Córdoba fue condenada a pagar $ 200 millones

Una Cámara Civil de la Justicia provincial ordenó que el Estado debe abonar esa cifra a un grupo de empresarios, a raíz de la estatización de una empresa metalúrgica hace 26 años.

3 agosto, 2001

(DYN). – El estado cordobés fue condenado a pagar unos $ 200 millones, el equivalente a 6% del presupuesto de la provincia, en concepto de indemnización a un grupo de accionistas de una empresa metalúrgica, que fue estatizada hace 26 años por el entonces interventor militar Raúl Lacabanne.

Así lo decidió una Cámara Civil de la Justicia provincial, al dar curso a una apelación de los demandantes, propietarios de la firma cordobesa Conarg, que a fines de los años 60 y a comienzos de los 70 lideró en Argentina la fabricación de maquinarias viales, empleando a casi 1.000 personas.

El largo juicio tuvo un primer pronunciamiento, unos años atrás, cuando el juez Mario Lescano rechazó la demanda de los accionistas contra la Provincia.

Hoy fuentes judiciales indicaron que la Cámara cuarta de Apelaciones en lo Civil y Comercial dejó sin efecto ese fallo y ordenó pagar a los demandantes una suma cercana a los $ 200 millones.

(DYN). – El estado cordobés fue condenado a pagar unos $ 200 millones, el equivalente a 6% del presupuesto de la provincia, en concepto de indemnización a un grupo de accionistas de una empresa metalúrgica, que fue estatizada hace 26 años por el entonces interventor militar Raúl Lacabanne.

Así lo decidió una Cámara Civil de la Justicia provincial, al dar curso a una apelación de los demandantes, propietarios de la firma cordobesa Conarg, que a fines de los años 60 y a comienzos de los 70 lideró en Argentina la fabricación de maquinarias viales, empleando a casi 1.000 personas.

El largo juicio tuvo un primer pronunciamiento, unos años atrás, cuando el juez Mario Lescano rechazó la demanda de los accionistas contra la Provincia.

Hoy fuentes judiciales indicaron que la Cámara cuarta de Apelaciones en lo Civil y Comercial dejó sin efecto ese fallo y ordenó pagar a los demandantes una suma cercana a los $ 200 millones.

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