El gobierno hipotecó capital político por una tregua y US$ 1.000 millones limpios de reintegros

La suspensión del paro agropecuario por 30 días que refrendan las asambleas de productores en el curso del día brinda margen para ordenar las medidas compulsivas y compensatorias hacia el sector que fue disparando el gobierno desde que impuso las retenciones móviles.

Las profundas huellas políticas que dejaron estas 21 jornadas de inusual protesta en las rutas por parte de “gente de trabajo” recién trasuntarán su rumbo en el 2009, cuando las urnas se abran para la confrontación democrática.

Los presidentes de la Federación Agraria (Eduardo Buzzi), CRA (Mario Llambías), Sociedad Rural (Luciano Miguens) y Coninagro (Fernando Gioino) concurrirán a la gran asamblea que se celebrará en Gualeguaychú, epicentro del movimiento rural que se gestó, casualmente donde se libra la batalla más importante por la defensa del medio ambiente que haya conocido el país.

Habrá que seguir de cerca la evolución del nuevo líder social que depara ahora el campo: Alfredo de Angeli, titular de la Federación Agraria de Entre Ríos. Y comprobar si su paso no es fugaz, como el de Juan Carlos Blumberg, legítima víctima de la inseguridad que flagela a todos los argentinos, en seguida fagocitado por la política.

El dirigente entrerriano no cultiva marketing político alguno, como traje, corbata y título universitario. Sus manos y dentadura denotan los rigores del trabajo a cielo abierto y la rudeza de la tarea agrícola en sí. Su postal en los piquetes refleja fielmente el perfil de sus representados que lo rodeaban.

¿Nacerá una fuerza política desde el campo? ¿Se verá a estos encendidos oradores de extracción laboral en alguna de las listas de partidos opositores?

De Angeli supo modular la voz luego de haber escuchado de la boca de la presidenta una descalificación lacerante para su dignidad, al atribuirles a los productores acantonados intenciones golpistas: “Usted, señora Presidenta, no ha gobernado para todo el país, y los gobernadores y legisladores parece que también cambiaron de rol y no defienden a sus provincias”.

De sus palabras se desprende que la factura política que madurará en el campo y las ciudades del interior que giran en torno de la actividad agropecuaria tendrá como destinatarios a quienes recibieron mandato popular y no responden a las bases: gobernadores, intendentes, legisladores.

La coalición que ha formado alrededor suyo Néstor Kirchner (primero con transversales y ahora con un incipiente PJ ampliado a otras expresiones) abre ahora un interrogante que trascenderá los 30 días de suspensión del paro agropecuario: ¿hasta dónde le servirán para revalidar el poder los desgastados socios regionales que utilizó como marco de apoyo a las medidas del gobierno de su esposa, al costo de darle la espalda a su electorado?

Distanciamientos

Por de pronto, la relación de la Casa Rosada con el santafesino socialista Hermes Binner ha quedado resentida ante la actitud que éste asumió respecto del paro. Algo similar sucede con el cordobés Juan Carlos Schiaretti, quien tampoco concurrió al acto de Plaza de Mayo, con el agravante de que pertenece al partido Justicialista, lo mismo que el pampeano Oscar Jorge, otro que no fue. El chubutense Mario das Neves se hizo presente en el palco, pero antes formuló críticas declaraciones a cómo se manejó el conflicto. La presidenta lo “fulminó”.

Daniel Scioli quiso diferenciarse enarbolando para la provincia de Buenos Aires un plan agrario que beneficie a los pequeños productores, luego de haber ensayado sin éxito una mediación con la dirigencia agropecuaria en rebeldía y salir “mutis por el foro” del primer plano, por más que haya estado en Plaza de Mayo.

Se cierne en el horizonte la presión que seguramente recibirán las autoridades de las provincias afectadas por el enfrentamiento “a muerte” entre los productores y el poder central para llevar al Congreso reformas al régimen impositivo y de coparticipación.

Difícilmente diluirá esa corriente que el Banco Nación se disponga a anunciar un rescate a los deudores de áreas marginales, se agilice la liquidación de los reintegros y se compensen fletes: las comunidades que participaron activamente del paro, al lidiar tres semanas en las rutas con camioneros y gendarmería, lejos de su casa, abandonados por su dirigencia política y vituperados descarnadamente por la presidenta de la Nación y sus ministros, recibieron un shock emocional demasiado intenso para olvidar.

