El fallo de Griesa atiende intereses de los fondos buitres
El canje de bonos tal vez se retrase semanas, porque el juez neoyorquino creó condiciones para que Elliot se tome todo el tiempo posible antes de apelar. Vale decir, unas ocho semanas, aunque podría hacerlo ya mismo.
La restructuración de la deuda está ahora bajo el ataque no ya de “lobbies”, sino de fondos especulativos y sus aliados en la justicia estadounidense. Esto queda claro comparando los once fallos italnos y alemanes en favor de Argentina con la actitud, por lo menos ambigua, de Thomas Griesa. Las minutas de la audiencia con NML Capital (un “off shore” controlado por Elliot), publicadas el miércoles en “Clarín”, crean dudas sobre el proceder del magistrado.
Por ejemplo, todavía no existen explicaciones fiables de por qué el juez decretó un embargo por US$ 7.000 millones, sólo para cubrir reclamos específicos por 350 millones. Por otra parte, al fallar aparentemente en favor del estado argentino (y de quienews han entrado al canje de buena fe), el magistrado dejó el monto como estaba y, además, trabó el levantamiento de la medida cautelar. Sólo para darle tiempo al presunto apelante.
Puesto en términos simples, cuando Griesa dictamina contra el embargo reclamado por NML, en vez de suspenderlo o levantarlo lo mantiene. Ello pese a que, al momento del fallo, el demandante no interpuso la apelación. “Elliot y el juez parecen reaccionar, indirectamente, contra el apoyo político de George W.Bush al gobierno argentino, que no fue casual”, observaba la edición en Internet de un diario paulista.
Sea como fuere, allegados a NML anticipaban que la apelación sería presentada esta misma semana. Aun así, el tribunal de alzada dispondrá de casi dos meses para resolver. No puede descartarse, entretando que (a) los abogados de Argentina exijan que Griesa defina si el embargo es genérico o recae en series específicas, (b) se pida la rebaja del embargo o (c) se arme un mecanismo para que el resto de los nuevos bonos (cerca de US$ 60.000 millones) no se transfiera al Bank of New York o se deposite en una filial fuera de EE.UU., para protegerlo de nuevos ataques judiciales.
Hay una cuarta opción, sopesada en el ministerio de Economía. Consiste en plantearle al juez que ratifique su propio fallo y levante el embargo mientras se tramita la apelación y no lo mantenga hasta que ésta se dirima. Curiosamente, algunos expertos jurídicos argentinos no objetan que el embargo subsista mientras se tramita la apelación.
“Parece aplicarse un concepto típico del derecho penal, no del civil, que mantiene un sentenciado entre rejas mientras se da curso a la apelación”, indican algunos juristas. Por otro ángulo, la actitud de Griesa (hombre de formación penal) le crea problemas al “mercado gris”, donde ya se negocian a futuro bonos nuevos –par, descuento- por US$ 870 millones, según la bolsa de comercio porteña, o casi 900 millones según operadores de mercado abierto.
La restructuración de la deuda está ahora bajo el ataque no ya de “lobbies”, sino de fondos especulativos y sus aliados en la justicia estadounidense. Esto queda claro comparando los once fallos italnos y alemanes en favor de Argentina con la actitud, por lo menos ambigua, de Thomas Griesa. Las minutas de la audiencia con NML Capital (un “off shore” controlado por Elliot), publicadas el miércoles en “Clarín”, crean dudas sobre el proceder del magistrado.
Por ejemplo, todavía no existen explicaciones fiables de por qué el juez decretó un embargo por US$ 7.000 millones, sólo para cubrir reclamos específicos por 350 millones. Por otra parte, al fallar aparentemente en favor del estado argentino (y de quienews han entrado al canje de buena fe), el magistrado dejó el monto como estaba y, además, trabó el levantamiento de la medida cautelar. Sólo para darle tiempo al presunto apelante.
Puesto en términos simples, cuando Griesa dictamina contra el embargo reclamado por NML, en vez de suspenderlo o levantarlo lo mantiene. Ello pese a que, al momento del fallo, el demandante no interpuso la apelación. “Elliot y el juez parecen reaccionar, indirectamente, contra el apoyo político de George W.Bush al gobierno argentino, que no fue casual”, observaba la edición en Internet de un diario paulista.
Sea como fuere, allegados a NML anticipaban que la apelación sería presentada esta misma semana. Aun así, el tribunal de alzada dispondrá de casi dos meses para resolver. No puede descartarse, entretando que (a) los abogados de Argentina exijan que Griesa defina si el embargo es genérico o recae en series específicas, (b) se pida la rebaja del embargo o (c) se arme un mecanismo para que el resto de los nuevos bonos (cerca de US$ 60.000 millones) no se transfiera al Bank of New York o se deposite en una filial fuera de EE.UU., para protegerlo de nuevos ataques judiciales.
Hay una cuarta opción, sopesada en el ministerio de Economía. Consiste en plantearle al juez que ratifique su propio fallo y levante el embargo mientras se tramita la apelación y no lo mantenga hasta que ésta se dirima. Curiosamente, algunos expertos jurídicos argentinos no objetan que el embargo subsista mientras se tramita la apelación.
“Parece aplicarse un concepto típico del derecho penal, no del civil, que mantiene un sentenciado entre rejas mientras se da curso a la apelación”, indican algunos juristas. Por otro ángulo, la actitud de Griesa (hombre de formación penal) le crea problemas al “mercado gris”, donde ya se negocian a futuro bonos nuevos –par, descuento- por US$ 870 millones, según la bolsa de comercio porteña, o casi 900 millones según operadores de mercado abierto.
