías a Venezuela y la única que se consigue”.

Paralelamente, fue formalmente instalada la comisión integrada por 10 diputados opositores y cinco oficialistas que analizará el decreto y elaborará un dictamen para la votación de este viernes, en la que el plenario de la Asamblea resolverá si refrenda la norma o la rechaza.

El presidente de la comisión, el economista opositor José Guerra, afirmó que la crisis actual es “la más aguda que ha sufrido la economía venezolana por lo menos desde 1959” y rechazó el argumento del gobierno de que se debe en parte a la caída del precio internacional del petróleo.

“En 2013 es claro que la economía venezolana empieza a quebrar su curva de crecimiento, algo que no coincide con la caída del precio del petróleo, porque en 2013 el precio era de 103 dólares por barril; esta no es una crisis causada por el petróleo, es una crisis exacerbada por el petróleo”, señaló Guerra.

La reticencia opositora a aprobar el decreto se basa principalmente en la falta de información oficial, la búsqueda de mayor poder por parte del gobierno y la falta de necesidad de una norma como esa para combatir la crisis económica, anticiparon ayer Guerra y los diputados Elías Matta y Julio Borges, vicepresidente de la comisión y jefe de la bancada opositora, respectivamente.

Matta, además, subrayó que un artículo del decreto faculta al gobierno a restringir el uso de dinero en efectivo y advirtió que ello puede conllevar la instalación de un corralito bancario.

No obstante, el presidente Nicolás Maduro se manifestó confiado en que la Asamblea aprobará por “unanimidad” el decreto de emergencia.

“La Asamblea ya tiene el decreto que le envié; espero que sea aprobado por unanimidad y que la Asamblea me ayude a timonear esta tormenta, junto a todos ustedes”, dijo el mandatario al instalar anoche el Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP).

“Hay un debate, se nombró una comisión y espero que convoque a este Consejo” porque “este es un esfuerzo de carácter nacional”, resaltó Maduro.

El CNEP reúne a políticos, economistas y empresarios, a los que Maduro exhortó a desarrollar “un diálogo de acciones constructivas” que permita encontrar salidas a la crisis.

El jefe del Estado negó que el decreto de emergencia busque darle más poder al Ejecutivo, admitió que Venezuela vive una crisis que “amenaza la estabilidad social” y la atribuyó al “agotamiento del modelo rentista petrolero” y a la “guerra económica” que, según sostiene hace años, libran contra su gobierno la oposición local y los centros de poder radicados en “Bogotá, Miami y Madrid”.

Tras más de un año sin publicar estadísticas oficiales, el gobierno informó la semana pasada que a septiembre pasado, la economía se había contraído 4,5 por ciento.

También que la inflación acumulada en lo que iba de 2015 era de 108,7 por ciento y la de los últimos 12 meses, de 141,5 por ciento, en ambos casos la mayor del mundo en la actualidad y la más alta en la historia de Venezuela.

Por otra parte, el costo de la canasta alimentaria familiar se encareció 443,2 por ciento en 2015 y a fin de año era equivalente a 9,7 salarios mínimos, según el informe mensual del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

 

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