Desregulación de salud: se encarece la medicina prepaga
Desde enero, cerca de un millón y medio de usuarios tendrá aumentos de hasta 10%. Las asociaciones de consumidores sostienen que los incrementos son ilegales .Economía iniciará una investigación.
Desde el lunes próximo, alrededor de un millón y medio de personas podría afrontar aumentos de hasta 10% en las cuotas que pagan a las empresas de medicina prepaga.
El incremento coincide con la entrada en vigor del decreto que habilita a los prestadores privados para competir con las obras sociales sindicales y respondería a una suba en igual proporción en los costos operativos, según lo manifestara Pablo Giordano, titular de la Asociación de Empresas de Medicina Prepaga.
Las subas en las cuotas de las prepagas, que en algunos casos comenzaron a aplicarse desde principios de este mes, están siendo comunicadas por las compañías a los usuarios por medio de cartas que llevan la firma de gerentes o directores.
Esta situación ya ha movilizado a diferentes asociaciones de consumidores, que aducen que los aumentos son ilegales; por este motivo, la Secretaría de Defensa del Consumidor iniciará una investigación de oficio para determinar si se encuadran dentro del contexto de la ley.
En la Argentina, el mercado de la salud está desregulado y no existen políticas de precios máximos; sin embargo, el Código Civil señala que no se pueden modificar las condiciones de un contrato si éste continúa en vigencia.
“Si los contratos están vigentes y quieren alterar los precios porque cayó su rentabilidad, primero tienen que pedirle a un juez civil que los autorice”, sostiene Carlos Vanella, director de Defensa del Consumidor, organismo que depende del Ministerio de Economía.
Desde el Ministerio de Economía consideran que las empresas de salud buscan compensar el encarecimiento prestacional que representará el nuevo Programa Médico Obligatorio, que regirá desde el próximo mes.
El PMO, como se le llama, compromete a las prepagas a brindar coberturas mínimas, que algunas no ofrecen en la actualidad.
En esta discusión un aspecto central es el papel que les cabe a los mayores de 65 años. Frente al aumento de las cuotas, si este se encuadra dentro de la ley, un afiliado común puede manifestar su rechazo cambiando de prestador.
Pero los jubilados no tienen esa opción, ya que por su edad no son admitidos por otras empresas de salud debido a que, en promedio, el consumo de prestaciones de los gerontes es cinco veces mayor que el del resto de los afiliados, según admiten fuentes del sector.
La cuestión debería quedar zanjada una vez que la Cámara de Senadores dé la media sanción que le falta a la ley de medicina prepaga, que ya fue votada en Diputados.
Desde el lunes próximo, alrededor de un millón y medio de personas podría afrontar aumentos de hasta 10% en las cuotas que pagan a las empresas de medicina prepaga.
El incremento coincide con la entrada en vigor del decreto que habilita a los prestadores privados para competir con las obras sociales sindicales y respondería a una suba en igual proporción en los costos operativos, según lo manifestara Pablo Giordano, titular de la Asociación de Empresas de Medicina Prepaga.
Las subas en las cuotas de las prepagas, que en algunos casos comenzaron a aplicarse desde principios de este mes, están siendo comunicadas por las compañías a los usuarios por medio de cartas que llevan la firma de gerentes o directores.
Esta situación ya ha movilizado a diferentes asociaciones de consumidores, que aducen que los aumentos son ilegales; por este motivo, la Secretaría de Defensa del Consumidor iniciará una investigación de oficio para determinar si se encuadran dentro del contexto de la ley.
En la Argentina, el mercado de la salud está desregulado y no existen políticas de precios máximos; sin embargo, el Código Civil señala que no se pueden modificar las condiciones de un contrato si éste continúa en vigencia.
“Si los contratos están vigentes y quieren alterar los precios porque cayó su rentabilidad, primero tienen que pedirle a un juez civil que los autorice”, sostiene Carlos Vanella, director de Defensa del Consumidor, organismo que depende del Ministerio de Economía.
Desde el Ministerio de Economía consideran que las empresas de salud buscan compensar el encarecimiento prestacional que representará el nuevo Programa Médico Obligatorio, que regirá desde el próximo mes.
El PMO, como se le llama, compromete a las prepagas a brindar coberturas mínimas, que algunas no ofrecen en la actualidad.
En esta discusión un aspecto central es el papel que les cabe a los mayores de 65 años. Frente al aumento de las cuotas, si este se encuadra dentro de la ley, un afiliado común puede manifestar su rechazo cambiando de prestador.
Pero los jubilados no tienen esa opción, ya que por su edad no son admitidos por otras empresas de salud debido a que, en promedio, el consumo de prestaciones de los gerontes es cinco veces mayor que el del resto de los afiliados, según admiten fuentes del sector.
La cuestión debería quedar zanjada una vez que la Cámara de Senadores dé la media sanción que le falta a la ley de medicina prepaga, que ya fue votada en Diputados.
