Cambios en la ley de riesgos de trabajo
Mediante un decreto impulsado por la ministra Bullrich, los empresarios pagarán una prima más cara, pero enfrentarán menos juicios. La norma no cierra la vía del reclamo judicial, incrementa los montos de las indemnizaciones y el tope de la prestación en
Entre todos los decretos que firmará el Presidente en el último día hábil del año, se encuentra uno más que viene de la mano de la ministro de Trabajo, Patricia Bullrich.
La iniciativa modifica la ley de riesgos del trabajo y ,si bien no cierra la puerta a una presentación ante la Justicia, tampoco la promueve tal como pretendían algunas propuestas presentadas por los diputados aliancistas.
En contrapartida, el decreto incrementará los montos de las indemnizaciones y agregará a los pagos mensuales que deben realizar las administradoras de riesgos del trabajo (ART) pagos iniciales que van de $30.000 a $ 50.000, de acuerdo con la gravedad de la incapacidad del trabajador.
También aumentará el tope de la prestación dineraria en caso de muerte del trabajador, de los $ 110.000 actuales a $ 180.000.
Estos cambios elevarán en 50% el monto de la alícuota que pagan las empresas y que actualmente se ubica en 1,4% del salario del trabajador; así, rondará 2%, un punto menos de lo que inicialmente se pensaba que se pagaría por la prevención de accidentes.
Aun así, para las empresas el negocio tendrá sentido: pagarán una prima más cara, pero tendrán que enfrentar menos juicios.
Es por eso que este decreto, impulsado por la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, consiguió el acuerdo de la Unión Industrial Argentina (UIA) con la Unión de Pymes, la CGT y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Por su parte, las ART no verán afectadas sus economías ya que sólo transferirán el incremento de los costos a las empresas contratistas del servicio.
El decreto incluirá otros cambios de consideración: incorpora a los padres y tutores de trabajadores solteros como derechohabientes, es decir, como receptores legales del pago de la ART en caso de muerte del trabajador.
También establece la figura de un fondo fiduciario para financiar todas las enfermedades que fueran incluidas al listado de enfermedades profesionales.
Entre todos los decretos que firmará el Presidente en el último día hábil del año, se encuentra uno más que viene de la mano de la ministro de Trabajo, Patricia Bullrich.
La iniciativa modifica la ley de riesgos del trabajo y ,si bien no cierra la puerta a una presentación ante la Justicia, tampoco la promueve tal como pretendían algunas propuestas presentadas por los diputados aliancistas.
En contrapartida, el decreto incrementará los montos de las indemnizaciones y agregará a los pagos mensuales que deben realizar las administradoras de riesgos del trabajo (ART) pagos iniciales que van de $30.000 a $ 50.000, de acuerdo con la gravedad de la incapacidad del trabajador.
También aumentará el tope de la prestación dineraria en caso de muerte del trabajador, de los $ 110.000 actuales a $ 180.000.
Estos cambios elevarán en 50% el monto de la alícuota que pagan las empresas y que actualmente se ubica en 1,4% del salario del trabajador; así, rondará 2%, un punto menos de lo que inicialmente se pensaba que se pagaría por la prevención de accidentes.
Aun así, para las empresas el negocio tendrá sentido: pagarán una prima más cara, pero tendrán que enfrentar menos juicios.
Es por eso que este decreto, impulsado por la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, consiguió el acuerdo de la Unión Industrial Argentina (UIA) con la Unión de Pymes, la CGT y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Por su parte, las ART no verán afectadas sus economías ya que sólo transferirán el incremento de los costos a las empresas contratistas del servicio.
El decreto incluirá otros cambios de consideración: incorpora a los padres y tutores de trabajadores solteros como derechohabientes, es decir, como receptores legales del pago de la ART en caso de muerte del trabajador.
También establece la figura de un fondo fiduciario para financiar todas las enfermedades que fueran incluidas al listado de enfermedades profesionales.
