El FMI valida la inflación dibujada en sus proyecciones y Solá bosquejó un arreglo con el campo.
La apelación de Cristina Kirchner para no dar siempre pálidas tuvo eco en Washington: inesperadamente calcularon menos inflación que la dibujada en el INdEC. Además, un archivado Solá le encontró una vuelta a la tregua agropecuaria.
Si alguna mano le faltaba al gobierno para emerger del atolladero político
en que se encuentra desde el paro agropecuario, vino por el lado menos esperado,
el Fondo Monetario Internacional: en el informe denominado Panorama de la Economía
Mundial, a presentar este fin de semana, estimará una inflación
anual para la Argentina del 9,2 %, cuando ese porcentaje ya se habría cubierto
casi todo en el primer trimestre, a juzgar por los índices privados.
Ningún instituto que no sea el oficial baja de cálculos inferiores
al 30 %, y ya los economistas independientes proponen una serie de medidas monetarias
tendientes a controlar la inflación reconociendo un menor crecimiento.
El INdEC ha preparado un mejunje metodológico para promediar las jornadas
normales con aquellas en que el abastecimiento estuvo comprometido por los cortes
de ruta de los productores, y el resultado que aguarda a la salida de la cocina
es del 1,5 % para marzo.
El reporte del FMI desliza que las estadísticas oficiales del país
gozan de desconfianza, pero homologa la manipulación de los últimos
tres meses en la previsión anual. Lo raro es que el organismo corrigió
en menos su primera estimación, que era del 12,6 %, lo mismo que subió
la hipótesis del crecimiento, que de 5,5 pasó a 7 %.
La señal de peligro se enciende en la cuenta corriente del balance de
pagos, que de un superávit de 0,4 % este año, estima que descenderá
a un déficit de 0,5 % en 2009.
La visión optimista del FMI acerca de la Argentina, en contraste con
las perspectivas de recesión que avizora en Estados Unidos, no es un
dato menor, en momentos en que el gobierno nacional empieza a transitar el difícil
camino de reconstruir los puentes financieros con el mundo, justo en esta época
de endurecimiento por la crisis llamada subprime.
Una consultora local vinculada con grupos inversores, como Prefinex, puntualiza
en su último reporte especial que “la política económica
debe recuperar la racionalidad, siendo la solución definitiva al conflicto
del agro un buen punto de partida. De lo contrario, es probable que la inversión
se ralentice aún más, reduciendo de esta forma el crecimiento
sustentable de la Argentina e imposibilitando una mejora en los indicadores
de pobreza que han revertido su tendencia positiva el último año
de la mano de la inflación en ascenso”.
Los economistas Nicolás Bridger y Osvaldo Cado sostienen, en tal sentido,
que está por verse si la solución final del conflicto entre el
campo y el gobierno, que se encuentra en un impasse, pasará por:
a) mantener/profundizar el esquema de retenciones, prohibiciones de exportación
y controles diversos de precios compensados con subsidios crecientes, o
b) barajar y dar de nuevo adoptando un sistema de precios más eficiente
y que realmente promueva la producción de los productos más castigados
(ej. lácteos, carnes).
Evalúan que, si hay desenlace sin nuevos cortes, los costos visibles
de la crisis como la menor recaudación impositiva (en marzo el crecimiento
de la recaudación fue de 27% a/a vs 48% a/a del primer bimestre), la
menor liquidación de exportaciones (el BCRA compró sólo
US$ 600 millones en marzo vs US$ 1.628 millones en marzo de 2007) y la menor
producción industrial de algunos rubros, se revertirán en los
próximos meses.
Las excepciones son la leche que se echó a perder y algunos animales
que debieron ser sacrificados.
Sin embargo, advierten que hay costos menos tangibles que perdurarán
y son de una magnitud muy superior a los anteriores, como la imprevisibilidad
y mayor incertidumbre de la política económica argentina, que
se traducen en mayores retornos esperados de los inversores para compensar este
riesgo incremental, generando menores niveles de inversión. “Si
bien la inversión hasta ahora ha sido dinámica y ha acompañado
al crecimiento, no es algo que el gobierno debe dar por sentado. Si al problema
de la inflación creciente y de rumbo impredecible (además de la
ausencia de un parámetro creíble) ahora le sumamos la posibilidad
que el gobierno se expropie de ganancias arbitrariamente definidas como extraordinarias,
no debe extrañarnos que hoy por hoy no haya grandes planes de inversión
(salvo los financiados por el Estado). Esto se evidencia en la evolución
del riesgo país en Argentina y Brasil: en enero 2007, la diferencia entre
ambos era mínima (30 puntos básicos); desde ese entonces, que
no casualmente es el momento a partir del cual la manipulación de INDEC
se hizo innegable, esta diferencia ha crecido y hoy se ubica en 270 puntos básicos”,
desgranan.
