Duras negociaciones para lograr consenso político
El Gobierno mantiene reuniones con funcionarios y legisladores de la Alianza para aprobar los pedidos de Cavallo. El ministro habría aprobado desde Brasil el acuerdo final.
Varios funcionarios del Gobierno estuvieron encargados ayer (jueves 22) de obtener el apoyo de los propios diputados oficialistas al plan económico y a los poderes especiales pedidos por Domingo Cavallo.
El respaldo a la Ley de Competitividad llevó, según fuentes cercanas a las negociaciones, unas diez horas de reuniones, pero el tema de las facultades especiales requeridas por el ministro seguirán en discusión.
En horas de la mañana ingresaron a la Jefatura de Gabinete el titular del bloque radical de diputados, Horacio Pernasetti, Raúl Baglini y el dirigente frepasista Marcos Makón.
Por el Gobierno estaban Chrystian Colombo, Armando Caro Figueroa y el asesor legal de Cavallo, el abogado Horacio Liendo.
Los reclamos de los legisladores se centraron en los siguientes puntos:
· El temor de los diputados aliancistas de dejar el camino abierto para la privatización del Banco Nación.
· Tampoco acuerdan con la propuesta que plantea “fomentar la creación de empleo mediante la modificación de la legislación laboral, previsional, de la seguridad social y de la asistencia social”. Los legisladores sostienen que ” se podría tocar desde la legislación del trabajo hasta las jubilaciones, el Anses y el Pami”.
· Igual rechazo produjo la idea de “derogar total o parcialmente normas que afecten la actividad económica, incluidas aquellas referentes a impuestos, tasas y contribuciones”. “En esa categoría —dicen los parlamentarios—entra desde cualquier impuesto hasta la ley de Convertibilidad”.
Finalmente, el acuerdo comenzó a vislumbrarse en la última reunión; a los negociadores de la mañana se agregaron la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich; el jefe del bloque de la Alianza, Darío Alessandro, y el dirigente frepasista Alejandro Rodil.
Allí se consensuó desdoblar la negociación en dos partes: la primera, conformada por los diez artículos que constituían el núcleo de la Ley de Competitividad.
La segunda, que aun está en suspenso, los poderes que el Parlamento deberá dar al ministro para impulsar su plan económico.
Varios funcionarios del Gobierno estuvieron encargados ayer (jueves 22) de obtener el apoyo de los propios diputados oficialistas al plan económico y a los poderes especiales pedidos por Domingo Cavallo.
El respaldo a la Ley de Competitividad llevó, según fuentes cercanas a las negociaciones, unas diez horas de reuniones, pero el tema de las facultades especiales requeridas por el ministro seguirán en discusión.
En horas de la mañana ingresaron a la Jefatura de Gabinete el titular del bloque radical de diputados, Horacio Pernasetti, Raúl Baglini y el dirigente frepasista Marcos Makón.
Por el Gobierno estaban Chrystian Colombo, Armando Caro Figueroa y el asesor legal de Cavallo, el abogado Horacio Liendo.
Los reclamos de los legisladores se centraron en los siguientes puntos:
· El temor de los diputados aliancistas de dejar el camino abierto para la privatización del Banco Nación.
· Tampoco acuerdan con la propuesta que plantea “fomentar la creación de empleo mediante la modificación de la legislación laboral, previsional, de la seguridad social y de la asistencia social”. Los legisladores sostienen que ” se podría tocar desde la legislación del trabajo hasta las jubilaciones, el Anses y el Pami”.
· Igual rechazo produjo la idea de “derogar total o parcialmente normas que afecten la actividad económica, incluidas aquellas referentes a impuestos, tasas y contribuciones”. “En esa categoría —dicen los parlamentarios—entra desde cualquier impuesto hasta la ley de Convertibilidad”.
Finalmente, el acuerdo comenzó a vislumbrarse en la última reunión; a los negociadores de la mañana se agregaron la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich; el jefe del bloque de la Alianza, Darío Alessandro, y el dirigente frepasista Alejandro Rodil.
Allí se consensuó desdoblar la negociación en dos partes: la primera, conformada por los diez artículos que constituían el núcleo de la Ley de Competitividad.
La segunda, que aun está en suspenso, los poderes que el Parlamento deberá dar al ministro para impulsar su plan económico.
