El gobierno compensa con ajustes encubiertos y subsidios a empresarios que acatan el Indec

El matrimonio presidencial pasó de la inflación controlada a la disimulada. Luego a negarla estadísticamente y ahora recala en una novedosa versión: la inflación silente, que consiste en aflojar aumentos entre subterfugios técnicos y subsidios.

13 febrero, 2008

A la carne le están por autorizar 10 % siempre que las entidades de productores
“no digan nada”. A los lácteos les dieron entre 2 y 4 %, más
el agregado de un subsidio a los tamberos. Los colegios privados tendrán
que mantener la tarifa de diciembre, pero podrán aumentar hasta 12 %, con
una cuota de refuerzo.

Los empresarios que hoy aspiran a ajustar los valores de sus productos tienen
que aceptar como condición subordinarse al mutismo ordenado oficialmente:
usar eufemismos en los anuncios, practicar discretas remarcaciones selectivas
en las listas y evitar cuestionamientos públicos al índice que
mide los precios.

El manejo bajo cuerda de la economía (reflejado en los subsidios crecientes
que otorga el gobierno para frenar los impactos registrados) bifurca el camino
entre lo real y lo establecido, una sofisticada versión aritmética
entre lo blanco y lo negro.

Los estudios contables multiplican el ingenio para inventar fórmulas
que sus clientes puedan cumplir con los dictámenes oficiales y, a la
vez, resarcirse de los congelamientos con beneficios fiscales por las ponderaciones
subvaluadas. Si no obtienen subsidios directos, los subterfugios para ocultar
los precios reales pueden convertirse en factores de desgravación impositiva.

Los hombres de negocios nativos aprendieron rápido a moverse en esas
dualidades, no así los ejecutivos de multinacionales, que muchas veces
colisionan con el Estado por no aceptar el juego múltiple de los números.
En el sector servicios, los hubo ya que arrojaron las llaves sobre la mesa y
se retiraron.

Los convenios colectivos en marcha pondrán a prueba una vez más
la creatividad del gobierno para que ajustes salariales dispersos, que seguramente
promediarán el 30 %, no aparezcan en la planilla que pasa por la Secretaría
de Comercio y carga el INdEC.

Subsidios

El aumento selectivo para los tamberos más chicos que ideó el
ministro de Economía, Martín Lousteau, no va a la lista, sino
que entra como compensación en la caja. Los 7 centavos que aporta el
Estado a los productores que entregan menos de 5.000 litros diarios se agregan
a los 83 que paga la industria por disposición oficial, con lo cual redondea
un precio equivalente a 90 centavos, todavía 10 % debajo de lo que reclama
el sector. La escala sigue con 3 centavos adicionales para cada litro de los
5.000 básicos, que se hace uno en volúmenes totales superiores
a los 10.000 litros.

De todos modos, el subsidio otorgado a los productores para que las usinas
lácteas no deban pagar esa diferencia como precio y trasladarla al consumidor
no será suficiente para mejorar la producción de leche, como ya
lo muestra la caída del 8 % que registrara en enero.

La intervención estatal en la estructura de formación de los
precios lejos está de beneficiar a la población de más
bajos recursos. La cajera del supermercado no distingue entre pobres y ricos
al pasar por el lector óptico los códigos de barras.

El uso del subsidio entraña otros alcances que el de las economías
hogareñas. El empresario que lo recibe entra en un sistema diseñado
por el gobierno para encubrir inflación, lo cual tiene efectos en otros
factores que inciden en los costos, como sueldos, actualizaciones financieras
mediante el CER y balance fiscal.

Es claro el objetivo político que guía su distribución
cuando se mira la reforma de los aportes previsionales encarada por la administración
de Cristina Kirchner, que derivó recursos hacia las obras sociales, sin
que ello redunde en una mejora para los afiliados, sino un desahogo para los
dirigentes que, supuestamente, colaborarán con la pauta oficial de inflación.

