El Gobierno busca un acuerdo social con las provincias
Quieren firmar un "pacto social federal" y ampliar el alcance del acuerdo fiscal con los gobernadores. La iniciativa intenta coordinar la ejecución de los planes asistenciales y hacer más eficiente el gasto social.
El Gobierno quiere coordinar, con las provincias, las estrategias de intervención social; la decisión fue adoptada ayer (lunes 11) por el gabinete social, durante una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo.
Según fuentes del Gobierno, la idea apunta a comprometer a los gobernadores en un pacto social federal que amplíe los alcances del acuerdo fiscal firmado hace tres semanas.
En esa negociación, Economía les garantizó a las provincias la entrega de $ 225 millones para gastos sociales durante 2001, y unos $ 100 millones en los años siguientes.
La propuesta abarca los siguientes puntos:
· Unificación de los padrones de beneficiarios de programas nacionales y provinciales, para eliminar las prestaciones dobles que reciben numerosas familias.
· Instalación de una ventanilla única por provincia para administrar y controlar todos los planes sociales. Así se buscará transparencia y ahorro en gastos burocráticos. El presupuesto social de la Nación alcanzará el año próximo a $ 3.600 millones y se estima que los programas a cargo de las provincias duplicarían esa cifra.
· Creación de consejos locales (integrados por delegados nacionales, provinciales y municipales, junto a representantes de la Iglesia y otras entidades civiles) para fijar las prioridades de cada región y garantizar la distribución de las prestaciones.
La propuesta es complementaria de la unificación de programas que prepara el equipo de Colombo —pasarían de 65 a 18— para concentrar la inversión social en la atención de los sectores que el Gobierno considera más vulnerables: los indigentes y los jefes de hogar desocupados.
El apuro que demostró el jefe de Gabinete para fijar esas metas fue interpretado como una velada réplica a un capítulo del documento que Carlos Alvarez le envió al presidente Fernando de la Rúa.
En ese texto, el ex vicepresidente propicia la centralización del gasto social en un solo organismo. Y el equipo de Colombo —que incluye al chachista Marcos Makón, número dos de la Jefatura de Gabinete— califica esa idea de inviable.
Argumenta que es imposible reasignar fondos que mayoritariamente reciben financiamiento externo o tienen asignación específica, como el Fonavi y las pensiones graciables, que se llevan la mitad del gasto social.
La idea de convocar a las provincias para motorizar el área social fue consensuada por Colombo —coordinador del gabinete social— con los ministros de Educación, Hugo Juri, de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, y de Salud, Héctor Lombardo. A la reunión, en la Jefatura de Gabinete, asistieron también César Martucci, por el Ministerio del Interior, Guillermo Rozenwurcel, por Economía, y Juan Manuel Velasco, por Trabajo.
El Gobierno quiere coordinar, con las provincias, las estrategias de intervención social; la decisión fue adoptada ayer (lunes 11) por el gabinete social, durante una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo.
Según fuentes del Gobierno, la idea apunta a comprometer a los gobernadores en un pacto social federal que amplíe los alcances del acuerdo fiscal firmado hace tres semanas.
En esa negociación, Economía les garantizó a las provincias la entrega de $ 225 millones para gastos sociales durante 2001, y unos $ 100 millones en los años siguientes.
La propuesta abarca los siguientes puntos:
· Unificación de los padrones de beneficiarios de programas nacionales y provinciales, para eliminar las prestaciones dobles que reciben numerosas familias.
· Instalación de una ventanilla única por provincia para administrar y controlar todos los planes sociales. Así se buscará transparencia y ahorro en gastos burocráticos. El presupuesto social de la Nación alcanzará el año próximo a $ 3.600 millones y se estima que los programas a cargo de las provincias duplicarían esa cifra.
· Creación de consejos locales (integrados por delegados nacionales, provinciales y municipales, junto a representantes de la Iglesia y otras entidades civiles) para fijar las prioridades de cada región y garantizar la distribución de las prestaciones.
La propuesta es complementaria de la unificación de programas que prepara el equipo de Colombo —pasarían de 65 a 18— para concentrar la inversión social en la atención de los sectores que el Gobierno considera más vulnerables: los indigentes y los jefes de hogar desocupados.
El apuro que demostró el jefe de Gabinete para fijar esas metas fue interpretado como una velada réplica a un capítulo del documento que Carlos Alvarez le envió al presidente Fernando de la Rúa.
En ese texto, el ex vicepresidente propicia la centralización del gasto social en un solo organismo. Y el equipo de Colombo —que incluye al chachista Marcos Makón, número dos de la Jefatura de Gabinete— califica esa idea de inviable.
Argumenta que es imposible reasignar fondos que mayoritariamente reciben financiamiento externo o tienen asignación específica, como el Fonavi y las pensiones graciables, que se llevan la mitad del gasto social.
La idea de convocar a las provincias para motorizar el área social fue consensuada por Colombo —coordinador del gabinete social— con los ministros de Educación, Hugo Juri, de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, y de Salud, Héctor Lombardo. A la reunión, en la Jefatura de Gabinete, asistieron también César Martucci, por el Ministerio del Interior, Guillermo Rozenwurcel, por Economía, y Juan Manuel Velasco, por Trabajo.
