Crisis energética nacional a la mexicana
Analogías entre la crisis petrolera de México y la de Argentina traza Idesa, y alerta sobre las dificultades que se enfrentan y el capital político que se consume cuando de revertir la demagogia y el voluntarismo se trata.
Las malas políticas indujeron una fuerte caída de la inversión en la extracción de petróleo. La estrategia adoptada ante el contundente fracaso, no fue corregir las políticas erradas, sino reestatizar YPF, sostiene el informe semanal del Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino.
“La crisis petrolera en Argentina se origina, entre otros factores, por los controles de precios poco razonables, el intervencionismo discrecional, impuestos distorsivos y la redistribución de rentas mediante subsidios encubiertos”, señala.
Pasa revista al primer semestre del 2013, cuando el superávit comercial total del país disminuyó en US$ 1.700 millones, de los cuales casi la totalidad (US$1.600 millones) corresponden a aumentos de importaciones en combustibles y lubricantes (US$ 1.128 millones), y a la caída de exportaciones de naftas, aceites y gas (US$ 481 millones).
Se trata de un primer indicio de que la reestatización de YPF no ayuda a revertir la caída en la producción de petróleo, llama la atención, e invita a observar la experiencia en el sector petrolero mexicano ante tan desalentadores resultados.
En México, la Constitución nacional establece que sólo el Estado puede explotar petróleo y, para ello, cuenta con Petróleos Mexicanos (Pemex). Se trata de un modelo organizativo basado en un monopolio público puro más intenso aún que el que se impuso en la Argentina.
Los resultados obtenidos por México son:
- A comienzos de la década de los ´70, tanto Argentina como México producían alrededor de 25 mil millones de metros cúbicos de petróleo.
- En 1998, Argentina alcanza su máximo histórico con 49 mil millones mientras que México lo alcanza en el año 2004 con 196 mil millones de metro cúbicos.
- En 2013, la producción de petróleo en Argentina cayó 34% respecto al máximo histórico y en México cayó 25%.
Los datos muestran que la producción de petróleo en México cayó tanto como en Argentina. Esto se produjo aún con el precio internacional del petróleo en fuerte crecimiento (entre los años 2004 y 2013 el crudo pasó de US$ 38 a US$ 111).
La comparación es valiosa porque México tiene mayor potencialidad petrolera que Argentina y es uno de los países con mayor presencia monopólica del Estado explotando petróleo.
Pemex no logró aprovechar esta ventaja porque su condición de monopolio estatal ha derivado en la succión de excedentes del Estado Nacional para tapar su déficit fiscal, la politización de la alta gerencia, el sobreempleo, la burocratización, la corrupción y el derroche de recursos.
La crisis es tan intensa que el gobierno de México, liderado por Enrique Peña Nieto, propuso reformar la Constitución para permitir la entrada de inversión privada al sector petrolero.
Pero el planteo ha generado fuertes polémicas y rechazos entre la oposición y gran parte de la población. Esto demuestra que, aunque la caída en la producción demuestra con contundencia el fracaso, resulta muy difícil instrumentar estrategias para revertirlo.
La experiencia mexicana señala que se necesita invertir mucho capital político para dar vuelta los resultados de las malas políticas.
La experiencia de México brinda una importante lección a la Argentina. El triunfo electoral de la oposición se apoya fundamentalmente en el natural desgaste de quien detenta el poder por más de una década.
Pero hasta ahora se han planteado muy pocos aportes de ideas superadoras frente a la acumulación de errores de la última década.
Por ejemplo, se eluden las propuestas para incrementar la inversión petrolera o eliminar el déficit y el derroche en las empresas reestatizadas.
En otros órdenes, para la Asignación Universal por Hijo las propuestas se limitan al insustancial cambio de regularla por ley, pero no se abordan críticamente las muchas deficiencias que adolece este programa social.
En el impuesto a las ganancias se propone reducir su peso entre los asalariados, pero sin explicitar cómo bajar el gasto público o, peor aún, proponiendo reemplazarlo por el impuesto a la renta financiera, cuando se sabe que es insuficiente.
Es responsabilidad de toda la dirigencia contribuir a que se tome conciencia de la gravedad de los problemas acumulados y de la alta dosis de racionalidad y desapasionamiento que se necesitará para resolverlos.
La alternativa de seguir alimentando la demagogia y el voluntarismo tendrá enormes costos económicos y sociales, como lo demuestra la vertiginosa profundización de la crisis energética que sufre el país.