El gobernador más afectado políticamente en estas tensas jornadas ha sido el entrerriano Sergio Urribarri, quien declaró a El Diario de Paraná: “Ni bien esto se normalice, una vez que pase esta tormenta, al otro día voy a convocar a todos los sectores de la producción de Entre Ríos, principal y fundamentalmente a los sectores pequeños y medianos, a los que quiero, aprecio, respeto y quiero que les vaya bien”.

Aunque muestre incentivos a las producciones de granja, créditos bancarios subsidiados y que la participación de los gobernadores en los trámites de esos beneficios puede agilizarlos, la confianza quedó afectada.

Otro tanto le cabe al chaqueño Jorge Capitanich, quien al principio intentó ser funcional a la Casa Rosada y a la vez convertirse en interlocutor de los productores, hasta que lo hicieron definirse a cara descubierta en los auditorios que acompañaron a la presidenta en sus más duras alocuciones.

Gesto

Fue sintomático que CARBAP haya sido la primera entidad que lanzó su adhesión a una tregua de 30 días como gesto del sector para dialogar con el gobierno.

La más fogosa de las confederaciones que integran CRA, inclusive, venía golpeada adicionalmente por el cierre a las exportaciones de carnes que dispuso el gobierno en pos del abastecimiento interno, comprometido por los cortes de rutas.

Los ganaderos bonaerenses y pampeanos que militan en CARBAP estaban furiosos por esa nueva disposición, con lo cual no se entiende que hayan sido los primeros en descomprimir el paro de todo el sector.

Está pendiente de aplicación un plan ganadero que tiene 70 millones de pesos para distribuir y un sistema tributario que permita el desposte de la res para diferenciar los cortes de exportación de los que se utilizan para consumo interno, de modo que para el bolsillo del ganadero unos queden dolarizados y los otros pesificados.

La recomposición de la lechería es otra de las propuestas del gobierno, que no estaba siendo instrumentada en la práctica por problemas burocráticos, relacionados con los balances impositivos de los productores. Pero ahora ha empezado a agilizarse, según dicen, con la directa intervención de su mentor, el ministro de Economía.

La flexible actitud de CARBAP es todo un anticipo de las jornadas que vendrán en lo sucesivo. Los dirigentes se sentarán a negociar para obtener la mayor cantidad de compensaciones y para agilizar su materialización, mientras en el plano político rumiarán la relación futura con los gobernantes y la oposición que se rearme.

Ganadores y perdedores

Los números que se hacen en los bastiones sojeros, como Rosario, sobre la distribución de la totalidad del valor de la producción dan cuenta que 58% se utiliza en los gastos, cosecha y transporte, 39% se lleva el fisco y el 3% queda para el productor no alcanzado por los subsidios, el mediano por ejemplo.

“Cuando se vende una tonelada de soja, el Estado se lleva US$ 235 y el productor, US$ 20. En la práctica, y como consecuencia de las retenciones, el dólar para el productor cuando vende las soja es de $ 1,73 y llega hasta 2,2 en otros cereales, pero cuando compra sus insumos lo hace con un tipo de cambio de 3,15 o más si el producto es importado y está sujeto a prelievos.

Para el caso del maíz, si la tonelada pasa de US$ 225 la tonelada a US$ 275, el Estado se lleva US$ 39 y el productor sólo US$ 11 y, en el caso del trigo, una suba similar de US$ 50 implica que el Estado se queda con US$ 16 y el productor con US$ 34.

Los reintegros que logren cobrar los productores cuya explotación encuadre en el tamaño y capacidad productiva caracterizado por el gobierno nacional para considerarlos “pequeños” alterarán esos cálculos, pero para los que no clasifiquen cualquier suba que haya en soja y girasol en los mercados internacionales será a favor del gobierno, en tanto que si se apuesta al trigo o maíz, se ganará más con menor incremento de precios a nivel mundial.

