El paro agropecuario ya pone entre la espada y la pared a gobernadores e intendentes del interior

Lejos de amedrentarse ante la movilización de fuerzas de choque llevadas a las rutas mesopotámicas por el sindicato de camioneros hegemonizado por Moyano padre e hijo, los productores pusieron lo que se dice “entre la y la pared” a las autoridades de los distritos donde desarrollan sus actividades. Mientras endurecen aún más el paro agropecuario que cumple dos semanas.

A diferencia del anonimato que caracteriza a los grandes centros urbanos, en las ciudades y pueblos del interior toda gente se conoce y su vida gira en torno de los campos: trabajadores, proveedores, contratistas, acopiadores, almacenes y talleres. Hasta los propios transportistas participan intensamente trasladando en todos los órdenes el intercambio de cargas entre todos los integrantes de esa comunidad productiva, incluyendo el resultado final del trabajo que se embarca hacia los centros urbanos y los puertos.

Por eso, ni los camioneros locales ni los peones rurales se hicieron eco de la presión del sindicato y la CGT, con los Moyano como denominador común, para romper la medida de fuerza de los chacareros.

Las autoridades administrativas y políticas de esos conglomerados rurales dependen de la recaudación de las gabelas y del voto popular, tanto como de las transferencias que el poder central realiza por fuera de la coparticipación federal a cambio de aceptar sus consignas.

Ahí es precisamente donde el paro agropecuario está estrangulando el sistema unitario prebendario ideado desde la Casa Rosada, del que los propios dirigentes políticos del interior han sido a la vez cómplices y beneficiarios, a costa del puenteo a sus propios canales institucionales de representación legislativa y federal.

La “espada” es hoy la presión de esa comunidad productiva del interior a esta concepción de la política y la “pared” la simboliza la dura posición contra la medida de fuerza a la que empuja el mismo gobierno nacional: de un lado el encono de los damnificados de una exacción fiscal aplicada sin anestesia y desde los atriles parapetados en las vallas de la Plaza de Mayo una demostración de poder rayana con lo patoteril.

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, movilizó a la Gendarmería hacia el túnel subfluvial para reprimir a productores que lo ocupaban y amenaza con meter presos a los que corten las rutas. Instruyó a la policía federal para que permaneciera de brazos cruzados en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, mientras un contingente de los denominados “piqueteros” se dirigía provocativamente a disolver una convocatoria de clase media porteña que retomó el “cacerolazo” de la crisis del 2001.

Esas acciones, propias de barrabravas que suelen ocupar los espacios policiales vacíos, son una constante en las canchas de fútbol y su entorno todas las semanas, con el permanente desemboque en tragedias que luego inspiran ingeniosas interpretaciones sociológicas de parte de los actores mediáticos. El propio ministro de Justicia deslindó la violencia como fenómeno en sí del deporte para generalizarlo como una expresión más de la sociedad, luego de que mataran hace poco a un hincha de Vélez que iba en micro a la cancha de San Lorenzo.

Duhalde asoma

Coincidencia política, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo de los cacerolazos de anoche, quien asumiera en el verano del 2002 como presidente interino tras el desplazamiento cívico del presidente Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, reaparece relanzando un aletargado “frente productivo” e invoca el desarrollo y el agradecimiento al hombre del campo, justo en el medio del enfrentamiento genérico de éste con el gobierno.

Duhalde no ha sido ajeno a la “importación” urbana del movimiento piquetero originado en las ciudades petroleras del interior por la reacción popular ante los efectos de la privatización de YPF. Tampoco a que al frente de esta versión metropolitana de los piquetes haya sido ungido el dirigente probolivariano y funcionario kirchnerista Luis D´Elía.

El gobernador de Córdoba, Juan Carlos Schiaretti, se puso del lado de los productores, dejándose llevar no sólo por los caldeados ánimos del interior de su provincia contra el gobierno nacional, sino por la espina dorsal del propio justicialismo, encerrado por el abierto apoyo a los productores que brindaron sus acérrimos competidores políticos: el juecismo y el radicalismo, tanto el K como el no K.

Recibe en su despacho a los organizadores del segundo tractorazo en la provincia, en abierta oposición al duro discurso pronunciado ayer por la presidenta Cristina Kirchner, en el que ordenó que “nadie puede abrir una negociación con el campo”.

El mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, quiso jugar a dos puntas, mostrándose como negociador primero (para aplacar la tensión en su provincia) y luego permaneciendo al lado de la presidenta Cristina Kirchner, cuando ésta consumó la declaración de guerra a todo el campo, pretendiendo convertir la protesta en una división de aguas clasista.

Hasta el propio entrerriano Sergio Uribarri hizo una voltereta para no contrariar a la Casa Rosada, y ahora queda encerrado entre la beligerancia de los asambleístas de Gualeguaychú y la de los productores sojeros.

