Chile: el Gobierno niega un punto final
Dijo que el informe militar no estuvo sujeto a condiciones. Pinochet aceptó someterse a los exámenes médicos.
El gobierno chileno desmintió las versiones que indicaban que la información suministrada acerca del destino de unos 180 desaparecidos tendría como contrapartida una solución política al caso Pinochet y a los otros juicios por violaciones a los derechos humanos, mediante un punto final.
Ante las insistentes versiones el ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza aseguró que «el Ejecutivo no tiene presupuestado dictar medidas legales que otorguen impunidad a quienes entreguen informaciones sobre detenidos desaparecidos y no pretende dictar ninguna ley de punto final».
El inédito reconocimiento por parte de las fuerzas armadas de su rol en la represión ilegal durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) generó fuertes reacciones a favor y en contra.
Abogados defensores de los derechos humanos aseguraron que las fuerzas armadas no entregaron toda la información que poseían.
Algunos representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos reclaman que una investigación determine los diversos grados de responsabilidad en la autoría de los crímenes que ya han sido reconocidos en la denominada mesa del diálogo.
Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Chile, Hernán Alvarez, salió a frenar esas expectativas recordando que la mayoría de los asesinatos están cubiertos por la ley de amnistía que decretó el régimen militar en abril de 1978.
Lo que sí hará la Justicia es utilizar la información difundida el domingo para establecer con certidumbre la suerte que corrió la mayor cantidad posible de desaparecidos.
Mientras tanto el ex dictador Augusto Pinochet accedió finalmente a las exigencias del juez Juan Guzmán, y se someterá a los exámenes médicos a partir de mañana y al interrogatorio, fijado para el lunes próximo.
El magistrado fijó los análisis mentales y neurológicos entre mañana y el sábado 13, y la declaración indagatoria para el próximo lunes 15.
El gobierno chileno desmintió las versiones que indicaban que la información suministrada acerca del destino de unos 180 desaparecidos tendría como contrapartida una solución política al caso Pinochet y a los otros juicios por violaciones a los derechos humanos, mediante un punto final.
Ante las insistentes versiones el ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza aseguró que «el Ejecutivo no tiene presupuestado dictar medidas legales que otorguen impunidad a quienes entreguen informaciones sobre detenidos desaparecidos y no pretende dictar ninguna ley de punto final».
El inédito reconocimiento por parte de las fuerzas armadas de su rol en la represión ilegal durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) generó fuertes reacciones a favor y en contra.
Abogados defensores de los derechos humanos aseguraron que las fuerzas armadas no entregaron toda la información que poseían.
Algunos representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos reclaman que una investigación determine los diversos grados de responsabilidad en la autoría de los crímenes que ya han sido reconocidos en la denominada mesa del diálogo.
Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Chile, Hernán Alvarez, salió a frenar esas expectativas recordando que la mayoría de los asesinatos están cubiertos por la ley de amnistía que decretó el régimen militar en abril de 1978.
Lo que sí hará la Justicia es utilizar la información difundida el domingo para establecer con certidumbre la suerte que corrió la mayor cantidad posible de desaparecidos.
Mientras tanto el ex dictador Augusto Pinochet accedió finalmente a las exigencias del juez Juan Guzmán, y se someterá a los exámenes médicos a partir de mañana y al interrogatorio, fijado para el lunes próximo.
El magistrado fijó los análisis mentales y neurológicos entre mañana y el sábado 13, y la declaración indagatoria para el próximo lunes 15.
