De la Rúa culpó a Elisa Carrió por la crisis financiera

El ex presidente responsabilizó a la diputada del ARI, a algunos bancos y a los medios de comunicación por la "corrida bancaria" que desembocó en el "corralito" financiero, en diciembre pasado.

13 junio, 2002

De la Rúa envió un escrito como descargo ante el Tribunal
de Etica del Colegio Público de Abogados de esta Capital, por una
denuncia promovida por el letrado Juan Pandis, quien lo acusó de
no cumplir con la Constitución Nacional.

“Al enfrentar el canje local de deuda hubo medios que
presagiaron la corrida, creándola, y algunos bancos la
impulsaron”, acusó De la Rúa en su escrito.

El ex mandatario recordó las circunstancias que rodearon la
implementación del “corralito” y mencionó que “las denuncias de
enero de 2001 sobre lavado de dinero –cerca de 9.000 millones de
pesos– de la diputada del ARI Elisa Carrió, aunque nunca se
probaron, iniciaron un clima de incertidumbre para ese año”.

Asimismo, criticó “la rapidez con que se concedieron medidas
cautelares en favor de ahorristas”.

“En la práctica y a pesar de algunas medidas dispuestas por la
Corte Suprema de Justicia, hoy nadie, ni los más necesitados,
pueden obtener soluciones con cierta rapidez”, dijo De la Rúa, con
lo cual descartó que los ahorristas puedan recuperar sus
depósitos.

De la Rúa justificó el decreto 1570/01 que implementó el primer
corralito, en “la crisis bancaria desatada a fines de 2001 que
hizo indispensable adoptar medidas de emergencia que debían ser
tomadas en tiempo oportuno y con la emergenciarequería”.

No obstante, aclaró que el decreto 1570/01 tenía efectos
“estrictamente temporarios” pues “sólo afectaban el retiro de
dinero en efectivo por encima de un determinado tope que no
impedía la libre disponibilidad del dinero dentro del sistema
financiero”.

Con esas medidas “se trataba de evitar el quiebre o el colapso
del sistema financiero”, se defenció De la Rúa.

En tanto, dijo que “el deber constitucional imponía proteger el
interés nacional y evitar que el sistema financiero operase en
condiciones que provocarían una crisis financiera total. Así se
hizo”, enfatizó el ex presidente.

Por otra parte, desconoció la facultad del Tribunal de Etica
del Colegio de Abogados para juzgar su conducta y manifestó que
“los tribunales legalmente capacitados para evaluar si como
Presidente observé e hice observar la ley fundamental son el
Senado, constituído en tribunal de enjuiciamiento, y en casos
operantes los tribunales del Poder Judicial”.

Fue taxativo al afirmar que “no corresponde que este tribunal
cuya función concreta es evaluar la conducta de los abogados en el
ejercicio de su función, se extralimite al punto de inmiscuirse en
cuestiones de orden político-institucional”.

El ex jefe de Estado recordó que las normas del Colegio exigen
a un abogado que suspenda su matrícula cuando ejerce la primera
magsitratura “por incompatibilidad”, pero en ningún caso le otorga
competencia para juzgar a funcionarios públicos.

Fuente: Noticias Argentinas

De la Rúa envió un escrito como descargo ante el Tribunal
de Etica del Colegio Público de Abogados de esta Capital, por una
denuncia promovida por el letrado Juan Pandis, quien lo acusó de
no cumplir con la Constitución Nacional.

“Al enfrentar el canje local de deuda hubo medios que
presagiaron la corrida, creándola, y algunos bancos la
impulsaron”, acusó De la Rúa en su escrito.

El ex mandatario recordó las circunstancias que rodearon la
implementación del “corralito” y mencionó que “las denuncias de
enero de 2001 sobre lavado de dinero –cerca de 9.000 millones de
pesos– de la diputada del ARI Elisa Carrió, aunque nunca se
probaron, iniciaron un clima de incertidumbre para ese año”.

Asimismo, criticó “la rapidez con que se concedieron medidas
cautelares en favor de ahorristas”.

“En la práctica y a pesar de algunas medidas dispuestas por la
Corte Suprema de Justicia, hoy nadie, ni los más necesitados,
pueden obtener soluciones con cierta rapidez”, dijo De la Rúa, con
lo cual descartó que los ahorristas puedan recuperar sus
depósitos.

De la Rúa justificó el decreto 1570/01 que implementó el primer
corralito, en “la crisis bancaria desatada a fines de 2001 que
hizo indispensable adoptar medidas de emergencia que debían ser
tomadas en tiempo oportuno y con la emergenciarequería”.

No obstante, aclaró que el decreto 1570/01 tenía efectos
“estrictamente temporarios” pues “sólo afectaban el retiro de
dinero en efectivo por encima de un determinado tope que no
impedía la libre disponibilidad del dinero dentro del sistema
financiero”.

Con esas medidas “se trataba de evitar el quiebre o el colapso
del sistema financiero”, se defenció De la Rúa.

En tanto, dijo que “el deber constitucional imponía proteger el
interés nacional y evitar que el sistema financiero operase en
condiciones que provocarían una crisis financiera total. Así se
hizo”, enfatizó el ex presidente.

Por otra parte, desconoció la facultad del Tribunal de Etica
del Colegio de Abogados para juzgar su conducta y manifestó que
“los tribunales legalmente capacitados para evaluar si como
Presidente observé e hice observar la ley fundamental son el
Senado, constituído en tribunal de enjuiciamiento, y en casos
operantes los tribunales del Poder Judicial”.

Fue taxativo al afirmar que “no corresponde que este tribunal
cuya función concreta es evaluar la conducta de los abogados en el
ejercicio de su función, se extralimite al punto de inmiscuirse en
cuestiones de orden político-institucional”.

El ex jefe de Estado recordó que las normas del Colegio exigen
a un abogado que suspenda su matrícula cuando ejerce la primera
magsitratura “por incompatibilidad”, pero en ningún caso le otorga
competencia para juzgar a funcionarios públicos.

Fuente: Noticias Argentinas

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