El Gobierno envió al Congreso el proyecto de emergencia económica
La iniciativa incluye la renegociación de contratos de la gestión anterior y la suspensión por 180 días hábiles de la tramitación de juicios contra el Estado. Podrían cambiar las condiciones de trabajo del sector público.
El Gobierno envió ayer al Parlamento el proyecto de ley que declara la emergencia económica-financiera del Estado nacional por un año e incluye la rescisión o renegociación de contratos, dispone la baja de personal público designado el año pasado, suspende los juicios contra el Estado y determina la consolidación de la deuda a partir de abril de 1991. Por otro lado, el proyecto oficial autoriza al Gobierno a reubicar a los empleados públicos dentro de una misma zona geográfica y en el mismo escalafón o categoría si así lo requiere para una mejor racionalización del Estado. La iniciativa despertó ayer reacciones adversas en legisladores de la propia Alianza, respecto a la intención de limitar la ley de empleo público, sancionada apenas unos meses atrás con el voto del peronismo y de la coalición. El proyecto ordena al Estado a que en las negociaciones con los sindicatos del sector público revise “las condiciones laborales en sus aspectos jurídicos, operativos y salariales de cada uno de los regímenes de empleo pertinentes”.
(Clarín, La Prensa)
El Gobierno envió ayer al Parlamento el proyecto de ley que declara la emergencia económica-financiera del Estado nacional por un año e incluye la rescisión o renegociación de contratos, dispone la baja de personal público designado el año pasado, suspende los juicios contra el Estado y determina la consolidación de la deuda a partir de abril de 1991. Por otro lado, el proyecto oficial autoriza al Gobierno a reubicar a los empleados públicos dentro de una misma zona geográfica y en el mismo escalafón o categoría si así lo requiere para una mejor racionalización del Estado. La iniciativa despertó ayer reacciones adversas en legisladores de la propia Alianza, respecto a la intención de limitar la ley de empleo público, sancionada apenas unos meses atrás con el voto del peronismo y de la coalición. El proyecto ordena al Estado a que en las negociaciones con los sindicatos del sector público revise “las condiciones laborales en sus aspectos jurídicos, operativos y salariales de cada uno de los regímenes de empleo pertinentes”.
(Clarín, La Prensa)
