Duras críticas de deudores al proyecto oficial
El proyecto del Gobierno para auxiliar a los deudores hipotecarios morosos es "restrictivo, discriminatorio e injusto", advirtió la vocera de Deudores Autoconvocados de la Argentina, Mirta Intronati.
La dirigente propuso al Gobierno que derogue “el decreto 739
que firmó el ex presidente Eduardo Duhalde, con el cual
prácticamente se condonaron los redescuentos a los bancos”, y dijo
que de esa manera “se recuperarían 17.300 millones de pesos, que
podrían destinarse a dar una solución más abarcativa para los
pequeños deudores”.
Además, indicó que “para los deudores no bancarios, los de
escribanías, el Gobierno debería hacer un cruce de información con
la AFIP y verificar si esos acreedores privados tienen declaradas
impositivamente las hipotecas que entregaron”.
Intronati
explicó que “la solución que impulsa el Gobierno va a ser
absolutamente restrictiva, porque muchos deudores no pudieron
inscribirse en el Registro” habilitado en el Banco Nación.
“En ese Registro no podían inscribirse quienes eran morosos
pero no tenían juicio de ejecución iniciado. Y además, en el
interior del país hubo muchas dificultades para acceder a ese
listado”, añadió.
En consecuencia, la dirigente reclamó al Poder Ejecutivo que
“deje de hacer acuerdos de palabra con los bancos y urgentemente
envíe el proyecto de ley al Congreso”, a pesar que consideró que
esa propuesta “no es buena”.
Intronati explicó además que en el proyecto de ley de
Presupuesto 2004, el ministro de Economía, Roberto Lavagna,
“reconoce que la crisis profunda de nuestro país empezó en agosto
de 1998”.
“Entonces, cuando se trata de acumular un mayor superávit
fiscal para pagarle al FMI, resulta que la crisis tiene una mayor
cantidad de años. En cambio, cuando se trata de darnos una mano a
nosotros, la crisis es más cortita y comienza en enero de 2002.
Esto es abolutamente incoherente”, enfatizó.
La propuesta oficial, que aún no llegó al Congreso, abarca a
quienes hayan entrado en mora entre el primero de enero de 2002 y
el 3 de septiembre último.
En este marco, trascendió que el proyecto incluirá un período
de gracia de un año para todos los deudores, siempre que se hayan
inscripto en el Registro del Banco Nación.
El “salvataje” oficial involucra a todas las deudas
hipotecarias para vivienda única y permanente por hasta cien mil
pesos, sin limitaciones en cuanto a la superficie de los
inmuebles.
A través de un fondo especial, el Estado se hará cargo de la
cartera de morosos y les dará más plazo para que puedan saldar sus
deudas.
La dirigente propuso al Gobierno que derogue “el decreto 739
que firmó el ex presidente Eduardo Duhalde, con el cual
prácticamente se condonaron los redescuentos a los bancos”, y dijo
que de esa manera “se recuperarían 17.300 millones de pesos, que
podrían destinarse a dar una solución más abarcativa para los
pequeños deudores”.
Además, indicó que “para los deudores no bancarios, los de
escribanías, el Gobierno debería hacer un cruce de información con
la AFIP y verificar si esos acreedores privados tienen declaradas
impositivamente las hipotecas que entregaron”.
Intronati
explicó que “la solución que impulsa el Gobierno va a ser
absolutamente restrictiva, porque muchos deudores no pudieron
inscribirse en el Registro” habilitado en el Banco Nación.
“En ese Registro no podían inscribirse quienes eran morosos
pero no tenían juicio de ejecución iniciado. Y además, en el
interior del país hubo muchas dificultades para acceder a ese
listado”, añadió.
En consecuencia, la dirigente reclamó al Poder Ejecutivo que
“deje de hacer acuerdos de palabra con los bancos y urgentemente
envíe el proyecto de ley al Congreso”, a pesar que consideró que
esa propuesta “no es buena”.
Intronati explicó además que en el proyecto de ley de
Presupuesto 2004, el ministro de Economía, Roberto Lavagna,
“reconoce que la crisis profunda de nuestro país empezó en agosto
de 1998”.
“Entonces, cuando se trata de acumular un mayor superávit
fiscal para pagarle al FMI, resulta que la crisis tiene una mayor
cantidad de años. En cambio, cuando se trata de darnos una mano a
nosotros, la crisis es más cortita y comienza en enero de 2002.
Esto es abolutamente incoherente”, enfatizó.
La propuesta oficial, que aún no llegó al Congreso, abarca a
quienes hayan entrado en mora entre el primero de enero de 2002 y
el 3 de septiembre último.
En este marco, trascendió que el proyecto incluirá un período
de gracia de un año para todos los deudores, siempre que se hayan
inscripto en el Registro del Banco Nación.
El “salvataje” oficial involucra a todas las deudas
hipotecarias para vivienda única y permanente por hasta cien mil
pesos, sin limitaciones en cuanto a la superficie de los
inmuebles.
A través de un fondo especial, el Estado se hará cargo de la
cartera de morosos y les dará más plazo para que puedan saldar sus
deudas.
