Thomas DeLay abandonó el miércoles la conducción de la bancada oficialista en la cámara baja, tras haber sido formalmente acusado por uso ilícito de fondos durante recientes campañas electorales. Su colega senador, William Frist, está por correr suerte similar.
La renuncia de uno de los legisladores más poderosos es un terrible golpe para George Walker Bush. Precisamente, mientras su imagen pública se deteriora más, ahora por sospechas de favoritismo –por parte del vicepresidente Richard Cheney, el funcionario más desprestigiado del gobierno- en el otorgamiento de contratos para reconstruir áreas devastadas por los huracanes.
Por otra parte, DeLay era pieza fundamental para la aprobación de leyes que le interesan al poder ejecutivo. Por ejemplo, el cargo le permitía decidir qué proyectos serían tratados y cuáles no. Hasta ahora, se ignoraba quién aceptaría reemplazarlo. El cargo por el cual lo procesa una corte federal de primera instancia (Texas) se refiere al manejo discrecional de un sistema de recaudación y asignación de fondos empresarios pare fines electorales (2002, 2004).
En realidad, se trata de una malversación. El dinero ingresó a cuentas del comité nacional republicano –para solventar campañas en escala federal-, pero luego se transfirió a campañas locales en Texas. Eso es moneda corriente en países como Argentina, Brasil o Méjico, pero el sistema norteamericano no es tan “elástico”.
DeLay ha dejado la jefatura de bancada, pero no su escaño, que retiene desde 1984. Desde el llano, temen los demócratas, seguirá moviendo los trebejos, si logra poner un títere en el cargo que ha abandonado (en ese plano, su conducta sería “latinoamericana”). La Casa Blanca se abstuvo de formular comentarios.
Mientras tanto, en el senado el panorama no es mejor. El jefe republicano (quien da las órdenes a su bancada sobre cómo tiene que votar), William Frist, está siendo investigado por la Securities & Exchange Commission -SEC, comisión federal de valores- y el departamento de Justicia por empleo ilegal de datos privilegiados. O sea, “insider’s trading”.
Thomas DeLay abandonó el miércoles la conducción de la bancada oficialista en la cámara baja, tras haber sido formalmente acusado por uso ilícito de fondos durante recientes campañas electorales. Su colega senador, William Frist, está por correr suerte similar.
La renuncia de uno de los legisladores más poderosos es un terrible golpe para George Walker Bush. Precisamente, mientras su imagen pública se deteriora más, ahora por sospechas de favoritismo –por parte del vicepresidente Richard Cheney, el funcionario más desprestigiado del gobierno- en el otorgamiento de contratos para reconstruir áreas devastadas por los huracanes.
Por otra parte, DeLay era pieza fundamental para la aprobación de leyes que le interesan al poder ejecutivo. Por ejemplo, el cargo le permitía decidir qué proyectos serían tratados y cuáles no. Hasta ahora, se ignoraba quién aceptaría reemplazarlo. El cargo por el cual lo procesa una corte federal de primera instancia (Texas) se refiere al manejo discrecional de un sistema de recaudación y asignación de fondos empresarios pare fines electorales (2002, 2004).
En realidad, se trata de una malversación. El dinero ingresó a cuentas del comité nacional republicano –para solventar campañas en escala federal-, pero luego se transfirió a campañas locales en Texas. Eso es moneda corriente en países como Argentina, Brasil o Méjico, pero el sistema norteamericano no es tan “elástico”.
DeLay ha dejado la jefatura de bancada, pero no su escaño, que retiene desde 1984. Desde el llano, temen los demócratas, seguirá moviendo los trebejos, si logra poner un títere en el cargo que ha abandonado (en ese plano, su conducta sería “latinoamericana”). La Casa Blanca se abstuvo de formular comentarios.
Mientras tanto, en el senado el panorama no es mejor. El jefe republicano (quien da las órdenes a su bancada sobre cómo tiene que votar), William Frist, está siendo investigado por la Securities & Exchange Commission -SEC, comisión federal de valores- y el departamento de Justicia por empleo ilegal de datos privilegiados. O sea, “insider’s trading”.