El trabajo en negro alcanzó un récord

El Estado pierde US$ 2500 millones anuales en aportes patronales, más de lo que se prevé recaudar este año con el impuesto al cheque. La situación afecta también a la salud y a la educación.

11 abril, 2001

El empleo en negro o informal alcanzó en estos días el peor nivel de la historia del país; según los últimos resgistros, 37,7% de los ocupados no hace aportes previsionales ni otras contribuciones a la seguridad social.

Así lo reveló ayer (martes 10) un estudio de la consultora Equis, elaborado sobre datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y del Ministerio de Trabajo.

Las cifras, que crecieron 52% desde 1990, dejan al descubierto la precariedad del mercado laboral.

Se trata de alrededor de 3,2 millones de trabajadores que están desprovistos de cualquier cobertura social o médica; y que pierden 40% de los ingresos respecto de quienes sí se desempeñan en el ámbito formal de la economía.

El fenómeno, explica el informe, tiene consecuencias al nivel impositivo (se evaden $ 4.900 millones anuales), de los que el Estado pierde alrededor de 50%, lo que aún es mayor que lo que se espera recaudar con el recientemente implementado gravamen a las operaciones bancarias con cuentas corrientes y con cajas de ahorro.

El empleo en negro o informal alcanzó en estos días el peor nivel de la historia del país; según los últimos resgistros, 37,7% de los ocupados no hace aportes previsionales ni otras contribuciones a la seguridad social.

Así lo reveló ayer (martes 10) un estudio de la consultora Equis, elaborado sobre datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y del Ministerio de Trabajo.

Las cifras, que crecieron 52% desde 1990, dejan al descubierto la precariedad del mercado laboral.

Se trata de alrededor de 3,2 millones de trabajadores que están desprovistos de cualquier cobertura social o médica; y que pierden 40% de los ingresos respecto de quienes sí se desempeñan en el ámbito formal de la economía.

El fenómeno, explica el informe, tiene consecuencias al nivel impositivo (se evaden $ 4.900 millones anuales), de los que el Estado pierde alrededor de 50%, lo que aún es mayor que lo que se espera recaudar con el recientemente implementado gravamen a las operaciones bancarias con cuentas corrientes y con cajas de ahorro.

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