Convierten en ley la prórroga para renegociar las tarifas

Diputados otorgó al Poder Ejecutivo las herramientas que necesita para aplicar un aumento de tarifas al convertir en ley la prórroga por un año del plazo para llevar adelante las renegociaciones de los contratos.

2 octubre, 2003

La normativa, que ya tenía media sanción del Senado, fue
aprobada sin modificaciones -tras un arduo debate que se extendió
por más de seis horas en el recinto de la Cámara baja-, por 87
votos afirmativos, 65 negativos y tres abstenciones.

La ley otorga un año más de plazo al Gobierno para renegociar
los contratos y las resoluciones que tome deberá enviarlas al
Congreso, que tendrá 60 días para evaluar estas tratativas.
El oficialismo logró sacar adelante el proyecto que envió el
Poder Ejecutivo a pesar de la oposición de varios bloques que
pretendían darle un marco regulatorio al instrumento que ahora
tiene el gobierno para analizar los contratos de las empresas
privatizadas.

Uno de los artículos más importantes de la ley establece una
extensión del plazo de renegociación -vencía el 10 de diciembre de
2003- y ahora se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2004,
lapso en el cual el Poder Ejecutivo pretende revisar los 63
contratos de los servicios públicos y evaluar sus condiciones,
rendimientos y calidad de servicio.

Esta ampliación del tiempo para la renegociación de los
contratos es una potestad que fue abierta a partir de la Ley de
Emergencia Económica, sancionada en 2002 y le permitiría al Poder
Ejecutivo evaluar cada uno de los servicios y negociar un posible
aumento de tarifas.

En ese marco, durante la visita que realizó el ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, a las comisiones de
Presupuesto, Defensa al Consumidor y Obras Públicas, aseguró que
durente todo el 2004 se analizarían los contratos y “no habría
aumentos de tarifas”.

La falta de un marco regulatorio, la desaparición de la
Comisión Bicameral, la falta de Audiencias Públicas y el acotado
tiempo que dispone el Congreso -60 días- para evaluar la
negociación realizada por el Gobierno y las empresas fueron los
argumentos que utilizó la oposición para criticar severamente la
sanción de este proyecto.

En esa línea, se encolumnaron el radicalismo, el ARI, el
Partido Socialista y los bloques de izquierda, quienes además
presentaron un dictamen en minoría que prevé fundamentalmente un
“marco regulatorio” para la renegociación que sea un instrumento
para el Gobierno.

Por su parte, el oficialismo defendió el dictamen que fue
aprobado sin modificaciones en el Senado y que tuvo al ministro De
Vido como un defensor a ultranza de la extensión del plazo para
renegociar que podrá abarcar “determinados sectores de servicios
públicos o en determinadas contrataciones en particular”.

En el artículo segundo de la ley, el Gobierno propone que las
decisiones que adopte “no se hallarán limitadas o condicionadas
por las estipulaciones contenidas en el marco regulatorio”.
La diputada del ARI Elisa Carrió fue una de expositoras más
enérgicas contra esta propuesta, al señalar antes del debate,
durante una conferencia de prensa, que esta ley es “como volver al
pasado”.

“La suma de atribuciones no la vamos a permitir. Con estas
actitudes nos llevan a un pasado al cual no queremos volver. Lo
que pretende el Gobierno son facultades extraordinarias, cambian
los nombres, antes era (Roberto) Dromi, ahora se llama (Julio) De
Vido”, señaló Carrió, al marcar un paralelismo entre el menemismo
y la actual gestión.

Por su parte, el diputado radical Leopoldo Moreau remarcó que
el control de las acciones del Estado es una “atribución del Poder
legislativo”, y en esta iniciativa subrayó, el Gobierno “quiere
manejarse por su cuenta”.
“Controlar el Estado debe ser una política a cumplir por el
Poder Legislativo. ¿Con qué marco regulatorio se van a lograr
nuevas condiciones en los peajes? No hay reglas sin marco
regulatorio”, indicó Moreau.

El diputado planteó que el Gobierno es “engañoso” con su
discurso, ya que en la nueva renegoación de los contratos de las
empresas viales, que vencen el próximo 31 de octubre, “no habrá
más subsidios, pero tampoco inversiones”.
Otra voz opositora fue la del legislador socialista Héctor
Polino, quien dejó traslucir que “nadie podrá negar que durante el
2004 habrá un sustancial aumento de tarifas. Lo dice el
presupuesto con su 10 por ciento de proyección inflacionaria”.

