El paro aún sigue en marcha

El Gobierno no descarta la posibilidad de declararlo ilegal. Daer condicionó el levantamiento a que se retire la reforma jubilatoria. La CTA garantizó los servicios mínimos.

21 noviembre, 2000

El gobierno nacional aseguró hoy (martes 21) que no descartaba la posibilidad de declarar ilegal el paro que comenzará el próximo jueves al mediodía, tema que era analizado en la reunión del gabinete nacional, en tanto afirmó que tomará los recaudos para “mantener el máximo de tranquilidad y garantizar la seguridad pública y los servicios esenciales”, ante anuncios de que la medida de fuerza estará acompañada por cortes de rutas.

A primera hora de hoy salió a hablar el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, quien no descartó la declaración de ilegalidad de la huelga, basándose en que fue convocada “para protestar por la presencia en el país de representantes de organismos financieros internacionales, pero al no haberse producido”, ese argumento quedó, a su entender, “viciado”.

En tanto la CGT disidente ratificó en todos sus términos la huelga que iniciará el jueves al mediodía y mantendrá por 36 horas, con la adhesión de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

El titular de la CGT oficial, Rodolfo Daer, condicionó hoy el levantamiento del paro por 24 horas del viernes próximo a que el Gobierno garantice que no se eliminará la Prestación Básica Universal (PBU), que el límite para la jubilación femenina no suba a 65 y “un gran acuerdo por la producción, el crecimiento y el empleo decente”.

Daer sostuvo que, si bien “siguen existiendo conversaciones” entre los gremios y el Gobierno, el diálogo “no apunta ya a esta altura a tratar de que el paro no exista, sino simplemente a las emergencias en los distintos sectores del sector publico”.

El presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, Héctor Tilve, sostuvo hoy que el próximo viernes los colectivos “saldrán a trabajar con el personal que se presente”, a pesar del paro, aunque no se garantizará la prestación del “servicio mínimo”.

Tilve denunció que, al conocerse la decisión de esta cámara de operar a pesar del paro, “ya ha habido agresiones a diversas unidades, a las que le han roto parabrisas, vidrios y lunetas”, y aseguró que en incidentes similares, ocurridos durante otro paro, intervino “gente del sindicato Unión Tranviarios Automotor” (UTA).

En declaraciones a radio Continental, Tilve expresó que estas agresiones provocaron el temor en los propietarios de unidades y sus empleados frente a eventuales agresiones contra los micros que circulen durante la medida de fuerza, a pesar de las medidas de seguridad prometidas por el Gobierno a través de su ministerio del Interior.

La CTA había calificado hoy de “inconstitucional” y “represivo” el llamamiento del Gobierno a cumplir con los “servicios esenciales”, aunque ese gremio aseguró que “garantizará” el funcionamiento de los mismos.

El viernes último, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, dictó una resolución por la cual notificó a gremios y empresarios que deben brindar “servicios mínimos” durante la medida de fuerza, y que en caso contrario será esa cartera la que dispondrá el cumplimiento de los mismos.

También se precisó que los servicios que deberán prestarse durante la medida dispuesta por las centrales obreras son transporte de pasajeros, de combustible, y provisión de agua, gas, asistencia hospitalaria, y salud.

La central encabezada por Víctor de Gennaro, en un comunicado, aseveró que “el Gobierno desconoce la jurisprudencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) –tal como lo indica el decreto 843– que niega la facultad del Estado para extender a esas actividades el concepto de servicio esencial”.

El gobierno nacional aseguró hoy (martes 21) que no descartaba la posibilidad de declarar ilegal el paro que comenzará el próximo jueves al mediodía, tema que era analizado en la reunión del gabinete nacional, en tanto afirmó que tomará los recaudos para “mantener el máximo de tranquilidad y garantizar la seguridad pública y los servicios esenciales”, ante anuncios de que la medida de fuerza estará acompañada por cortes de rutas.

A primera hora de hoy salió a hablar el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, quien no descartó la declaración de ilegalidad de la huelga, basándose en que fue convocada “para protestar por la presencia en el país de representantes de organismos financieros internacionales, pero al no haberse producido”, ese argumento quedó, a su entender, “viciado”.

En tanto la CGT disidente ratificó en todos sus términos la huelga que iniciará el jueves al mediodía y mantendrá por 36 horas, con la adhesión de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

El titular de la CGT oficial, Rodolfo Daer, condicionó hoy el levantamiento del paro por 24 horas del viernes próximo a que el Gobierno garantice que no se eliminará la Prestación Básica Universal (PBU), que el límite para la jubilación femenina no suba a 65 y “un gran acuerdo por la producción, el crecimiento y el empleo decente”.

Daer sostuvo que, si bien “siguen existiendo conversaciones” entre los gremios y el Gobierno, el diálogo “no apunta ya a esta altura a tratar de que el paro no exista, sino simplemente a las emergencias en los distintos sectores del sector publico”.

El presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, Héctor Tilve, sostuvo hoy que el próximo viernes los colectivos “saldrán a trabajar con el personal que se presente”, a pesar del paro, aunque no se garantizará la prestación del “servicio mínimo”.

Tilve denunció que, al conocerse la decisión de esta cámara de operar a pesar del paro, “ya ha habido agresiones a diversas unidades, a las que le han roto parabrisas, vidrios y lunetas”, y aseguró que en incidentes similares, ocurridos durante otro paro, intervino “gente del sindicato Unión Tranviarios Automotor” (UTA).

En declaraciones a radio Continental, Tilve expresó que estas agresiones provocaron el temor en los propietarios de unidades y sus empleados frente a eventuales agresiones contra los micros que circulen durante la medida de fuerza, a pesar de las medidas de seguridad prometidas por el Gobierno a través de su ministerio del Interior.

La CTA había calificado hoy de “inconstitucional” y “represivo” el llamamiento del Gobierno a cumplir con los “servicios esenciales”, aunque ese gremio aseguró que “garantizará” el funcionamiento de los mismos.

El viernes último, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, dictó una resolución por la cual notificó a gremios y empresarios que deben brindar “servicios mínimos” durante la medida de fuerza, y que en caso contrario será esa cartera la que dispondrá el cumplimiento de los mismos.

También se precisó que los servicios que deberán prestarse durante la medida dispuesta por las centrales obreras son transporte de pasajeros, de combustible, y provisión de agua, gas, asistencia hospitalaria, y salud.

La central encabezada por Víctor de Gennaro, en un comunicado, aseveró que “el Gobierno desconoce la jurisprudencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) –tal como lo indica el decreto 843– que niega la facultad del Estado para extender a esas actividades el concepto de servicio esencial”.

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