Patricia Walsh, hija del escritor desaparecido Rodolfo Walsh, pidió hoy (miércoles 7) a la Cámara Federal que se cite a declaración indagatoria a dos oficiales de la Armada que habrían actuado en la detención y secuestro de su padre, en 1977, se informó en los tribunales.
Se trata de la primera medida judicial que ingresa a tribunales luego de que el juez federal Gabriel Cavallo resolviera la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Los marinos denunciados son Pablo Eduardo García Velazco, alias Dante, y Miguel Angel García Velazco, alias Serra, dos hermanos mellizos a quienes algunos sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) identificaron como participantes en el secuestro de Walsh, informó la agencia de noticias DYN.
La presentación fue hecha esta mañana por el abogado Marcelo Parrilli, patrocinante de la hija menor del autor de Operación Masacre, que en marzo de 1977 fue herido de muerte por un grupo de tareas de la Esma en la avenida porteña San Juan y su cadáver nunca fue devuelto a la familia.
Ayer, el juez federal Cavallo declaró la inconstitucionalidad y “nulidad insalvable” de los artículos de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que beneficiaron a los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura.
La decisión de Cavallo, adoptada dos semanas antes de cumplirse 25 años del golpe de Estado que inauguró la dictadura, en realidad, constituye una ley individual aplicable únicamente en la causa contra Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”, y Julio “El Turco Julián” Simón. Pero se descuenta que, por vía de apelaciones, el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia, que abrirá la puerta a nuevos juicios por violaciones a los derechos humanos si comparte el criterio del juez.
Asimismo, tras la anulación de los beneficios de las leyes del perdón, el juez convocó a declarar, en calidad de acusados, a los ya detenidos represores Del Cerro y Simón, quienes cumplen prisión preventiva por la sustracción de Claudia Victoria Poblete, que tenía 8 meses de edad cuando el 28 de noviembre de 1978 fue secuestrada junto a sus padres, José Liborio Poblete Roa y Gertrudis Marta Hlaczik, desaparecidos tras haber sido alojados clandestinamente en “El Olimpo”.
Ahora los autores del operativo serán indagados (los días 15 y 20 de marzo) por los delitos de lesa humanidad cometidos contra la pareja, que hasta hoy quedaban abarcados por las leyes del perdón.
Mientras tanto, el histórico fallo emitido ayer siguió generando polémica, aunque el magistrado manifestó hoy, en declaraciones a radio Mitre, su intención de “no polemizar con el poder político”, ni con otros sectores.
Sin embargo, Cavallo rechazó las expresiones del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, quien sostuvo que son constitucionales las leyes declaradas nulas por el magistrado, y sentenció que decir eso “es como desconocer el principio de división de poderes”.
“Existe un poder, que es el Poder Judicial, que revisa como último intérprete la constitucionalidad de las normas, y la circunstancia de que una norma sea votada por el Congreso no le da ningún carácter legal”, advirtió Cavallo.
“Estas leyes resultan nulas de acuerdo con lo previsto por el artículo 29 de la Constitución Nacional y resultan inválidas para el ordenamiento jurídico argentino”, escribió el juez Cavallo en una resolución de 266 carillas.
Patricia Walsh, hija del escritor desaparecido Rodolfo Walsh, pidió hoy (miércoles 7) a la Cámara Federal que se cite a declaración indagatoria a dos oficiales de la Armada que habrían actuado en la detención y secuestro de su padre, en 1977, se informó en los tribunales.
Se trata de la primera medida judicial que ingresa a tribunales luego de que el juez federal Gabriel Cavallo resolviera la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Los marinos denunciados son Pablo Eduardo García Velazco, alias Dante, y Miguel Angel García Velazco, alias Serra, dos hermanos mellizos a quienes algunos sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) identificaron como participantes en el secuestro de Walsh, informó la agencia de noticias DYN.
La presentación fue hecha esta mañana por el abogado Marcelo Parrilli, patrocinante de la hija menor del autor de Operación Masacre, que en marzo de 1977 fue herido de muerte por un grupo de tareas de la Esma en la avenida porteña San Juan y su cadáver nunca fue devuelto a la familia.
Ayer, el juez federal Cavallo declaró la inconstitucionalidad y “nulidad insalvable” de los artículos de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que beneficiaron a los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura.
La decisión de Cavallo, adoptada dos semanas antes de cumplirse 25 años del golpe de Estado que inauguró la dictadura, en realidad, constituye una ley individual aplicable únicamente en la causa contra Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”, y Julio “El Turco Julián” Simón. Pero se descuenta que, por vía de apelaciones, el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia, que abrirá la puerta a nuevos juicios por violaciones a los derechos humanos si comparte el criterio del juez.
Asimismo, tras la anulación de los beneficios de las leyes del perdón, el juez convocó a declarar, en calidad de acusados, a los ya detenidos represores Del Cerro y Simón, quienes cumplen prisión preventiva por la sustracción de Claudia Victoria Poblete, que tenía 8 meses de edad cuando el 28 de noviembre de 1978 fue secuestrada junto a sus padres, José Liborio Poblete Roa y Gertrudis Marta Hlaczik, desaparecidos tras haber sido alojados clandestinamente en “El Olimpo”.
Ahora los autores del operativo serán indagados (los días 15 y 20 de marzo) por los delitos de lesa humanidad cometidos contra la pareja, que hasta hoy quedaban abarcados por las leyes del perdón.
Mientras tanto, el histórico fallo emitido ayer siguió generando polémica, aunque el magistrado manifestó hoy, en declaraciones a radio Mitre, su intención de “no polemizar con el poder político”, ni con otros sectores.
Sin embargo, Cavallo rechazó las expresiones del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, quien sostuvo que son constitucionales las leyes declaradas nulas por el magistrado, y sentenció que decir eso “es como desconocer el principio de división de poderes”.
“Existe un poder, que es el Poder Judicial, que revisa como último intérprete la constitucionalidad de las normas, y la circunstancia de que una norma sea votada por el Congreso no le da ningún carácter legal”, advirtió Cavallo.
“Estas leyes resultan nulas de acuerdo con lo previsto por el artículo 29 de la Constitución Nacional y resultan inválidas para el ordenamiento jurídico argentino”, escribió el juez Cavallo en una resolución de 266 carillas.
