Convocan a extraordinarias para reformar la ley laboral
El Congreso deberá sesionar del 19 al 29 de febrero, período en el que se tratará la derogación de la ley de reforma laboral y la inclusión de modificaciones "en materia de derecho individual y colectivo del trabajo".
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que “la nueva ley apunta a saldar el déficit de trabajo decente”, y agregó que los tres objetivos de la iniciativa son “generar calidad en los puestos de trabajo, la negociación colectiva y el trabajo registrado”.
Entre los puntos destacados de la iniciativa, Tomada precisó
que la norma “reestablece el sentido del período de prueba para
que no sea un mecanismo de precarización como con la aplicación de
seis meses o hasta un año” y un régimen único indemnizatorio que
reemplazará “esa distorsión de dos sistemas paralelos”.
El ministro aseguró, además, que la nueva ley intentará generar
“la permanencia de los puestos de trabajo, mejorar las
expectativas de consumo de los trabajadores y la competitividad de
los empresarios”.
La actual ley de reforma laboral está sospechada de haber sido
aprobada en el Senado mediante el pago de coimas en abril de 2000,
durante la presidencia de Fernando de la Rúa.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que “la nueva ley apunta a saldar el déficit de trabajo decente”, y agregó que los tres objetivos de la iniciativa son “generar calidad en los puestos de trabajo, la negociación colectiva y el trabajo registrado”.
Entre los puntos destacados de la iniciativa, Tomada precisó
que la norma “reestablece el sentido del período de prueba para
que no sea un mecanismo de precarización como con la aplicación de
seis meses o hasta un año” y un régimen único indemnizatorio que
reemplazará “esa distorsión de dos sistemas paralelos”.
El ministro aseguró, además, que la nueva ley intentará generar
“la permanencia de los puestos de trabajo, mejorar las
expectativas de consumo de los trabajadores y la competitividad de
los empresarios”.
La actual ley de reforma laboral está sospechada de haber sido
aprobada en el Senado mediante el pago de coimas en abril de 2000,
durante la presidencia de Fernando de la Rúa.
