El Gobierno dio a conocer fuertes cifras de evasión
41% de los empleados trabaja "en negro" y las empresas evaden $ 7.000 millones anuales en cargas sociales, según un relevamiento del Ministerio de Trabajo, realizado en conjunto con la Anses y la Afip.
(NA). – Un total de 3.744.497 trabajadores no está registrado por sus empleadores, que evaden cargas sociales por alrededor de $ 7.000 millones anuales, una cifra que “atenta” contra la reactivación de la economía, de acuerdo con un informe difundido hoy (miércoles 29) por el Ministerio de Trabajo.
El relevamiento de la cartera laboral, realizado en conjunto con la Anses y la Afip, señala que de los 9.115.001 empleados en actividad, 41,1% del total trabaja “en negro”.
A pesar del menor costo que representan para las empresas, los empleados “en negro” cobran un salario promedio de $ 404,33 mensuales, contra los 705,50 que perciben los trabajadores registrados.
Para Silvia Larrufa, directora de Inspecciones del Trabajo, “si esos empleados no registrados tendrían el acceso al crédito que tiene el resto generarían un consumo que promovería alrededor de 40.000 fuentes de trabajo por año”.
“Esta situación no sólo provoca que haya trabajadores en peores condiciones económicas, sino que también retrasa el crecimiento económico”, agregó Larrufa.
La funcionaria puntualizó que los asalariados no registrados “están al margen de la seguridad social, reciben un salario sustancialmente menor, no pueden sindicalizarse ni beneficiarse de la negociación colectiva”.
“Además, el Sistema Unico de la Seguridad Social deja de percibir cerca de $ 7.000 millones anuales por las cargas sociales evadidas por las empresas”, agregó.
En ese sentido, Larrufa indicó que reducir esos niveles de evasión “vendría muy bien para alcanzar el objetivo de déficit cero”.
La directora indicó que el trabajo no registrado “tiene dos modalidades: uno se da en la economía formal, donde se elude la carga impositiva”, y expresó que para combatir este caso “se deben mejorar los mecanismos de control”.
“Pero, el problema principal es el trabajo en negro directo, que se verifica, sobre todo, en el sector rural y en la construcción, donde se agrega, además, el grave problema de la siniestralidad”, añadió.
Dividido por zonas, señaló que “en el Noroeste se da la mayor parte de trabajo en negro, con 60% del total, mientras que en el sur se encontró el menor registro, entre 15 a 18%”.
“En Buenos Aires se registra alrededor de 30%, mientras que en el centro del país se da la media del trabajo en negro, es decir, cerca de 40%”, agregó Larrufa, en declaraciones que efectuó a radio Intereconomía.
El relevamiento se llama Plan Federal contra el Empleo No Registrado, y, según la cartera laboral, se realiza con el objetivo de “dar continuidad y profundizar los mecanismos de control y fiscalización que los distintos organismos nacionales”.
Puntualizó que tiene el objetivo de “desalentar la competencia desleal entre empresas y difundir las normas y procedimientos que requiere el cumplimiento de la legislación sociolaboral”.
Remarcó que esta etapa de acciones de fiscalización se realizó hasta julio “mediante un esquema organizativo que se caracterizó básicamente por la actuación coordinada del Ministerio de Trabajo, la Anses y la Afip”.
Se realizó “a través de un único procedimiento simplificado, la verificación informática de la situación registral de trabajadores relevados y la exhortación de empleadores a la incorporación de trabajadores al sistema, como paso previo a la remisión de actuaciones a la Afip”, concluyó.
(NA). – Un total de 3.744.497 trabajadores no está registrado por sus empleadores, que evaden cargas sociales por alrededor de $ 7.000 millones anuales, una cifra que “atenta” contra la reactivación de la economía, de acuerdo con un informe difundido hoy (miércoles 29) por el Ministerio de Trabajo.
El relevamiento de la cartera laboral, realizado en conjunto con la Anses y la Afip, señala que de los 9.115.001 empleados en actividad, 41,1% del total trabaja “en negro”.
A pesar del menor costo que representan para las empresas, los empleados “en negro” cobran un salario promedio de $ 404,33 mensuales, contra los 705,50 que perciben los trabajadores registrados.
Para Silvia Larrufa, directora de Inspecciones del Trabajo, “si esos empleados no registrados tendrían el acceso al crédito que tiene el resto generarían un consumo que promovería alrededor de 40.000 fuentes de trabajo por año”.
“Esta situación no sólo provoca que haya trabajadores en peores condiciones económicas, sino que también retrasa el crecimiento económico”, agregó Larrufa.
La funcionaria puntualizó que los asalariados no registrados “están al margen de la seguridad social, reciben un salario sustancialmente menor, no pueden sindicalizarse ni beneficiarse de la negociación colectiva”.
“Además, el Sistema Unico de la Seguridad Social deja de percibir cerca de $ 7.000 millones anuales por las cargas sociales evadidas por las empresas”, agregó.
En ese sentido, Larrufa indicó que reducir esos niveles de evasión “vendría muy bien para alcanzar el objetivo de déficit cero”.
La directora indicó que el trabajo no registrado “tiene dos modalidades: uno se da en la economía formal, donde se elude la carga impositiva”, y expresó que para combatir este caso “se deben mejorar los mecanismos de control”.
“Pero, el problema principal es el trabajo en negro directo, que se verifica, sobre todo, en el sector rural y en la construcción, donde se agrega, además, el grave problema de la siniestralidad”, añadió.
Dividido por zonas, señaló que “en el Noroeste se da la mayor parte de trabajo en negro, con 60% del total, mientras que en el sur se encontró el menor registro, entre 15 a 18%”.
“En Buenos Aires se registra alrededor de 30%, mientras que en el centro del país se da la media del trabajo en negro, es decir, cerca de 40%”, agregó Larrufa, en declaraciones que efectuó a radio Intereconomía.
El relevamiento se llama Plan Federal contra el Empleo No Registrado, y, según la cartera laboral, se realiza con el objetivo de “dar continuidad y profundizar los mecanismos de control y fiscalización que los distintos organismos nacionales”.
Puntualizó que tiene el objetivo de “desalentar la competencia desleal entre empresas y difundir las normas y procedimientos que requiere el cumplimiento de la legislación sociolaboral”.
Remarcó que esta etapa de acciones de fiscalización se realizó hasta julio “mediante un esquema organizativo que se caracterizó básicamente por la actuación coordinada del Ministerio de Trabajo, la Anses y la Afip”.
Se realizó “a través de un único procedimiento simplificado, la verificación informática de la situación registral de trabajadores relevados y la exhortación de empleadores a la incorporación de trabajadores al sistema, como paso previo a la remisión de actuaciones a la Afip”, concluyó.
