Duhalde firmaría mañana el decreto de aumento de las tarifas de gas y luz

Al mismo tiempo se pondrá en vigencia la denominada "tarifa social" destinada a casi el 50 por ciento de la población con menores recursos, según anticipó esta mañana el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof.

28 enero, 2003

De acuerdo con el esquema establecido por el Gobierno, los
aumentos serán, en promedio, de 1,47 pesos mensuales (7,2 por
ciento) para el caso del gas, y de 2,50 pesos por mes para la luz
(9 por ciento).

El incremento de tarifas a través del decreto que en su momento
caducó por demandas judiciales, ahora será reflotado a partir del
decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por el
Ejecutivo, mediante el cual se le restituyó al Gobierno la
potestad de hacer modificaciones en el cuadro tarifario.

Así lo confirmó el jefe de Gabinete, en declaraciones
formuladas en la Casa de Gobierno, donde dijo que “el Gobierno
repetirá el decreto que fue frenado en el mes de noviembre pasado
para la adecuación del cuadro tarifario”.

Al respecto, indicó que es necesario que “quede claro que el
tema central de ese decreto es el establecimiento de una tarifa
social, que permite que el 50 por ciento de los usuarios no puedan
estar expuestos a ninguna posibilidad de cambio tarifario, y al
resto de los usuarios decirles que esos incrementos serán de 1,47
pesos para el gas y 2,50 pesos para la electricidad”, en un
promedio mensual.

El funcionario precisó que “son aumentos mínimos” y afirmó que
los incrementos son una “consecuencia de la inquietud que
presentaron las empresas de servicios públicos para mantener la
calidad de los servicios que prestan y los propios trabajadores
preocupados” por sus fuentes laborales.

Además, dijo que “es verdad que en algún momento el FMI pidió
un aumento de tarifas del orden del 30 por ciento y el Gobierno lo
rechazó”.

Luego, Atanasof señaló que “llevamos 13 meses sin aumentos de
tarifas en un marco de una devaluación del orden del 250 por
ciento y una inflación que supera el 40 por ciento” a lo largo del
año pasado.

Respecto al reclamo del FMI dijo que “no hubo exigencias
cualitativas, pero hay un decreto que habilita al Poder Ejecutivo
a hacer adecuaciones (en las tarifas) en función del proceso de
renegociación de los contratos”.

De acuerdo con el esquema establecido por el Gobierno, los
aumentos serán, en promedio, de 1,47 pesos mensuales (7,2 por
ciento) para el caso del gas, y de 2,50 pesos por mes para la luz
(9 por ciento).

El incremento de tarifas a través del decreto que en su momento
caducó por demandas judiciales, ahora será reflotado a partir del
decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por el
Ejecutivo, mediante el cual se le restituyó al Gobierno la
potestad de hacer modificaciones en el cuadro tarifario.

Así lo confirmó el jefe de Gabinete, en declaraciones
formuladas en la Casa de Gobierno, donde dijo que “el Gobierno
repetirá el decreto que fue frenado en el mes de noviembre pasado
para la adecuación del cuadro tarifario”.

Al respecto, indicó que es necesario que “quede claro que el
tema central de ese decreto es el establecimiento de una tarifa
social, que permite que el 50 por ciento de los usuarios no puedan
estar expuestos a ninguna posibilidad de cambio tarifario, y al
resto de los usuarios decirles que esos incrementos serán de 1,47
pesos para el gas y 2,50 pesos para la electricidad”, en un
promedio mensual.

El funcionario precisó que “son aumentos mínimos” y afirmó que
los incrementos son una “consecuencia de la inquietud que
presentaron las empresas de servicios públicos para mantener la
calidad de los servicios que prestan y los propios trabajadores
preocupados” por sus fuentes laborales.

Además, dijo que “es verdad que en algún momento el FMI pidió
un aumento de tarifas del orden del 30 por ciento y el Gobierno lo
rechazó”.

Luego, Atanasof señaló que “llevamos 13 meses sin aumentos de
tarifas en un marco de una devaluación del orden del 250 por
ciento y una inflación que supera el 40 por ciento” a lo largo del
año pasado.

Respecto al reclamo del FMI dijo que “no hubo exigencias
cualitativas, pero hay un decreto que habilita al Poder Ejecutivo
a hacer adecuaciones (en las tarifas) en función del proceso de
renegociación de los contratos”.

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