Bush está a punto de dirigirse a su país por cuarta vez. En las
tres oportunidades anteriores
no hizo una sola mención al rol de la ciencia y la tecnología
de avanzada en el futuro social y económico de la nación. No se
cree que lo mencione tampoco en éste.
Y sin embargo, la historia podría terminar identificando su gobierno
con algunos avances tecnológicos que ocurrieron durante su mandato. No
se trata sólo de los desarrollos privados que dieron vida nueva a los
negocios en Internet ni del enorme gasto público para sistemas militares
y de vigilancia que están creando un enorme complejo industrial antiterrorista.
En opinión James Fallows, columnista del NY Times, se trata de algunas
de las innovaciones más importantes que se han hecho en esas áreas
donde el esfuerzo público y privado se tocan. En el primer período,
el equipo Bush tomó algunas importantes decisiones en pro de la tecnología.
En el próximo año se verá si las sostiene.
Desde los primeros días de la república existe la idea según
la cual la investigación en ciencia y tecnología auspiciada por
el gobierno puede acelerar el crecimiento de los negocios privados. El progreso
agrario, impulsado en gran medida por cesiones de tierras a las universidades,
confirmó el concepto en el siglo 19. Lo mismo ocurrió en el siglo
20, la era que culminó con el trabajo que llevó a la Internet.
En los últimos veinte años aquella vieja idea adquirió
nueva vigencia en la aceptación general de que la relación de
ciencia pública y negocio privado es más importante que nunca.
Un entorno donde el intercambio de información es rápido y económico,
en lugar de lento y costoso, es el mejor caldo de cultivo para el crecimiento
de muchas industrias.
Fallows enumera las consecuencias políticas de esta gran opción
que hace el Estado. La primera ayuda a explicar por qué Estados Unidos
ha sido una incubadora tan fértil para las empresas de tecnología,
en comparación con la mayoría de los países europeos: en
EE.UU. la información – auspiciada por el gobierno – siempre fue más
barata. A modo de ejemplo: el gobierno de Estados Unidos vende un juego de CD
con todas las lecturas del tiempo de los últimos 50 años a US$
4,29. La misma información, pero del gobierno alemán, cuesta US$
1,5 millón.
El dinamismo estadounidense crea, a su paso, un grupo siempre cambiante de ganadores
y perdedores. Al fomentar nuevas empresas, desaloja otras, lo cual genera problemas
y protestas.
Durante el primer período de la presidencia de Bill Clinton, la Dirección
de Gestión y Presupuesto (Office of Management and Budget, O.M.B.)
emitió casi sin cambios un documento que había sido preparado
por la anterior administración Bush. El documento se conoció con
el nombre de Circular
A-130 y su idea central era que el gobierno debía distribuir información
de la forma más rápida y económica posible. Se refería,
obviamente, a la Internet.
Así comenzaron las guerras de información de la era Clinton. Mead
Data Central, entonces dueña de Nexis-Lexis, había
gozado hasta entonces de un contrato exclusivo para distribuir los archivos
de información de la S.E.C. a precios respetables. Después de
un juicio y un cambio de política, esos archivos se pusieron a disponibilidad
del público gratuitamente, en Internet. Cosas parecidas ocurrieron en
todos los sectores.
Cuando llegó al gobierno George W. Bush, tuvo que decidir si retiraba
la política A-130 policy o si la confirmaba suponiendo que la gratuidad
de la información es un beneficio para la economía. Para sorpresa
de muchos, la mantuvo, con ajustes y algunas concesiones. Aunque un capítulo
aparte lo forma el debate sobre cuándo y de qué manera se debe
dar difusión a estudios médicos financiados por el gobierno, en
general, el gobierno federal mantuvo la política originada por Bush padre
y puesta en práctica por Clinton.
Una de las controversias más ácidas del momento atañe al
National Weather Service y podría terminar mejorando la imagen
pro-tecnología del gobierno republicano. El tema central es si el National
Weather Service, que utiliza fondos de los contribuyentes para recolectar
casi todas sus investigaciones, podrá poner esa información en
Internet o si en cambio deberá canalizarla a través de los servicios
meteorológicos comerciales, como hacía la S.E.C. con Mead.
