Chavinomics en crisis: demandan rectificaciones

Propusieron 47 expertos venezolanos aumentar la oferta de divisas en forma racional a la economía nacional y construir un plan de corto y mediano plazo que acabe con el desabastecimiento y baje la inflación.

“Las políticas aisladas, tomadas únicamente por razones fiscalistas, tales como devaluar o incrementar el precio de la gasolina, sólo generan malestar en la población sin resolver el problema de fondo del desbalance fiscal y sin frenar el círculo vicioso de más controles, menor producción, más contrabando y corrupción, causando mayor inflación y escasez, lo cual impide el desarrollo de una economía productiva y una sociedad próspera”, advirtieron en un duro pronunciamiento sobre la inestabilidad económica y desabastecimiento 47 economistas venezolanos con trayectoria académica y/o experiencia en el sector público que suscribieron un documento en Caracas.

 

Esta situación ha originado un grave problema socioeconómico de desabastecimiento y de escasez generalizada de productos alimentarios, medicamentos, equipos, maquinaria e insumos para las distintas actividades productivas del país.

 

Afirman que los serios problemas económicos del 2014 no son coyunturales, sino que se han acumulado y agravado, analizan el impacto en la crisis cambiaria que tuvo la declinación dela industria petrolera y proponen que sea rectificada la política económica para el bien de Venezuela.

 

Firman el reporte Sary Levy, Patricia Hernández, Orlando Ochoa Ronald Balza, Tamara Herrera, Angel García Banchs, José Guerra Asdrubal Oliveros, Isaac Mencia, Alejandro Grisanti, Richard Obuchi, Víctor Olivo, Pedro Palma, Domingo Sifontes, Francisco Ibarra Gustavo Rojas, Luis Carlos Palacios Henkel García, Héctor Silva Michelena, Adicea Castillo, Teodoro Petkoff, Eduardo J. Ortiz F., Humberto García Larralde, Neuro Villalobos, Francisco Faraco, Tarquino Barreto, Héctor Malave, Mata Edison Morales, Luis Beltrán Petrossini, Alejandro Gutiérrez, Alcides Villalba, Marcos Morales Quintero, Gustavo Guevara, Jesús Casique, Edgar Cárdenas Medina, Pablo Polo, León Sarcos, Gustavo Machado, María Alejandra Paublini, Jorge Sánchez Melean, Rafael Piña Pérez, Edison Medina Jiménez, Alberto Castellano Douglas Ramírez, José Manuel Puente, Antonio Paiva y Marcos Sandoval.

 

Proponen iniciar el camino a la solución de los problemas petroleros y económicos con la reorganización del flujo de divisas de PDVSA, lo cual debe facilitar el aumento de la capacidad de producción petrolera y aumentar el suministro de divisas al BCV, el cual fue de 98% del total de las exportaciones petroleras antes de 1999; y fue disminuyendo hasta representar sólo 53% de las exportaciones en los tres primeros trimestres de 2013.

 

Ponen como imperativo establecer simultáneamente un balance fiscal en el sector público (reducción del enorme déficit) con disciplina monetaria (eliminar el financiamiento monetario del BCV al sector público), para poder orientar la política económica a alcanzar un régimen cambiario con una sola tasa de cambio, con libre convertibilidad y acceso a divisas, tal como lo disfrutan hoy Bolivia y Ecuador, países del ALBA con mucho mejor sentido de responsabilidad fiscal y estabilidad económica.

 

Las reservas internacionales deben elevarse al recibir el BCV nuevamente un alto porcentaje de las divisas por exportación petrolera; y la República y PDVSA deben diseñar un plan inmediato de recuperación pronta de las enormes cifras de ventas petroleras financiadas a largo plazo o en morosidad, a varios países de la región.

 

Desequilibrios

 

Los desequilibrios acumulados en materia fiscal, monetaria y cambiaria de la última década se manifiestan en una tasa de inflación anual de las más altas del mundo, una escasez desbordada, un déficit del sector público consolidado excesivamente alto, el indebido e inconstitucional financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela del déficit público y una severa restricción en la entrega de divisas petroleras al BCV por parte de PDVSA.

 

Estas divisas petroleras, a su vez, se administran bajo un régimen de control de cambio propenso a la corrupción, en medio de un amplio diferencial cambiario entre la tasa oficial y la tasa no oficial, promovido por la misma política de gasto público deficitario con financiamiento monetario.

 

Se trata de un auténtico círculo vicioso de prácticas gubernamentales incapaces de proveer estabilidad económica a Venezuela.

