Diputados aprobó la delegación de poderes
Anoche (martes 27) los legisladores concedieron a Cavallo facultades especiales para implementar su plan. El proyecto original fue modificado y hoy será votado en el Senado.
La Cámara baja aprobó, después de un extenso debate, La delegación de facultades al Poder Ejecutivo.
En primer lugar, se introdujo en el texto el “estado de emergencia pública” de manera de cumplir con uno de los requisitos que marca la Constitución, en su artículo 76, para permitir la delegación de poderes, prohibida en cualquier situación normal.
El proyecto que, finalmente, se votó es una versión acotada del original que envió al Parlamento el ministro de Economía; los puntos centrales fueron los siguientes:
1- El Ejecutivo podrá modificar la jerarquía y la estructura de buena parte de los organismos autárquicos o descentralizados del Estado; convertirlos en empresas públicas, sociedades del Estado o en estructuras de otra naturaleza jurídica. También podrá renegociar los convenios de trabajo de personal , avanzar en la desregulación de los mercados de capital y de seguros y reformar la Ley de Ministerios.
2- Podrá crear y eliminar exenciones impositivas. La posibilidad de eliminar exenciones incluye dos que despertaron especial polémica: una de ellas es la exención del pago del IVA que beneficia a los medios de prensa; la otra, la exención de pago del impuesto a las Ganancias de la que gozan las operaciones de compraventa de acciones, títulos y bonos.
3- Se ratifica el decreto del Plan de Infraestructura, que ya había permitido tomar crédito con la garantía de activos públicos para financiar obras específicas.
4- Se incluyó un acuerdo entre los gobernadores justicialistas y el ministro Cavallo según el cual el Ejecutivo podrá disponer diferimientos o reintegros impositivos en las zonas del país afectadas por crisis de desempleo por efecto de la privatización de empresas de servicio público.
Según los observadores que siguieron, paso a paso, la maratónica sesióm de 30 horas, el único fracaso importante para el Gobierno fue no conseguir que los diputados lo habilitaran para contraer deuda contra la garantía de activos y recursos públicos.
La Cámara baja aprobó, después de un extenso debate, La delegación de facultades al Poder Ejecutivo.
En primer lugar, se introdujo en el texto el “estado de emergencia pública” de manera de cumplir con uno de los requisitos que marca la Constitución, en su artículo 76, para permitir la delegación de poderes, prohibida en cualquier situación normal.
El proyecto que, finalmente, se votó es una versión acotada del original que envió al Parlamento el ministro de Economía; los puntos centrales fueron los siguientes:
1- El Ejecutivo podrá modificar la jerarquía y la estructura de buena parte de los organismos autárquicos o descentralizados del Estado; convertirlos en empresas públicas, sociedades del Estado o en estructuras de otra naturaleza jurídica. También podrá renegociar los convenios de trabajo de personal , avanzar en la desregulación de los mercados de capital y de seguros y reformar la Ley de Ministerios.
2- Podrá crear y eliminar exenciones impositivas. La posibilidad de eliminar exenciones incluye dos que despertaron especial polémica: una de ellas es la exención del pago del IVA que beneficia a los medios de prensa; la otra, la exención de pago del impuesto a las Ganancias de la que gozan las operaciones de compraventa de acciones, títulos y bonos.
3- Se ratifica el decreto del Plan de Infraestructura, que ya había permitido tomar crédito con la garantía de activos públicos para financiar obras específicas.
4- Se incluyó un acuerdo entre los gobernadores justicialistas y el ministro Cavallo según el cual el Ejecutivo podrá disponer diferimientos o reintegros impositivos en las zonas del país afectadas por crisis de desempleo por efecto de la privatización de empresas de servicio público.
Según los observadores que siguieron, paso a paso, la maratónica sesióm de 30 horas, el único fracaso importante para el Gobierno fue no conseguir que los diputados lo habilitaran para contraer deuda contra la garantía de activos y recursos públicos.