Bush está a punto de dirigirse a su país por cuarta vez. En las
tres oportunidades anteriores
no hizo una sola mención al rol de la ciencia y la tecnología
de avanzada en el futuro social y económico de la nación. No se
cree que lo mencione tampoco en éste.
Y sin embargo, la historia podría terminar identificando su gobierno
con algunos avances tecnológicos que ocurrieron durante su mandato. No
se trata sólo de los desarrollos privados que dieron vida nueva a los
negocios en Internet ni del enorme gasto público para sistemas militares
y de vigilancia que están creando un enorme complejo industrial antiterrorista.
En opinión James Fallows, columnista del NY Times, se trata de algunas
de las innovaciones más importantes que se han hecho en esas áreas
donde el esfuerzo público y privado se tocan. En el primer período,
el equipo Bush tomó algunas importantes decisiones en pro de la tecnología.
En el próximo año se verá si las sostiene.
Desde los primeros días de la república existe la idea según
la cual la investigación en ciencia y tecnología auspiciada por
el gobierno puede acelerar el crecimiento de los negocios privados. El progreso
agrario, impulsado en gran medida por cesiones de tierras a las universidades,
confirmó el concepto en el siglo 19. Lo mismo ocurrió en el siglo
20, la era que culminó con el trabajo que llevó a la Internet.
En los últimos veinte años aquella vieja idea adquirió
nueva vigencia en la aceptación general de que la relación de
ciencia pública y negocio privado es más importante que nunca.
Un entorno donde el intercambio de información es rápido y económico,
en lugar de lento y costoso, es el mejor caldo de cultivo para el crecimiento
de muchas industrias.
Fallows enumera las consecuencias políticas de esta gran opción
que hace el Estado. La primera ayuda a explicar por qué Estados Unidos
ha sido una incubadora tan fértil para las empresas de tecnología,
en comparación con la mayoría de los países europeos: en
EE.UU. la información – auspiciada por el gobierno – siempre fue más
barata. A modo de ejemplo: el gobierno de Estados Unidos vende un juego de CD
con todas las lecturas del tiempo de los últimos 50 años a US$
4,29. La misma información, pero del gobierno alemán, cuesta US$
1,5 millón.
El dinamismo estadounidense crea, a su paso, un grupo siempre cambiante de ganadores
y perdedores. Al fomentar nuevas empresas, desaloja otras, lo cual genera problemas
y protestas.
Durante el primer período de la presidencia de Bill Clinton, la Dirección
de Gestión y Presupuesto (Office of Management and Budget, O.M.B.)
emitió casi sin cambios un documento que había sido preparado
por la anterior administración Bush. El documento se conoció con
el nombre de Circular
A-130 y su idea central era que el gobierno debía distribuir información
de la forma más rápida y económica posible. Se refería,
obviamente, a la Internet.
Así comenzaron las guerras de información de la era Clinton. Mead
Data Central, entonces dueña de Nexis-Lexis, había
gozado hasta entonces de un contrato exclusivo para distribuir los archivos
de información de la S.E.C. a precios respetables. Después de
un juicio y un cambio de política, esos archivos se pusieron a disponibilidad
del público gratuitamente, en Internet. Cosas parecidas ocurrieron en
todos los sectores.
Cuando llegó al gobierno George W. Bush, tuvo que decidir si retiraba
la política A-130 policy o si la confirmaba suponiendo que la gratuidad
de la información es un beneficio para la economía. Para sorpresa
de muchos, la mantuvo, con ajustes y algunas concesiones. Aunque un capítulo
aparte lo forma el debate sobre cuándo y de qué manera se debe
dar difusión a estudios médicos financiados por el gobierno, en
general, el gobierno federal mantuvo la política originada por Bush padre
y puesta en práctica por Clinton.
Una de las controversias más ácidas del momento atañe al
National Weather Service y podría terminar mejorando la imagen
pro-tecnología del gobierno republicano. El tema central es si el National
Weather Service, que utiliza fondos de los contribuyentes para recolectar
casi todas sus investigaciones, podrá poner esa información en
Internet o si en cambio deberá canalizarla a través de los servicios
meteorológicos comerciales, como hacía la S.E.C. con Mead.