 

Hasta 2008 el gobierno de Hugo Chávez presentó como resultados favorables de su gestión el crecimiento de la economía, la reducción del desempleo, de la pobreza y de la desigualdad en la distribución del ingreso. Argumentó reiteradamente que dichos resultados eran consecuencia del control directo que se ejercía sobre PDVSA desde 2003 y sobre el BCV desde 2005, así como de la sucesiva creación de Misiones sociales desde 2003. Los problemas económicos que se mantuvieron sin resolver, como la inflación y la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial (que condujeron mayores importaciones, en reemplazo de la producción nacional y a la pérdida de valor del bolívar ante el dólar en el mercado no oficial), fueron atribuidos por el gobierno a desviaciones capitalistas, campañas de opositores políticos y especuladores.

 

En 2007 el presidente Chávez se declaró socialista del siglo XXI, de corte guevarista y maoísta, e inició un proceso de expropiaciones y de ampliación de los controles de cambio y precios vigentes desde 2003.

 

A partir de 2012, a los problemas de inflación y mayor dependencia de las importaciones de toda clase de productos antes elaborados en el país, se sumaron una ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el no oficial, además de escasez persistente de alimentos, medicinas e insumos básicos para producir bienes de primera necesidad y para el sector construcción.

 

El gobierno de Nicolás Maduro, con el apoyo del directorio del BCV, afirmó que no hay “razones económicas” para la inflación de 56,2% que sufrimos durante el 2013, ni para una escasez que alcanzó el 22.2% en diciembre de dicho año. Situación que llevó a posponer la publicación detallada de estadísticas de precios y escasez desde noviembre.

 

El Gobierno tampoco admitió “razones económicas” para el comportamiento del tipo de cambio no oficial o paralelo, cuyo impacto negativo sobre los precios descartan, ni para la rápida caída del ritmo de crecimiento de la economía.

 

Sin embargo, y aunque el gobierno prefiera presentarse como víctima de una presunta “guerra económica”, existen bien conocidas y documentadas razones económicas para esta difícil situación socioeconómica de Venezuela.

 

Desde el 2010 el acentuado deterioro de sectores productivos públicos y privados, las fallas del régimen de control de cambio y los manejos fiscales-monetarios distantes de la sensatez y las pautas de la Constitución, se han hecho sentir sobre la población.

 

En este nuevo documento público, fueron retomados cuatro aspectos centrales de la problemática económica descritas en previas presentaciones, no resueltos desde entonces y que ahora ejercen una influencia muy adversa sobre la situación económica del país.

 

 

Primero, es evidente que ya no existe la simple relación directa entre un precio del petróleo más alto y una mayor actividad económica venezolana, ni tampoco existe un mínimo control gubernamental sobre la presión inflacionaria, ni han podido organizar un mercado cambiario funcional y estable.

 

Las distorsiones inducidas en la asignación de recursos en las actividades económicas (entre ellas sobrefacturación y contrabando), asociadas un control cambiario con amplia corrupción y la caída de reservas internacionales del BCV, debido a compromisos externos de PDVSA cercanos a un 50% de los ingresos brutos en divisas por exportación petrolera, comenzaron a deteriorar aún más el panorama económico del país a partir de la segunda mitad del 2012.

 

Estas desviaciones de divisas petroleras fuera del BCV, se explican por grandes transferencias a fondos gubernamentales con cuentas en el exterior, al pago de los compromisos financieros adquiridos con China; y, entre otros factores, en la caída de ingresos de PDVSA por el financiamiento preferencial en ventas petroleras a largo plazo otorgado a Petrocaribe, Petrosur, Petroandina y Cuba.

 

Segundo, esta crisis no obedece exclusivamente a políticas económicas desacertadas sino a una conducción gubernamental sin respeto a límites legales en el área económica-financiera y a una concepción ideológica radical que justifica el fin revolucionario por encima de cualquier otra consideración en una democracia moderna, abierta al escrutinio público.

 

Se trata de una crisis económica causada simultáneamente con el deterioro de una institución pública clave, el Banco Central de Venezuela, el cual ha tenido 4 presidentes designados en menos de un año. Otras instituciones fueron deliberadamente convertidas en entes inoperantes, como fue el caso del Fondo de Estabilización Macroeconómica, bajo el Gobierno de Hugo Chávez.

 

De hecho, la profundización y ampliación de controles cambiarios, de precios y de las ganancias, que ahora se propone, desconoce toda la experiencia internacional en contra de dicha respuesta gubernamental a una crisis cambiaria, de más controles distorsionantes, y refleja más bien los prejuicios ideológicos provenientes de la llamada “lucha de clases”, citada por voceros oficiales y promovida por el fracasado socialismo marxista.