Los grandes exportadores que sacan 70 % de la soja del país son 20 compañías, cuyos vínculos con el poder se comparecen con la escala de negocios en la que se mueven y, por lo tanto, sus intereses corporativos no coinciden con los de los restantes productores “sindicalizados”.

En todo caso, el punto de contacto es el avance que van teniendo sobre los campos que sus dueños o inquilinos descartan a medida que dejan de ser rentables.

El éxodo del campo a la ciudad se corrobora en los últimos datos disponibles del censo del INdEC: poco más del 10% de la población del país es “rural” (localidades con menos de 2000 habitantes) y cerca de 21 millones de personas (el 52% del total) viven en los diez aglomerados urbanos más grandes del país.

De acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2002, desaparecieron 103.405 productores en el país: de 421.221 productores que había en 1988, en el 2002 había 317.816 productores, el 24,5% menos. Sólo en la región pampeana de 196.254 productores que había en 1998, en el 2002 pasaron a 136.345 productores, un 30,5% menos.

La rentabilidad de las explotaciones es la que permite invertir en tecnología y almacenamiento para pertrecharse a la espera de épocas de no tan buenas condiciones internacionales.

Cuando Kirchner llegó al gobierno en 2003, las retenciones a la soja y el girasol estaban en 23,5%. Con el reciente “aumento móvil”, la tasa había superado el 44% en el caso de la soja y bordeó el 40% en el del girasol. En los actuales niveles de precios, el esquema implica que por cada dólar que aumenten la soja, el girasol, el trigo y el maíz, el Estado se queda con US$ 0,81, US$ 0,78, US$ 0,48 y US$ 0,45, respectivamente, salvo para aquellos productores que sean alcanzados en la práctica por los subsidios, entre quienes no se cuentan los medianos.

La prioridad para el ministro de Economía, Martín Lousteau, no pasa ahora por el modelo de país que se juega detrás de las medidas para asegurar el superávit primario, sino las urgencias para cubrir la movilidad previsional, el plan antiinflacionario basado en compensaciones fiscales a tarifas y precios y la crisis energética, entre las que el subsidio al gasoil (una parte del cual se destina al campo) ocupa una porción significativa.

La suspensión del paro agropecuario por 30 días que refrendan las asambleas de productores en el curso del día brinda margen para ordenar las medidas compulsivas y compensatorias hacia el sector que fue disparando el gobierno desde que impuso las retenciones móviles.

Las profundas huellas políticas que dejaron estas 21 jornadas de inusual protesta en las rutas por parte de “gente de trabajo” recién trasuntarán su rumbo en el 2009, cuando las urnas se abran para la confrontación democrática.

Los presidentes de la Federación Agraria (Eduardo Buzzi), CRA (Mario Llambías), Sociedad Rural (Luciano Miguens) y Coninagro (Fernando Gioino) concurrirán a la gran asamblea que se celebrará en Gualeguaychú, epicentro del movimiento rural que se gestó, casualmente donde se libra la batalla más importante por la defensa del medio ambiente que haya conocido el país.

Habrá que seguir de cerca la evolución del nuevo líder social que depara ahora el campo: Alfredo de Angeli, titular de la Federación Agraria de Entre Ríos. Y comprobar si su paso no es fugaz, como el de Juan Carlos Blumberg, legítima víctima de la inseguridad que flagela a todos los argentinos, en seguida fagocitado por la política.

El dirigente entrerriano no cultiva marketing político alguno, como traje, corbata y título universitario. Sus manos y dentadura denotan los rigores del trabajo a cielo abierto y la rudeza de la tarea agrícola en sí. Su postal en los piquetes refleja fielmente el perfil de sus representados que lo rodeaban.

¿Nacerá una fuerza política desde el campo? ¿Se verá a estos encendidos oradores de extracción laboral en alguna de las listas de partidos opositores?

De Angeli supo modular la voz luego de haber escuchado de la boca de la presidenta una descalificación lacerante para su dignidad, al atribuirles a los productores acantonados intenciones golpistas: “Usted, señora Presidenta, no ha gobernado para todo el país, y los gobernadores y legisladores parece que también cambiaron de rol y no defienden a sus provincias”.

