EE.UU. al borde del default federal

A 48 horas del "cierre de gobierno", la Cámara de Representantes, liderada por la oposición, desafió a la Casa Blanca: aprobó un presupuesto contrario a la reforma de salud, que no pasará el Senado oficialista.

30 septiembre, 2013

Tras un maratónico sábado de reuniones a puerta cerrada y debates en la Cámara Baja, los congresistas republicanos aprobaron por estrecha mayoría esta madrugada un proyecto de ley presupuestario, pese a que los demócratas en el Senado y hasta el presidente Barack Obama habían advertido que lo rechazarían.
    
Con su decisión, la Cámara Baja estadounidense desestimó la campaña de presión pública dirigida por el propio Obama para aprobar un presupuesto nacional antes de que se agoten los fondos para financiar las actividades y programas del gobierno federal y comience el temido “cierre”, estimado para el próximo martes.
    
“Quiero que el pueblo estadounidense sepa que los republicanos están cerrando el gobierno. Y lo están haciendo a propósito”, denunció desde su banca en la Cámara Baja la demócrata Donna Edwards después de la votación de esta madrugada, informó la agencia de noticias EFE.
    
Si la Casa Blanca y la oposición republicana no llegan a un acuerdo en las próximas 48 horas, el gobierno federal de Estados Unidos se verá forzado a una suspensión parcial de sus actividades y programas por primera vez en 17 años.
    
Una parálisis de parte del gobierno federal norteamericano significaría mandar a sus casas durante el tiempo que dure el “cierre” a unos 800.000 funcionarios y podría costarle al Estado, según los cálculos de la Casa Blanca, más de mil millones de dólares.
    
El plan aprobado hoy por los congresistas republicanos sienta las bases para evitar el cierre del gobierno al extender los fondos para las actividades no esenciales de las agencias federales hasta el próximo 15 de diciembre.
    
Pero lo hace a través de dos enmiendas que ya fueron declaradas inaceptables por los legisladores demócratas y la Casa Blanca.
    
La primera retrasaría al menos un año la aplicación de la reforma de salud, uno de los mayores logros del primer mandato de Obama, mientras que la segunda enmienda eliminaría un impuesto del 2,3% sobre los equipos médicos que creó esa misma reforma en 2010, conocida entre los estadounidenses como Obamacare.
    
La primera enmienda fue aprobada por 231 votos a favor y 192 en contra, y la segunda por 248 votos contra 174.
    
Según explicó el presidente de la Cámara Baja, el republicano John Boehner, la postergación de la reforma salud, una política resistida por su partido desde el primer día, es “lo justo dadas las excepciones que la Casa Blanca permitió a las grandes empresas y compañías aseguradoras”.
    
“Ahora que la Cámara Baja actuó de nuevo, depende del Senado aprobar sin retraso este proyecto de ley para evitar un cierre del gobierno”, desafió Boehner, a través de un comunicado.
    
Pero el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ya había adelantado ayer que la Cámara Alta “rechazará un retraso de un año en la implementación de la reforma de salud y la cancelación del impuesto sobre equipos médicos”.
    
Desde la Casa Blanca, el vocero Jay Carney hizo lo mismo al prometer un veto presidencial en el improbable caso de que el proyecto de ley presupuestario sea aprobado por el Senado.
    
Desde el comienzo del debate sobre la reforma de Salud en 2009, la oposición republicana la combatió con vehemencia y, aún después de aprobada en 2010, intentó en más de 40 oportunidades bloquearla u obstaculizarla a través de leyes y enmiendas.
    
En los últimos días, Obama lanzó una encendida defensa de la reforma, en la que recordó que a partir del próximo 1 de octubre entrará en vigor uno de sus capítulos clave, que permite a los ciudadanos sin seguro acceder a un nuevo “mercado” de seguros médicos individuales y más baratos.
    
Pero mientras las dos enmiendas contrarias a la reforma de salud enfrentaron a las bancadas demócrata y republicana, otro proyecto de ley presupuestario fue aprobado esta madrugada por unanimidad y sin demasiadas complicaciones.
    
Se trata de un proyecto de ley paralelo que garantizará, de ser ratificado por el Senado, que se siga pagando a los militares en caso de un “cierre” temporal del gobierno federal, una posibilidad que cada vez se parece más a una realidad inminente. 

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