Desestiman acusación al Ejecutivo
La Oficina Anticorrupción archivó la denuncia de tráfico de influencias hecha por el abogado Moreno Ocampo, pero nada se supo de la que el fiscal Lanusse hizo ante la Procuración.
La Oficina Anticorrupción archivó la denuncia presentada por el abogado Luis Moreno Ocampo, quien acusó a altas figuras del gobierno de haber intentado interceder ante miembros del Poder Judicial para destrabar el conflicto legal que enfrenta a accionistas del Banco Galicia y que impide que se realice una operación de canje de acciones propuesta por las autoridades de la entidad financiera.
El caso, que involucra a por lo menos tres altísimos funcionarios, no está cerrado del todo, ya que aún no trascendió qué destino tendrá una denuncia similar que el fiscal Pablo Lanusse presentó a la Procuración General de la Nación.
El supuesto tráfico de influencias fue denunciado la semana pasada por Lanusse ante la Procuración General de la Nación y, luego, por Moreno Ocampo ante la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia.
El juicio en cuestión se sustancia a raíz de la demanda entablada por algunos accionistas minoritarios del Banco Galicia, que se oponen al canje de acciones.
Moreno Ocampo actúa como abogado de María Isabel Marisa Escasany, accionista del Galicia que se opone al canje y que desde hace tiempo está enfrentada con otros propietarios del banco, incluido su hermano Eduardo, que es el presidente de la entidad y de ABA, la cámara que nuclea a los bancos privados.
Un juez de primera instancia, con dictamen favorable de Lanusse, ordenó “no innovar”, por lo que se paralizó el canje, pero días atrás una cámara de apelaciones revocó el fallo.
Según Moreno Ocampo, la secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Diana Conti, intentó persuadir a Lanusse para que no obstaculizara el canje de acciones del Banco Galicia.
Siempre según el denunciante, Conti habría hablado con Lanusse siguiendo instrucciones del ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, quien respondía de ese modo a una preocupación de Fernando de Santibañes, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) y amigo personal de Eduardo Escasany.
El episodio fue desmentido por el presidente Fernando de la Rúa, por Gil Lavedra y por el ministro de Economía, José Luis Machinea, a quien –sin que hubiera sido acusado por Moreno Ocampo– Conti mencionó como interesado en el tema.
Conti habló ayer con varios medios periodísticos, ante los cuales admitió que se reunió con Lanusse y habló con él del asunto, pero aseguró que no lo presionó.
También dijo que pidió que se denunciara a Moreno Ocampo ante el Colegio de Abogados, por conducta antiética, y que inciará acciones penales contra Lanusse, de quien asegura que mintió cuando contó los detalles de la conversación entre ambos.
De la Rúa, Gil Lavedra y Machinea interpretaron que Moreno Ocampo intenta de este modo presionar a los jueces para obtener una resolución favorable.
La denuncia de Moreno Ocampo involucró también al abogado radical Arnoldo Kleiner y al abogado Jorge Valerga Aráoz.
Gil Lavedra y Valerga Aráoz integraron la Cámara Federal que en 1985 juzgó y condenó a nueve de los comandantes de las fuerzas armadas durante el último régimen militar. Moreno Ocampo también participó de ese histórico juicio, como fiscal adjunto.
La Oficina Anticorrupción archivó la denuncia presentada por el abogado Luis Moreno Ocampo, quien acusó a altas figuras del gobierno de haber intentado interceder ante miembros del Poder Judicial para destrabar el conflicto legal que enfrenta a accionistas del Banco Galicia y que impide que se realice una operación de canje de acciones propuesta por las autoridades de la entidad financiera.
El caso, que involucra a por lo menos tres altísimos funcionarios, no está cerrado del todo, ya que aún no trascendió qué destino tendrá una denuncia similar que el fiscal Pablo Lanusse presentó a la Procuración General de la Nación.
El supuesto tráfico de influencias fue denunciado la semana pasada por Lanusse ante la Procuración General de la Nación y, luego, por Moreno Ocampo ante la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia.
El juicio en cuestión se sustancia a raíz de la demanda entablada por algunos accionistas minoritarios del Banco Galicia, que se oponen al canje de acciones.
Moreno Ocampo actúa como abogado de María Isabel Marisa Escasany, accionista del Galicia que se opone al canje y que desde hace tiempo está enfrentada con otros propietarios del banco, incluido su hermano Eduardo, que es el presidente de la entidad y de ABA, la cámara que nuclea a los bancos privados.
Un juez de primera instancia, con dictamen favorable de Lanusse, ordenó “no innovar”, por lo que se paralizó el canje, pero días atrás una cámara de apelaciones revocó el fallo.
Según Moreno Ocampo, la secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Diana Conti, intentó persuadir a Lanusse para que no obstaculizara el canje de acciones del Banco Galicia.
Siempre según el denunciante, Conti habría hablado con Lanusse siguiendo instrucciones del ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, quien respondía de ese modo a una preocupación de Fernando de Santibañes, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) y amigo personal de Eduardo Escasany.
El episodio fue desmentido por el presidente Fernando de la Rúa, por Gil Lavedra y por el ministro de Economía, José Luis Machinea, a quien –sin que hubiera sido acusado por Moreno Ocampo– Conti mencionó como interesado en el tema.
Conti habló ayer con varios medios periodísticos, ante los cuales admitió que se reunió con Lanusse y habló con él del asunto, pero aseguró que no lo presionó.
También dijo que pidió que se denunciara a Moreno Ocampo ante el Colegio de Abogados, por conducta antiética, y que inciará acciones penales contra Lanusse, de quien asegura que mintió cuando contó los detalles de la conversación entre ambos.
De la Rúa, Gil Lavedra y Machinea interpretaron que Moreno Ocampo intenta de este modo presionar a los jueces para obtener una resolución favorable.
La denuncia de Moreno Ocampo involucró también al abogado radical Arnoldo Kleiner y al abogado Jorge Valerga Aráoz.
Gil Lavedra y Valerga Aráoz integraron la Cámara Federal que en 1985 juzgó y condenó a nueve de los comandantes de las fuerzas armadas durante el último régimen militar. Moreno Ocampo también participó de ese histórico juicio, como fiscal adjunto.