De sus palabras se desprende que la factura política que madurará en el campo y las ciudades del interior que giran en torno de la actividad agropecuaria tendrá como destinatarios a quienes recibieron mandato popular y no responden a las bases: gobernadores, intendentes, legisladores.

La coalición que ha formado alrededor suyo Néstor Kirchner (primero con transversales y ahora con un incipiente PJ ampliado a otras expresiones) abre ahora un interrogante que trascenderá los 30 días de suspensión del paro agropecuario: ¿hasta dónde le servirán para revalidar el poder los desgastados socios regionales que utilizó como marco de apoyo a las medidas del gobierno de su esposa, al costo de darle la espalda a su electorado?

Distanciamientos

Por de pronto, la relación de la Casa Rosada con el santafesino socialista Hermes Binner ha quedado resentida ante la actitud que éste asumió respecto del paro. Algo similar sucede con el cordobés Juan Carlos Schiaretti, quien tampoco concurrió al acto de Plaza de Mayo, con el agravante de que pertenece al partido Justicialista, lo mismo que el pampeano Oscar Jorge, otro que no fue. El chubutense Mario das Neves se hizo presente en el palco, pero antes formuló críticas declaraciones a cómo se manejó el conflicto. La presidenta lo “fulminó”.

Daniel Scioli quiso diferenciarse enarbolando para la provincia de Buenos Aires un plan agrario que beneficie a los pequeños productores, luego de haber ensayado sin éxito una mediación con la dirigencia agropecuaria en rebeldía y salir “mutis por el foro” del primer plano, por más que haya estado en Plaza de Mayo.

Se cierne en el horizonte la presión que seguramente recibirán las autoridades de las provincias afectadas por el enfrentamiento “a muerte” entre los productores y el poder central para llevar al Congreso reformas al régimen impositivo y de coparticipación.

Difícilmente diluirá esa corriente que el Banco Nación se disponga a anunciar un rescate a los deudores de áreas marginales, se agilice la liquidación de los reintegros y se compensen fletes: las comunidades que participaron activamente del paro, al lidiar tres semanas en las rutas con camioneros y gendarmería, lejos de su casa, abandonados por su dirigencia política y vituperados descarnadamente por la presidenta de la Nación y sus ministros, recibieron un shock emocional demasiado intenso para olvidar.

El gobernador más afectado políticamente en estas tensas jornadas ha sido el entrerriano Sergio Urribarri, quien declaró a El Diario de Paraná: “Ni bien esto se normalice, una vez que pase esta tormenta, al otro día voy a convocar a todos los sectores de la producción de Entre Ríos, principal y fundamentalmente a los sectores pequeños y medianos, a los que quiero, aprecio, respeto y quiero que les vaya bien”.

Aunque muestre incentivos a las producciones de granja, créditos bancarios subsidiados y que la participación de los gobernadores en los trámites de esos beneficios puede agilizarlos, la confianza quedó afectada.

Otro tanto le cabe al chaqueño Jorge Capitanich, quien al principio intentó ser funcional a la Casa Rosada y a la vez convertirse en interlocutor de los productores, hasta que lo hicieron definirse a cara descubierta en los auditorios que acompañaron a la presidenta en sus más duras alocuciones.

Gesto

Fue sintomático que CARBAP haya sido la primera entidad que lanzó su adhesión a una tregua de 30 días como gesto del sector para dialogar con el gobierno.

La más fogosa de las confederaciones que integran CRA, inclusive, venía golpeada adicionalmente por el cierre a las exportaciones de carnes que dispuso el gobierno en pos del abastecimiento interno, comprometido por los cortes de rutas.

Los ganaderos bonaerenses y pampeanos que militan en CARBAP estaban furiosos por esa nueva disposición, con lo cual no se entiende que hayan sido los primeros en descomprimir el paro de todo el sector.

Está pendiente de aplicación un plan ganadero que tiene 70 millones de pesos para distribuir y un sistema tributario que permita el desposte de la res para diferenciar los cortes de exportación de los que se utilizan para consumo interno, de modo que para el bolsillo del ganadero unos queden dolarizados y los otros pesificados.