El mayor costo, indican, va a acrecentar los pagos anuales hipotéticos
de los US$ 9.000 millones que el gobierno tiene que refinanciar en 2008-09 en
US$ 270 millones por año al infinito (suponiendo que se refinancian mediante
una perpetuidad), más de la mitad de los ingresos incrementales esperados
del paquete fiscal anunciado el 11 de marzo. “Y esto no tiene en cuenta
los menores volúmenes de inversiones privadas, de difícil cuantificación,
y el menor valor actual de las empresas argentinas”, concluyen.
La variante Solá
Dentro de la confusión que reina entre los gobernadores de las provincias
afectadas por la quita oficial, otra tenue luz positiva surgió de un
ex mandatario que reúne la condición de haber pertenecido al círculo
kirchnerista y de provenir de las filas agropecuarias, como dirigente y luego
funcionario: Felipe Solá.
Guardado como estaba en la Cámara de Diputados, salió a la palestra
para tirar las coordenadas hacia un arreglo del conflicto, que según
su impresión primero pasa por acallar las voces altisonantes a los efectos
de sentar a las partes a negociar.
Una vez en situación de diálogo, Solá advierte que los
productores arreglarán si se conversan los costos de la futura siembra,
ya que la actual está plantada con el valor anterior de los agroquímicos,
que fueron los que más aumentaron.
La “concertación” que propone el ex gobernador no debería
hacerse bajo el esquema de las retenciones móviles, por cuanto implican
un valor máximo durante cuatro años, que ninguna posición
empresarial aceptaría por vulnerar precisamente el principio de rentabilidad
que guía a toda inversión.
Aclara que la retención fija un precio y que la compensación
dispuesta para los pequeños productores implica una devolución
del mismo, por lo que no cabe adosarle el cumplimiento con AFIP, la provincia
y los municipios, que es otro tema.
Es de suponer que la salida al ruedo del ex dirigente agropecuario y ex secretario
de Agricultura, tiene algo de background reunido entre sus contactos, incluidos
los de la Casa Rosada.
La discusión sobre una política agropecuaria, sostiene, debería
apuntar a abastecer la mesa del mercado mundial, no basarse en la coyuntura
de cada producto o interés sectorial. De la otra parte del hemisferio
austral, fundamenta, a cada hectárea se le extraen us$ 1300 de rendimiento
mediante el agregado de industrialización y marketing del conjunto alimenticio,
mientras en Argentina actualmente sólo da us$ 300.
Si alguna mano le faltaba al gobierno para emerger del atolladero político
en que se encuentra desde el paro agropecuario, vino por el lado menos esperado,
el Fondo Monetario Internacional: en el informe denominado Panorama de la Economía
Mundial, a presentar este fin de semana, estimará una inflación
anual para la Argentina del 9,2 %, cuando ese porcentaje ya se habría cubierto
casi todo en el primer trimestre, a juzgar por los índices privados.
Ningún instituto que no sea el oficial baja de cálculos inferiores
al 30 %, y ya los economistas independientes proponen una serie de medidas monetarias
tendientes a controlar la inflación reconociendo un menor crecimiento.
El INdEC ha preparado un mejunje metodológico para promediar las jornadas
normales con aquellas en que el abastecimiento estuvo comprometido por los cortes
de ruta de los productores, y el resultado que aguarda a la salida de la cocina
es del 1,5 % para marzo.
El reporte del FMI desliza que las estadísticas oficiales del país
gozan de desconfianza, pero homologa la manipulación de los últimos
tres meses en la previsión anual. Lo raro es que el organismo corrigió
en menos su primera estimación, que era del 12,6 %, lo mismo que subió
la hipótesis del crecimiento, que de 5,5 pasó a 7 %.
La señal de peligro se enciende en la cuenta corriente del balance de
pagos, que de un superávit de 0,4 % este año, estima que descenderá
a un déficit de 0,5 % en 2009.
La visión optimista del FMI acerca de la Argentina, en contraste con
las perspectivas de recesión que avizora en Estados Unidos, no es un
dato menor, en momentos en que el gobierno nacional empieza a transitar el difícil
camino de reconstruir los puentes financieros con el mundo, justo en esta época
de endurecimiento por la crisis llamada subprime.
Una consultora local vinculada con grupos inversores, como Prefinex, puntualiza
en su último reporte especial que “la política económica
debe recuperar la racionalidad, siendo la solución definitiva al conflicto
del agro un buen punto de partida. De lo contrario, es probable que la inversión
se ralentice aún más, reduciendo de esta forma el crecimiento
sustentable de la Argentina e imposibilitando una mejora en los indicadores
de pobreza que han revertido su tendencia positiva el último año
de la mano de la inflación en ascenso”.