 

Tercero, desde 2009 la pérdida de la eficacia productiva y del potencial de producción en prácticamente todos los sectores de la economía, agravada por restricciones al acceso oportuno de divisas, se ha convertido en un impedimento más para el amplio y normal abastecimiento con producción nacional; también impide la generación de empleos estables y mejores remuneraciones a los trabajadores que no sean menguadas por la inflación. En Guayana, las empresas básicas han reducido alarmantemente su producción y su capacidad potencial en los últimos años. Siguen operando con fuertes pérdidas y baja calidad gerencial, lo que en conjunto impide la nueva inversión y renovación tecnológica. Algunas empresas estatales subsisten con transferencias de recursos desde el Gobierno Central, el Fondo Chino (préstamo a ser pagado con petróleo) y el inflacionario financiamiento monetario del BCV.

 

El sector eléctrico también refleja la debilidad y vulnerabilidad de las empresas públicas antes mencionadas y no puede haber desarrollo sostenido de actividades económicas sin alta inversión y gerencia eficaz en el sector eléctrico.

 

Cuarto, el sector agrícola, base de la producción nacional de alimentos, sigue seriamente golpeado por la política de expropiaciones, confiscaciones e importaciones masivas de alimentos por parte del Estado (un 30% pasa vía contrabando a países vecinos según declaración reciente de un alto funcionario gubernamental); por los controles de precios, rezagados respecto a la presión inflacionaria sobre los costos y por la nacionalización de Agroisleña, empresa clave de servicios al sector agrícola privado; además, el potencial productivo del sector agrícola también se ha reducido drásticamente.

 

En este sector la absoluta mayoría de las nuevas unidades estatales de producción socialistas han fracasado. Estos puntos anteriores fueron descritos, desde 2009, como obstáculos en previos documentos difundidos por economistas venezolanos y lamentablemente siguen teniendo vigencia.

 

La política gubernamental no sólo no ha resuelto estas dificultades, sino que ha permitido que se agraven con el tiempo.

 

Las dificultades de suministro de bienes importados a los consumidores no terminan con el problema de la restricción en la entrega de divisas a los importadores. Las importaciones registradas a tasa oficial sufren sistemáticamente de sobrefacturación o fraude cambiario, estimada por analistas dentro y fuera del Gobierno en aproximadamente un tercio del total. Esto suele ocurrir en los regímenes de control de cambio cuando su uso se prolonga en el tiempo y es muy difícil de reducir con funcionarios que tienden a pasar a participar, impunemente, en la corrupción cambiaria, tal como fue narrado por un destacado periodista de Venezolana de Televisión, directamente vinculado al sector oficialista, en mayo de 2013.

 

Van 11 años desde el establecimiento de CADIVI y las distorsiones inducidas en los sectores productivos han sido muy negativas para el desarrollo económico del Venezuela.

 

Cambiar el nombre a la misma plataforma tecnológica y cuerpo de funcionarios, no va a hacer al Centro Nacional de Comercio Exterior menos propenso a prácticas de corrupción impunes, ni permitirá detectar la fallas de suministros de decenas de miles de insumos y productos, cuya ausencia o retraso detienen líneas de ensamblaje y paralizan el abastecimiento a las redes de distribución nacional.

 

La respuesta del consumidor preocupado por la ausencia cíclica o permanente de algunos productos es comprar una mayor cantidad de bienes. Esto, nuevamente, es una consecuencia y no una causa primaria del problema económico. Detener este proceso de deterioro económico y social debería ser la prioridad de un Gobierno con genuina sensibilidad social.

 

Además, para agravar la crisis de escasez, tanto en las importaciones privadas como en las públicas, así como con los bienes nacionales sujetos a regulación de precios por debajo de costos de producción, se observan rutas de contrabando, bien establecidas con alto tráfico, hacia los mercados de los países vecinos, así como para los mercados negros locales. Los diferenciales de precios reales entre los bienes e insumos en bolívares (muy bajos a la tasa no oficial) y los internacionales, han convertido la tarea de mantener el suministro normal de productos e insumos dentro del país, en una misión prácticamente imposible de lograr.

 

En una economía abrumada por controles cada vez más ineficaces en sus objetivos, la corrupción florece y crea grandes fortunas compartidas entre funcionarios y oportunistas del sector privado; todo esto ocurre bajo los perversos incentivos originados en la ineficiente asignación de recursos, fomentada por la misma política oficial de controles, para fines más políticos y electorales que económicos. La inflación en alza y las amplias distorsiones cambiarias empobrecen más a los pobres y aumentan la riqueza de los pocos que tienen acceso a ahorros en moneda dura, lo cual deteriora rápidamente la distribución del ingreso nacional. De continuar el Gobierno en el presente curso, los problemas económicos de los venezolanos se agravaran en forma dramática.

 

El alza sostenida de los precios, la caída del ingreso real, las limitadas oportunidades de empleos bien remunerados y la escasez de alimentos, medicinas y una variedad de bienes de uso frecuente, harán de la vida de los venezolanos un proceso de empobrecimiento y padecimiento por pesadas dificultades económicas, todas relacionadas entre sí.

 

 

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