Para que las obras sociales reciban $ 600 millones más y lo repartan
con las empresas de medicina prepaga, la transferencia proviene de los contribuyentes
monotributistas, que aportan 50 % más que el año pasado, y de
los propios asalariados en relación de dependencia, que de $ 4800 van
a $ 6.750 promedio.

El otro gran tema de sustitución de subsidio por precio se encuentra
en la energía. Además que las empresas pagan 30 % más de
costo por los refuerzos que debieron incorporar y los combustibles alternativos,
al Estado le representó una erogación de $ 8330 millones, más
del doble que el año anterior, de los que Cammesa (mercado eléctrico
mayorista) percibió $ 4.428 millones para aplicar a la compra de fueloil,
principalmente a Venezuela, necesario para el funcionamiento de las centrales
que funcionan a gas.

Transporte

El año comenzó con un ajuste generalizado del transporte, cuya
tarifa permanecía congelada pero apuntalada por subsidios a las empresas
prestatarias del servicio.

La justificación de la medida fue, precisamente, que el aumento se otorgaba
para aliviar la carga del Estado en el sostenimiento de los valores poscrisis
del 2002.

Pero en la práctica no se ahorraron los $ 600 millones en subsidios,
como anunciara el gobierno. El Sistema Integrado del Transporte (Sitrans) -un
fondo destinado a trenes y camiones- repartió $ 327 millones.

Si la comparación se hace con diciembre -cuando los subsidios llegaron
a $ 322 millones-, el aumento de la erogación de enero fue del 1%. Si
la comparación, en cambio fuese contra enero del año pasado, el
incremento sería de 307%. Desde la Secretaría de Transportes se
distribuyeron $ 80,5 millones, frente a los 327 millones del período
siguiente.

En total, Ricardo Jaime, distribuyó $ 4218,8 millones el año
anterior entre las empresas de colectivos (1864 millones), los concesionarios
de trenes y subtes del área metropolitana (2307 millones), el ferrocarril
General Belgrano (32 millones) y la aerolínea estatal fantasma Lafsa,
que recibió 5,2 millones y tiene presupuestados otros 3,6 millones para
este año.

La masa de subsidios aplicados a contener el impacto de la crisis energética,
mantener congeladas las tarifas del transporte y la electricidad en los hogares
-en ambos casos, sólo en el área metropolitana-, acotar la suba
de precios en algunos alimentos y financiar empresas públicas, fue incrementada
el año pasado hasta $ 14.626,2 millones, según un informe de la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública (ASAP) elaborado sobre la base de datos oficiales. Equivale a
un 125% de aumento respecto del año anterior y a unos $ 40 millones por
día.

Nada más que para detener la suba de alimentos, se destinaron $1.181,
sin que ello fuera suficiente para evitar que la leche, el pollo, la carne roja
y los cereales presionaran sobre el IPC y obligaran a volteretas técnicas
en torno del índice oficial.

Aunque sin que incidiera directamente en los precios, el gobierno distribuyó
a las empresas públicas $ 521,8 millones; principalmente los fondos se
dirigieron al Sistema Nacional de Medios Públicos, Agua y Saneamientos
Argentinos (AySA) y la agencia de noticias Télam. Hubo además
328,9 millones para el sector rural y forestal y 44,8 millones para la industria,
uno de los pocos sectores que recibieron el año pasado menos fondos que
en 2006. Se repartieron también 1497,2 millones en préstamos reintegrables
para Cammesa, el Ente Binacional Yacyretá, Enarsa y la industria.

Este año, hasta Aerolíneas Argentinas acaba de cobrar una ayuda
estatal para poder pagar los sueldos y contribuir a aplacar el conflicto que
varaba los aviones en los aeropuertos nacionales. Según El Cronista del
martes, Aerolíneas recibió una compensación de combustibles
por $ 25 millones para cancelar deudas salariales, aunque la versión
de la empresa es que esa suma en realidad la venía reclamando desde hacía
seis meses y se la dieron en enero para enjugar una pérdida de $ 15 millones
que le reportó el conflicto.