Los economistas Nicolás Bridger y Osvaldo Cado sostienen, en tal sentido,
que está por verse si la solución final del conflicto entre el
campo y el gobierno, que se encuentra en un impasse, pasará por:
a) mantener/profundizar el esquema de retenciones, prohibiciones de exportación
y controles diversos de precios compensados con subsidios crecientes, o
b) barajar y dar de nuevo adoptando un sistema de precios más eficiente
y que realmente promueva la producción de los productos más castigados
(ej. lácteos, carnes).
Evalúan que, si hay desenlace sin nuevos cortes, los costos visibles
de la crisis como la menor recaudación impositiva (en marzo el crecimiento
de la recaudación fue de 27% a/a vs 48% a/a del primer bimestre), la
menor liquidación de exportaciones (el BCRA compró sólo
US$ 600 millones en marzo vs US$ 1.628 millones en marzo de 2007) y la menor
producción industrial de algunos rubros, se revertirán en los
próximos meses.
Las excepciones son la leche que se echó a perder y algunos animales
que debieron ser sacrificados.
Sin embargo, advierten que hay costos menos tangibles que perdurarán
y son de una magnitud muy superior a los anteriores, como la imprevisibilidad
y mayor incertidumbre de la política económica argentina, que
se traducen en mayores retornos esperados de los inversores para compensar este
riesgo incremental, generando menores niveles de inversión. “Si
bien la inversión hasta ahora ha sido dinámica y ha acompañado
al crecimiento, no es algo que el gobierno debe dar por sentado. Si al problema
de la inflación creciente y de rumbo impredecible (además de la
ausencia de un parámetro creíble) ahora le sumamos la posibilidad
que el gobierno se expropie de ganancias arbitrariamente definidas como extraordinarias,
no debe extrañarnos que hoy por hoy no haya grandes planes de inversión
(salvo los financiados por el Estado). Esto se evidencia en la evolución
del riesgo país en Argentina y Brasil: en enero 2007, la diferencia entre
ambos era mínima (30 puntos básicos); desde ese entonces, que
no casualmente es el momento a partir del cual la manipulación de INDEC
se hizo innegable, esta diferencia ha crecido y hoy se ubica en 270 puntos básicos”,
desgranan.
El mayor costo, indican, va a acrecentar los pagos anuales hipotéticos
de los US$ 9.000 millones que el gobierno tiene que refinanciar en 2008-09 en
US$ 270 millones por año al infinito (suponiendo que se refinancian mediante
una perpetuidad), más de la mitad de los ingresos incrementales esperados
del paquete fiscal anunciado el 11 de marzo. “Y esto no tiene en cuenta
los menores volúmenes de inversiones privadas, de difícil cuantificación,
y el menor valor actual de las empresas argentinas”, concluyen.
La variante Solá
Dentro de la confusión que reina entre los gobernadores de las provincias
afectadas por la quita oficial, otra tenue luz positiva surgió de un
ex mandatario que reúne la condición de haber pertenecido al círculo
kirchnerista y de provenir de las filas agropecuarias, como dirigente y luego
funcionario: Felipe Solá.
Guardado como estaba en la Cámara de Diputados, salió a la palestra
para tirar las coordenadas hacia un arreglo del conflicto, que según
su impresión primero pasa por acallar las voces altisonantes a los efectos
de sentar a las partes a negociar.
Una vez en situación de diálogo, Solá advierte que los
productores arreglarán si se conversan los costos de la futura siembra,
ya que la actual está plantada con el valor anterior de los agroquímicos,
que fueron los que más aumentaron.
La “concertación” que propone el ex gobernador no debería
hacerse bajo el esquema de las retenciones móviles, por cuanto implican
un valor máximo durante cuatro años, que ninguna posición
empresarial aceptaría por vulnerar precisamente el principio de rentabilidad
que guía a toda inversión.
Aclara que la retención fija un precio y que la compensación
dispuesta para los pequeños productores implica una devolución
del mismo, por lo que no cabe adosarle el cumplimiento con AFIP, la provincia
y los municipios, que es otro tema.
Es de suponer que la salida al ruedo del ex dirigente agropecuario y ex secretario
de Agricultura, tiene algo de background reunido entre sus contactos, incluidos
los de la Casa Rosada.
La discusión sobre una política agropecuaria, sostiene, debería
apuntar a abastecer la mesa del mercado mundial, no basarse en la coyuntura
de cada producto o interés sectorial. De la otra parte del hemisferio
austral, fundamenta, a cada hectárea se le extraen us$ 1300 de rendimiento
mediante el agregado de industrialización y marketing del conjunto alimenticio,
mientras en Argentina actualmente sólo da us$ 300.