El tucumano Juan Alperovich todavía está tratando de recobrar la presencia de ánimo luego del motín que le hicieran en su propio campo.

Y los llamados radicales K, que quedaron afuera en casi todas las distribuciones de cargos cuando Cristina Kirchner asumió, se cruzan de vereda desencantados ante el estupor e indignación de la Casa Rosada.

Ahora está más cerca que nunca el reagrupamiento del radicalismo como fuerza opositora a un peronismo que, de marchar hacia un advenimiento al kirchnerismo, empezará a resquebrajar su representatividad desde el interior del país.

Es que para la reorganización del PJ, que venía construyendo a su imagen y semejanza Néstor Kirchner, no le resultará políticamente gratuita a los dirigentes y punteros del antiguo cuño la adhesión incondicional requerida, sobre todo después del corte transversal hecho a la sociedad por el gobierno, por el cual pretende aislar la rebeldía agropecuaria del resto del resto de la ciudadanía.

Los mandatarios elegidos por el voto popular no pueden dejar de hacer números y ver que, con el aumento de las retenciones, no sólo se declaran perjudicados los productores, sino que les resta coparticipación a sus administraciones provinciales y comunales por $ 3.000 millones del impuesto a las ganancias que se deja de cobrar para ir directamente a parar al discrecional manejo de la gran caja nacional.

Y dentro de esa discrecionalidad anida el sistema político al que se habían acomodado, pero que en estos momentos los hace sentir rehenes de las decisiones emanadas del circuito Plaza de Mayo, Olivos, Calafate, al que no tienen acceso alguno. Sólo llegan selectiva e informalmente a las oficinas del ex presidente en Puerto Madero.

Ya parece desplazado por estas horas el tema de las retenciones del centro de la escena política de todo el país. Lo que se dirime es el estilo de gobierno instaurado por el matrimonio presidencial, según el cual la concentración del poder se materializa en intervenciones directas en la asignación de ganancias, inversiones, créditos y prebendas que tienen como destinatarios a quienes militan incondicionalmente en la vereda oficial.

Sería dable esperar que los enfrentamientos antepuestos al diálogo para quebrar la resistencia de los productores y empujarlos a deponer el lockout antes que avance más el desabastecimiento en los centros urbanos, no derive en situaciones de no retorno, como la trágica represión en el Puente Pueyrredón, cuando Duhalde era presidente interino, que justamente costó la vida a dos dirigentes del movimiento piquetero.

Lejos de amedrentarse ante la movilización de fuerzas de choque llevadas a las rutas mesopotámicas por el sindicato de camioneros hegemonizado por Moyano padre e hijo, los productores pusieron lo que se dice “entre la y la pared” a las autoridades de los distritos donde desarrollan sus actividades. Mientras endurecen aún más el paro agropecuario que cumple dos semanas.

A diferencia del anonimato que caracteriza a los grandes centros urbanos, en las ciudades y pueblos del interior toda gente se conoce y su vida gira en torno de los campos: trabajadores, proveedores, contratistas, acopiadores, almacenes y talleres. Hasta los propios transportistas participan intensamente trasladando en todos los órdenes el intercambio de cargas entre todos los integrantes de esa comunidad productiva, incluyendo el resultado final del trabajo que se embarca hacia los centros urbanos y los puertos.

Por eso, ni los camioneros locales ni los peones rurales se hicieron eco de la presión del sindicato y la CGT, con los Moyano como denominador común, para romper la medida de fuerza de los chacareros.

Las autoridades administrativas y políticas de esos conglomerados rurales dependen de la recaudación de las gabelas y del voto popular, tanto como de las transferencias que el poder central realiza por fuera de la coparticipación federal a cambio de aceptar sus consignas.

Ahí es precisamente donde el paro agropecuario está estrangulando el sistema unitario prebendario ideado desde la Casa Rosada, del que los propios dirigentes políticos del interior han sido a la vez cómplices y beneficiarios, a costa del puenteo a sus propios canales institucionales de representación legislativa y federal.

La “espada” es hoy la presión de esa comunidad productiva del interior a esta concepción de la política y la “pared” la simboliza la dura posición contra la medida de fuerza a la que empuja el mismo gobierno nacional: de un lado el encono de los damnificados de una exacción fiscal aplicada sin anestesia y desde los atriles parapetados en las vallas de la Plaza de Mayo una demostración de poder rayana con lo patoteril.

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, movilizó a la Gendarmería hacia el túnel subfluvial para reprimir a productores que lo ocupaban y amenaza con meter presos a los que corten las rutas. Instruyó a la policía federal para que permaneciera de brazos cruzados en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, mientras un contingente de los denominados “piqueteros” se dirigía provocativamente a disolver una convocatoria de clase media porteña que retomó el “cacerolazo” de la crisis del 2001.

