¿Cede la guerra entre el gobierno y Royal Dutch/Shell?

Como lo preveía la carátula impuesta a las denuncias del gobierno contra la petrolera, el juez rechazó el pedido de Guillermo Moreno, en cuanto a detenciones. La cuestión no es penal, sino correccional, y hay dudas sobre una ley de 1974.

30 agosto, 2007

Entretanto, la multinacional angloholandesa denunció que le frenan exportaciones por más de US$ 70 millones. Eso se sumó a presiones contra Juan José Aranguren y el directorio de la filial argentina. Pero el juez Marcelo Aguinsky aceptó como querellante a Moreno, secretario de comercio interior hasta el 9 de diciembre. En cuanto a las exportaciones, se inscriben en una serie de escaramuzas iniciada con el boicot -declarado en 2005 por Néstor Kirchner-, luego de que la compañía presentase un gasoil más caro.

No fue una idea original ni inteligente, pero reflejaba la enemistad casi personal entre Aranguren y el presidente. Medios allegados al sector privado –no a la empresa- señalan, al respecto, que las relaciones son mejores con Cristina K., eventual sucesora de su combativo cónyuge. Por de pronto, probablemente varios pingüinos poco presentables no sobrevivan en el futuro gabinete.

Según RD/S, Moreno le retacea autorización para colocar en el exterior 120.000 litros de nafta, equivalentes a la carga de mil estaciones de servicio. Esta actividad es clave del negocio en Argentina y, a los actuales precios internacionales, implica más de US$ 70 millones. Pero no es gran cosa si se recuerda que el grupo factura anualmente unos US$ 300.000 millones, en una actividad proclive a poner dividendos por encima de reinversiones.

Sin abandonar su tono desafiante, Aranguren denuncia: “tenemos solicitudes pendientes desde junio, pese a haber cumplido con todos los reglamentos vigentes. Pero no nos dan el permiso”. No obstante, si las cosas se prolongan más allá del cambio de gobierno o la ofensiva hace agua, el actual funcionario –ahora querellante- quedará expuesto a las represalias judiciales de Aranguren. Ello sugiere que los abogados públicos que asesoran a Moreno distan de ser brillantes.

Entretanto, la multinacional angloholandesa denunció que le frenan exportaciones por más de US$ 70 millones. Eso se sumó a presiones contra Juan José Aranguren y el directorio de la filial argentina. Pero el juez Marcelo Aguinsky aceptó como querellante a Moreno, secretario de comercio interior hasta el 9 de diciembre. En cuanto a las exportaciones, se inscriben en una serie de escaramuzas iniciada con el boicot -declarado en 2005 por Néstor Kirchner-, luego de que la compañía presentase un gasoil más caro.

No fue una idea original ni inteligente, pero reflejaba la enemistad casi personal entre Aranguren y el presidente. Medios allegados al sector privado –no a la empresa- señalan, al respecto, que las relaciones son mejores con Cristina K., eventual sucesora de su combativo cónyuge. Por de pronto, probablemente varios pingüinos poco presentables no sobrevivan en el futuro gabinete.

Según RD/S, Moreno le retacea autorización para colocar en el exterior 120.000 litros de nafta, equivalentes a la carga de mil estaciones de servicio. Esta actividad es clave del negocio en Argentina y, a los actuales precios internacionales, implica más de US$ 70 millones. Pero no es gran cosa si se recuerda que el grupo factura anualmente unos US$ 300.000 millones, en una actividad proclive a poner dividendos por encima de reinversiones.

Sin abandonar su tono desafiante, Aranguren denuncia: “tenemos solicitudes pendientes desde junio, pese a haber cumplido con todos los reglamentos vigentes. Pero no nos dan el permiso”. No obstante, si las cosas se prolongan más allá del cambio de gobierno o la ofensiva hace agua, el actual funcionario –ahora querellante- quedará expuesto a las represalias judiciales de Aranguren. Ello sugiere que los abogados públicos que asesoran a Moreno distan de ser brillantes.

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