La recomposición de la lechería es otra de las propuestas del gobierno, que no estaba siendo instrumentada en la práctica por problemas burocráticos, relacionados con los balances impositivos de los productores. Pero ahora ha empezado a agilizarse, según dicen, con la directa intervención de su mentor, el ministro de Economía.

La flexible actitud de CARBAP es todo un anticipo de las jornadas que vendrán en lo sucesivo. Los dirigentes se sentarán a negociar para obtener la mayor cantidad de compensaciones y para agilizar su materialización, mientras en el plano político rumiarán la relación futura con los gobernantes y la oposición que se rearme.

Ganadores y perdedores

Los números que se hacen en los bastiones sojeros, como Rosario, sobre la distribución de la totalidad del valor de la producción dan cuenta que 58% se utiliza en los gastos, cosecha y transporte, 39% se lleva el fisco y el 3% queda para el productor no alcanzado por los subsidios, el mediano por ejemplo.

“Cuando se vende una tonelada de soja, el Estado se lleva US$ 235 y el productor, US$ 20. En la práctica, y como consecuencia de las retenciones, el dólar para el productor cuando vende las soja es de $ 1,73 y llega hasta 2,2 en otros cereales, pero cuando compra sus insumos lo hace con un tipo de cambio de 3,15 o más si el producto es importado y está sujeto a prelievos.

Para el caso del maíz, si la tonelada pasa de US$ 225 la tonelada a US$ 275, el Estado se lleva US$ 39 y el productor sólo US$ 11 y, en el caso del trigo, una suba similar de US$ 50 implica que el Estado se queda con US$ 16 y el productor con US$ 34.

Los reintegros que logren cobrar los productores cuya explotación encuadre en el tamaño y capacidad productiva caracterizado por el gobierno nacional para considerarlos “pequeños” alterarán esos cálculos, pero para los que no clasifiquen cualquier suba que haya en soja y girasol en los mercados internacionales será a favor del gobierno, en tanto que si se apuesta al trigo o maíz, se ganará más con menor incremento de precios a nivel mundial.

Los grandes exportadores que sacan 70 % de la soja del país son 20 compañías, cuyos vínculos con el poder se comparecen con la escala de negocios en la que se mueven y, por lo tanto, sus intereses corporativos no coinciden con los de los restantes productores “sindicalizados”.

En todo caso, el punto de contacto es el avance que van teniendo sobre los campos que sus dueños o inquilinos descartan a medida que dejan de ser rentables.

El éxodo del campo a la ciudad se corrobora en los últimos datos disponibles del censo del INdEC: poco más del 10% de la población del país es “rural” (localidades con menos de 2000 habitantes) y cerca de 21 millones de personas (el 52% del total) viven en los diez aglomerados urbanos más grandes del país.

De acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2002, desaparecieron 103.405 productores en el país: de 421.221 productores que había en 1988, en el 2002 había 317.816 productores, el 24,5% menos. Sólo en la región pampeana de 196.254 productores que había en 1998, en el 2002 pasaron a 136.345 productores, un 30,5% menos.

La rentabilidad de las explotaciones es la que permite invertir en tecnología y almacenamiento para pertrecharse a la espera de épocas de no tan buenas condiciones internacionales.

Cuando Kirchner llegó al gobierno en 2003, las retenciones a la soja y el girasol estaban en 23,5%. Con el reciente “aumento móvil”, la tasa había superado el 44% en el caso de la soja y bordeó el 40% en el del girasol. En los actuales niveles de precios, el esquema implica que por cada dólar que aumenten la soja, el girasol, el trigo y el maíz, el Estado se queda con US$ 0,81, US$ 0,78, US$ 0,48 y US$ 0,45, respectivamente, salvo para aquellos productores que sean alcanzados en la práctica por los subsidios, entre quienes no se cuentan los medianos.

La prioridad para el ministro de Economía, Martín Lousteau, no pasa ahora por el modelo de país que se juega detrás de las medidas para asegurar el superávit primario, sino las urgencias para cubrir la movilidad previsional, el plan antiinflacionario basado en compensaciones fiscales a tarifas y precios y la crisis energética, entre las que el subsidio al gasoil (una parte del cual se destina al campo) ocupa una porción significativa.