Esas acciones, propias de barrabravas que suelen ocupar los espacios policiales vacíos, son una constante en las canchas de fútbol y su entorno todas las semanas, con el permanente desemboque en tragedias que luego inspiran ingeniosas interpretaciones sociológicas de parte de los actores mediáticos. El propio ministro de Justicia deslindó la violencia como fenómeno en sí del deporte para generalizarlo como una expresión más de la sociedad, luego de que mataran hace poco a un hincha de Vélez que iba en micro a la cancha de San Lorenzo.

Duhalde asoma

Coincidencia política, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo de los cacerolazos de anoche, quien asumiera en el verano del 2002 como presidente interino tras el desplazamiento cívico del presidente Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, reaparece relanzando un aletargado “frente productivo” e invoca el desarrollo y el agradecimiento al hombre del campo, justo en el medio del enfrentamiento genérico de éste con el gobierno.

Duhalde no ha sido ajeno a la “importación” urbana del movimiento piquetero originado en las ciudades petroleras del interior por la reacción popular ante los efectos de la privatización de YPF. Tampoco a que al frente de esta versión metropolitana de los piquetes haya sido ungido el dirigente probolivariano y funcionario kirchnerista Luis D´Elía.

El gobernador de Córdoba, Juan Carlos Schiaretti, se puso del lado de los productores, dejándose llevar no sólo por los caldeados ánimos del interior de su provincia contra el gobierno nacional, sino por la espina dorsal del propio justicialismo, encerrado por el abierto apoyo a los productores que brindaron sus acérrimos competidores políticos: el juecismo y el radicalismo, tanto el K como el no K.

Recibe en su despacho a los organizadores del segundo tractorazo en la provincia, en abierta oposición al duro discurso pronunciado ayer por la presidenta Cristina Kirchner, en el que ordenó que “nadie puede abrir una negociación con el campo”.

El mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, quiso jugar a dos puntas, mostrándose como negociador primero (para aplacar la tensión en su provincia) y luego permaneciendo al lado de la presidenta Cristina Kirchner, cuando ésta consumó la declaración de guerra a todo el campo, pretendiendo convertir la protesta en una división de aguas clasista.

Hasta el propio entrerriano Sergio Uribarri hizo una voltereta para no contrariar a la Casa Rosada, y ahora queda encerrado entre la beligerancia de los asambleístas de Gualeguaychú y la de los productores sojeros.

El tucumano Juan Alperovich todavía está tratando de recobrar la presencia de ánimo luego del motín que le hicieran en su propio campo.

Y los llamados radicales K, que quedaron afuera en casi todas las distribuciones de cargos cuando Cristina Kirchner asumió, se cruzan de vereda desencantados ante el estupor e indignación de la Casa Rosada.

Ahora está más cerca que nunca el reagrupamiento del radicalismo como fuerza opositora a un peronismo que, de marchar hacia un advenimiento al kirchnerismo, empezará a resquebrajar su representatividad desde el interior del país.

Es que para la reorganización del PJ, que venía construyendo a su imagen y semejanza Néstor Kirchner, no le resultará políticamente gratuita a los dirigentes y punteros del antiguo cuño la adhesión incondicional requerida, sobre todo después del corte transversal hecho a la sociedad por el gobierno, por el cual pretende aislar la rebeldía agropecuaria del resto del resto de la ciudadanía.

Los mandatarios elegidos por el voto popular no pueden dejar de hacer números y ver que, con el aumento de las retenciones, no sólo se declaran perjudicados los productores, sino que les resta coparticipación a sus administraciones provinciales y comunales por $ 3.000 millones del impuesto a las ganancias que se deja de cobrar para ir directamente a parar al discrecional manejo de la gran caja nacional.

Y dentro de esa discrecionalidad anida el sistema político al que se habían acomodado, pero que en estos momentos los hace sentir rehenes de las decisiones emanadas del circuito Plaza de Mayo, Olivos, Calafate, al que no tienen acceso alguno. Sólo llegan selectiva e informalmente a las oficinas del ex presidente en Puerto Madero.

Ya parece desplazado por estas horas el tema de las retenciones del centro de la escena política de todo el país. Lo que se dirime es el estilo de gobierno instaurado por el matrimonio presidencial, según el cual la concentración del poder se materializa en intervenciones directas en la asignación de ganancias, inversiones, créditos y prebendas que tienen como destinatarios a quienes militan incondicionalmente en la vereda oficial.

Sería dable esperar que los enfrentamientos antepuestos al diálogo para quebrar la resistencia de los productores y empujarlos a deponer el lockout antes que avance más el desabastecimiento en los centros urbanos, no derive en situaciones de no retorno, como la trágica represión en el Puente Pueyrredón, cuando Duhalde era presidente interino, que justamente costó la vida a dos dirigentes del movimiento piquetero.