La normativa, que ya tenía media sanción del Senado, fue
aprobada sin modificaciones -tras un arduo debate que se extendió
por más de seis horas en el recinto de la Cámara baja-, por 87
votos afirmativos, 65 negativos y tres abstenciones.

La ley otorga un año más de plazo al Gobierno para renegociar
los contratos y las resoluciones que tome deberá enviarlas al
Congreso, que tendrá 60 días para evaluar estas tratativas.
El oficialismo logró sacar adelante el proyecto que envió el
Poder Ejecutivo a pesar de la oposición de varios bloques que
pretendían darle un marco regulatorio al instrumento que ahora
tiene el gobierno para analizar los contratos de las empresas
privatizadas.

Uno de los artículos más importantes de la ley establece una
extensión del plazo de renegociación -vencía el 10 de diciembre de
2003- y ahora se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2004,
lapso en el cual el Poder Ejecutivo pretende revisar los 63
contratos de los servicios públicos y evaluar sus condiciones,
rendimientos y calidad de servicio.

Esta ampliación del tiempo para la renegociación de los
contratos es una potestad que fue abierta a partir de la Ley de
Emergencia Económica, sancionada en 2002 y le permitiría al Poder
Ejecutivo evaluar cada uno de los servicios y negociar un posible
aumento de tarifas.

En ese marco, durante la visita que realizó el ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, a las comisiones de
Presupuesto, Defensa al Consumidor y Obras Públicas, aseguró que
durente todo el 2004 se analizarían los contratos y “no habría
aumentos de tarifas”.

La falta de un marco regulatorio, la desaparición de la
Comisión Bicameral, la falta de Audiencias Públicas y el acotado
tiempo que dispone el Congreso -60 días- para evaluar la
negociación realizada por el Gobierno y las empresas fueron los
argumentos que utilizó la oposición para criticar severamente la
sanción de este proyecto.

En esa línea, se encolumnaron el radicalismo, el ARI, el
Partido Socialista y los bloques de izquierda, quienes además
presentaron un dictamen en minoría que prevé fundamentalmente un
“marco regulatorio” para la renegociación que sea un instrumento
para el Gobierno.

Por su parte, el oficialismo defendió el dictamen que fue
aprobado sin modificaciones en el Senado y que tuvo al ministro De
Vido como un defensor a ultranza de la extensión del plazo para
renegociar que podrá abarcar “determinados sectores de servicios
públicos o en determinadas contrataciones en particular”.

En el artículo segundo de la ley, el Gobierno propone que las
decisiones que adopte “no se hallarán limitadas o condicionadas
por las estipulaciones contenidas en el marco regulatorio”.
La diputada del ARI Elisa Carrió fue una de expositoras más
enérgicas contra esta propuesta, al señalar antes del debate,
durante una conferencia de prensa, que esta ley es “como volver al
pasado”.

“La suma de atribuciones no la vamos a permitir. Con estas
actitudes nos llevan a un pasado al cual no queremos volver. Lo
que pretende el Gobierno son facultades extraordinarias, cambian
los nombres, antes era (Roberto) Dromi, ahora se llama (Julio) De
Vido”, señaló Carrió, al marcar un paralelismo entre el menemismo
y la actual gestión.

Por su parte, el diputado radical Leopoldo Moreau remarcó que
el control de las acciones del Estado es una “atribución del Poder
legislativo”, y en esta iniciativa subrayó, el Gobierno “quiere
manejarse por su cuenta”.
“Controlar el Estado debe ser una política a cumplir por el
Poder Legislativo. ¿Con qué marco regulatorio se van a lograr
nuevas condiciones en los peajes? No hay reglas sin marco
regulatorio”, indicó Moreau.

El diputado planteó que el Gobierno es “engañoso” con su
discurso, ya que en la nueva renegoación de los contratos de las
empresas viales, que vencen el próximo 31 de octubre, “no habrá
más subsidios, pero tampoco inversiones”.
Otra voz opositora fue la del legislador socialista Héctor
Polino, quien dejó traslucir que “nadie podrá negar que durante el
2004 habrá un sustancial aumento de tarifas. Lo dice el
presupuesto con su 10 por ciento de proyección inflacionaria”.

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