Buscan facilitar la inversión externa
El gobierno decidió utilizar las nuevas atribuciones concedidas por el Congreso, y la primera medida fue modificar la ley Antimonopolio a través de un decreto cuya finalidad es agilizar la llegada de capitales extranjeros.
El presidente Fernando de la Rúa, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, firmaron ayer (domingo 1) un decreto que modifica la Ley 25156 de Defensa de la Competencia, con la intención de facilitar la inversión extranjera, y en uso de las facultades especiales otorgadas por el Congreso la semana pasada.
Según el comunicado oficial, el anterior texto de la ley “contiene algunas normas que perjudican la competitividad de la economía, en especial para la radicación de nuevas inversiones”.
Con la medida el gobierno busca destrabar aquellas operaciones que se mantenían en suspenso y en espera de dictámenes favorables. Queda claro que la idea de la administración nacional es limitar la injerencia estatal en operaciones de compra, fusión o aglomeración de empresas.
El presidente Fernando de la Rúa explicó, horas antes de su partida hacia Italia, que la intención es desarticular las trabas que existen en la actividad económica y comercial para “facilitar la inversión”.
La Ley de Defensa de la Competencia, conocida también como Ley Antimonopolio, fue sancionada en agosto del año 1999, pero se reglamentó un año después.
Su objetivo es transparentar el mercado arbitrando en las operaciones que se realizan en él.
La modificación impuesta por el decreto 396/01 comenzará a regir a partir del 9 de abril de este año, y establece una serie de variantes respecto al texto original afectando varios puntos conflictivos.
Una de las normas más importantes de la ley era el punto que ponía bajo revisión la concentración de empresas que superarán 25% del mercado del sector en el que operaban, o cuya facturación en el país superara los US$ 200 millones.
También estaban sujetas a esta norma las compañías que alcanzarán los US$ 2.500 millones a nivel global.
Ahora, el Estado sólo utilizará su facultad de auditar las operaciones en los casos en los que el volumen total de negocios de las empresas intervinientes supere los US$ 200 millones en el país, sin importar su participación de mercado ni sus operaciones en el exterior.
Tampoco será necesario, de acuerdo a las modificaciones, notificarle a las autoridades de Defensa de la Competencia, sobre aquellas operaciones que no superen los US$ 20 millones.
El presidente Fernando de la Rúa, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, firmaron ayer (domingo 1) un decreto que modifica la Ley 25156 de Defensa de la Competencia, con la intención de facilitar la inversión extranjera, y en uso de las facultades especiales otorgadas por el Congreso la semana pasada.
Según el comunicado oficial, el anterior texto de la ley “contiene algunas normas que perjudican la competitividad de la economía, en especial para la radicación de nuevas inversiones”.
Con la medida el gobierno busca destrabar aquellas operaciones que se mantenían en suspenso y en espera de dictámenes favorables. Queda claro que la idea de la administración nacional es limitar la injerencia estatal en operaciones de compra, fusión o aglomeración de empresas.
El presidente Fernando de la Rúa explicó, horas antes de su partida hacia Italia, que la intención es desarticular las trabas que existen en la actividad económica y comercial para “facilitar la inversión”.
La Ley de Defensa de la Competencia, conocida también como Ley Antimonopolio, fue sancionada en agosto del año 1999, pero se reglamentó un año después.
Su objetivo es transparentar el mercado arbitrando en las operaciones que se realizan en él.
La modificación impuesta por el decreto 396/01 comenzará a regir a partir del 9 de abril de este año, y establece una serie de variantes respecto al texto original afectando varios puntos conflictivos.
Una de las normas más importantes de la ley era el punto que ponía bajo revisión la concentración de empresas que superarán 25% del mercado del sector en el que operaban, o cuya facturación en el país superara los US$ 200 millones.
También estaban sujetas a esta norma las compañías que alcanzarán los US$ 2.500 millones a nivel global.
Ahora, el Estado sólo utilizará su facultad de auditar las operaciones en los casos en los que el volumen total de negocios de las empresas intervinientes supere los US$ 200 millones en el país, sin importar su participación de mercado ni sus operaciones en el exterior.
Tampoco será necesario, de acuerdo a las modificaciones, notificarle a las autoridades de Defensa de la Competencia, sobre aquellas operaciones que no superen los US$ 20 millones.