A la carne le están por autorizar 10 % siempre que las entidades de productores
“no digan nada”. A los lácteos les dieron entre 2 y 4 %, más
el agregado de un subsidio a los tamberos. Los colegios privados tendrán
que mantener la tarifa de diciembre, pero podrán aumentar hasta 12 %, con
una cuota de refuerzo.

Los empresarios que hoy aspiran a ajustar los valores de sus productos tienen
que aceptar como condición subordinarse al mutismo ordenado oficialmente:
usar eufemismos en los anuncios, practicar discretas remarcaciones selectivas
en las listas y evitar cuestionamientos públicos al índice que
mide los precios.

El manejo bajo cuerda de la economía (reflejado en los subsidios crecientes
que otorga el gobierno para frenar los impactos registrados) bifurca el camino
entre lo real y lo establecido, una sofisticada versión aritmética
entre lo blanco y lo negro.

Los estudios contables multiplican el ingenio para inventar fórmulas
que sus clientes puedan cumplir con los dictámenes oficiales y, a la
vez, resarcirse de los congelamientos con beneficios fiscales por las ponderaciones
subvaluadas. Si no obtienen subsidios directos, los subterfugios para ocultar
los precios reales pueden convertirse en factores de desgravación impositiva.

Los hombres de negocios nativos aprendieron rápido a moverse en esas
dualidades, no así los ejecutivos de multinacionales, que muchas veces
colisionan con el Estado por no aceptar el juego múltiple de los números.
En el sector servicios, los hubo ya que arrojaron las llaves sobre la mesa y
se retiraron.

Los convenios colectivos en marcha pondrán a prueba una vez más
la creatividad del gobierno para que ajustes salariales dispersos, que seguramente
promediarán el 30 %, no aparezcan en la planilla que pasa por la Secretaría
de Comercio y carga el INdEC.

Subsidios

El aumento selectivo para los tamberos más chicos que ideó el
ministro de Economía, Martín Lousteau, no va a la lista, sino
que entra como compensación en la caja. Los 7 centavos que aporta el
Estado a los productores que entregan menos de 5.000 litros diarios se agregan
a los 83 que paga la industria por disposición oficial, con lo cual redondea
un precio equivalente a 90 centavos, todavía 10 % debajo de lo que reclama
el sector. La escala sigue con 3 centavos adicionales para cada litro de los
5.000 básicos, que se hace uno en volúmenes totales superiores
a los 10.000 litros.

De todos modos, el subsidio otorgado a los productores para que las usinas
lácteas no deban pagar esa diferencia como precio y trasladarla al consumidor
no será suficiente para mejorar la producción de leche, como ya
lo muestra la caída del 8 % que registrara en enero.

La intervención estatal en la estructura de formación de los
precios lejos está de beneficiar a la población de más
bajos recursos. La cajera del supermercado no distingue entre pobres y ricos
al pasar por el lector óptico los códigos de barras.

El uso del subsidio entraña otros alcances que el de las economías
hogareñas. El empresario que lo recibe entra en un sistema diseñado
por el gobierno para encubrir inflación, lo cual tiene efectos en otros
factores que inciden en los costos, como sueldos, actualizaciones financieras
mediante el CER y balance fiscal.

Es claro el objetivo político que guía su distribución
cuando se mira la reforma de los aportes previsionales encarada por la administración
de Cristina Kirchner, que derivó recursos hacia las obras sociales, sin
que ello redunde en una mejora para los afiliados, sino un desahogo para los
dirigentes que, supuestamente, colaborarán con la pauta oficial de inflación.

Para que las obras sociales reciban $ 600 millones más y lo repartan
con las empresas de medicina prepaga, la transferencia proviene de los contribuyentes
monotributistas, que aportan 50 % más que el año pasado, y de
los propios asalariados en relación de dependencia, que de $ 4800 van
a $ 6.750 promedio.

El otro gran tema de sustitución de subsidio por precio se encuentra
en la energía. Además que las empresas pagan 30 % más de
costo por los refuerzos que debieron incorporar y los combustibles alternativos,
al Estado le representó una erogación de $ 8330 millones, más
del doble que el año anterior, de los que Cammesa (mercado eléctrico
mayorista) percibió $ 4.428 millones para aplicar a la compra de fueloil,
principalmente a Venezuela, necesario para el funcionamiento de las centrales
que funcionan a gas.

Transporte

El año comenzó con un ajuste generalizado del transporte, cuya
tarifa permanecía congelada pero apuntalada por subsidios a las empresas
prestatarias del servicio.

La justificación de la medida fue, precisamente, que el aumento se otorgaba
para aliviar la carga del Estado en el sostenimiento de los valores poscrisis
del 2002.

Pero en la práctica no se ahorraron los $ 600 millones en subsidios,
como anunciara el gobierno. El Sistema Integrado del Transporte (Sitrans) -un
fondo destinado a trenes y camiones- repartió $ 327 millones.

Si la comparación se hace con diciembre -cuando los subsidios llegaron
a $ 322 millones-, el aumento de la erogación de enero fue del 1%. Si
la comparación, en cambio fuese contra enero del año pasado, el
incremento sería de 307%. Desde la Secretaría de Transportes se
distribuyeron $ 80,5 millones, frente a los 327 millones del período
siguiente.

En total, Ricardo Jaime, distribuyó $ 4218,8 millones el año
anterior entre las empresas de colectivos (1864 millones), los concesionarios
de trenes y subtes del área metropolitana (2307 millones), el ferrocarril
General Belgrano (32 millones) y la aerolínea estatal fantasma Lafsa,
que recibió 5,2 millones y tiene presupuestados otros 3,6 millones para
este año.

La masa de subsidios aplicados a contener el impacto de la crisis energética,
mantener congeladas las tarifas del transporte y la electricidad en los hogares
-en ambos casos, sólo en el área metropolitana-, acotar la suba
de precios en algunos alimentos y financiar empresas públicas, fue incrementada
el año pasado hasta $ 14.626,2 millones, según un informe de la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública (ASAP) elaborado sobre la base de datos oficiales. Equivale a
un 125% de aumento respecto del año anterior y a unos $ 40 millones por
día.

Nada más que para detener la suba de alimentos, se destinaron $1.181,
sin que ello fuera suficiente para evitar que la leche, el pollo, la carne roja
y los cereales presionaran sobre el IPC y obligaran a volteretas técnicas
en torno del índice oficial.

Aunque sin que incidiera directamente en los precios, el gobierno distribuyó
a las empresas públicas $ 521,8 millones; principalmente los fondos se
dirigieron al Sistema Nacional de Medios Públicos, Agua y Saneamientos
Argentinos (AySA) y la agencia de noticias Télam. Hubo además
328,9 millones para el sector rural y forestal y 44,8 millones para la industria,
uno de los pocos sectores que recibieron el año pasado menos fondos que
en 2006. Se repartieron también 1497,2 millones en préstamos reintegrables
para Cammesa, el Ente Binacional Yacyretá, Enarsa y la industria.

Este año, hasta Aerolíneas Argentinas acaba de cobrar una ayuda
estatal para poder pagar los sueldos y contribuir a aplacar el conflicto que
varaba los aviones en los aeropuertos nacionales. Según El Cronista del
martes, Aerolíneas recibió una compensación de combustibles
por $ 25 millones para cancelar deudas salariales, aunque la versión
de la empresa es que esa suma en realidad la venía reclamando desde hacía
seis meses y se la dieron en enero para enjugar una pérdida de $ 15 millones
que le reportó el conflicto.

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