Buenos Aires trabará cualquier ofensiva de Santa Fe y Córdoba para tocar la coparticipación
Mientras la provincia de Buenos Aires no presione por un nuevo régimen de reparto fiscal, ni Córdoba ni Santa Fe podrán llevar al Congreso el clamor nacido en el movimiento rural para cuestionar las retenciones por no ser coparticipables.
Daniel Scioli encontró 2.830 millones de razones para salir del teatro
de operaciones en el medio de la tregua del paro agropecuario y emitir tibias
señales desde Miami, cuando los productores exigen del gobierno nacional
y de los provinciales la concreción del prometido diálogo sobre
las retenciones móviles.
El ex motonauta, cuyo bastión político es la Ciudad de Buenos
Aires y, en todo caso, su extensión sociocultural hasta el primer cordón
bonaerense, no comulga con los intendentes del propio justicialismo del interior
de la provincia, quienes tienen una relación más estrecha con
los hombres del campo y las ciudades desde las que pivotean sus actividades.
La presión que baja sobre La Plata, mientras Scioli no está visible,
apunta a la coparticipación, que en épocas del radicalismo cedió
4 puntos a la Nación y hoy los llora cuando se ve obligada a cabildear
con el poder central para cubrir sueldos y obras que bien podría haber
solventado con la porción entregada.
Lo que en realidad no se contempla en esa reivindicación que remite
al Pacto de San José de Flores es que la virtual “intervención”
sobre las cuentas estatales de la provincia tuvo lugar cuando el banco de la
Provincia de Buenos Aires tocó fondo durante las administraciones de
Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf, situación que heredó el entonces
vicegobernador Felipe Solá para desde ahí intentar remontarla
con ayudas de la Casa Rosada.
El rojo del Bapro, que había sido puesto a disposición de constructores
duhaldistas como Américo Gualtieri, signó los déficits
provinciales, que la política salarial dictada por Néstor Kirchner
agravó, y terminó de rematar con el salariazo docente (con su
arrastre al resto de la administración) que lanzó el candidato
a jefe de gobierno porteño y ex ministro de Educación, Daniel
Filmus.
La carta de la coparticipación que esgrimen, sobre todo, los productores
bonaerenses cuando descalifican el sistema de las retenciones como factor principal
de recaudación nacional, precisamente, por no ser compartido en los porcentajes
que indican las leyes federales, viene siendo agitada desde mediados de la década
pasada, que fue cuando venciera.
Emergencia agotadaa
Pasaron desde ese momento cinco gobiernos (sin contar los pasamanos de la semana
de la crisis, en 2002) sin que se volviera a tocar el tema. Desde el interinato
de Duhalde hasta estos días, la emergencia económica y los superpoderes
adjudicados en el Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para reasignar partidas
presupuestarias constituyeron el infranqueable muro para la normalización
de las relaciones institucionales dentro de los gobiernos.
El paro agropecuario parece haber terminado con la inercia, y ya los propios
aliados del matrimonio presidencial revisan su posición ante la cesión
ilimitada de poderes a la Casa Rosada, para su discrecional manejo.
En un profundo trabajo de investigación encarado por Miguel Córdoba
para la revista “Cuarto Intermedio”, en combinación con CIPPEC,
aparece una cita del que era gobernador de la provincia, Felipe Solá,
esclarecedora del punto real en que se encuentra el régimen de coparticipación:
Se dice que, dice Duhalde, …”en la Argentina hay una concentración
enorme del poder económico, de las exportaciones y del poder de decisión
en cinco provincias, pero creo que no es así: lo que hay es una concentración
demográfica y de factores económicos, mayormente del sector privado,
pero el poder de resolución de los gobernadores de las provincias centrales
en términos relativos a su tamaño es mucho menor que el de los
gobernadores de las provincias supuestamente periféricas y con mayores
índices de pobreza. Basta ver cuánto recaudan aquellos del total
de lo que gastan frente a lo que recaudan los de las provincias supuestamente
menores. Y cada uno tiene tres senadores en la Cámara de Senadores de
la Nación. Algunos senadores representan a 20.000 personas y otros a
millones de personas, pero “a la mera hora”, como dicen los mexicanos,
todos valen uno en la Cámara de Senadores. Y como las leyes tienen que
ser aprobadas por la Cámara de Senadores, y entre ellas la nueva ley
de coparticipación federal, eso va a ser más difícil que
retroceder en chancletas”.
En el artículo de marras se dice también que “la fuerte centralización
en la recaudación total (alrededor del 85% en cabeza de Nación)
atenta contra la voluntad de recaudar de las provincias, sobre todo cuando recurrentemente
la nación, tarde o temprano, ha acudido a socorrer sus finanzas. El mismo
fenómeno también conspira contra la eficiencia del gasto, afectando
nuestra calidad de vida”.
Asimismo que “el gasto está mucho más descentralizado (casi
60% en cabeza de gobiernos subnacionales, considerando seguridad social y servicios
de la deuda) y su cotidiana percepción permitiría periódicamente
castigar en las urnas al gobernante ineficiente”.
Las que más reciben y las que menos
Dentro de las 24 jurisdicciones, según CIPPEC, hay sólo seis
cuyos recursos propios superan la mitad del total incluidos los aportes nacionales
por coparticipación y otras leyes de reparto. Son: Ciudad de Buenos Aires,
que recauda por sí misma 85 % de los recursos, le sigue Neuquén,
72 %, luego Chubut, 62 %, Santa Cruz 52 % y recién viene Buenos Aires,
con el 50 %, lo mismo que Mendoza.
Las que más dependen de los giros de la Casa Rosada son: Formosa (95%),
La Rioja (90%), igual que Jujuy, Santiago del Estero y Chaco. Corrientes recibe
85 % de los ingresos con que cuenta, algo menos San Juan, mientras que Misiones
y Salta generan 20 % por sí solas.
Entre los fondos distribuidos automáticamente según la ley de
coparticipación y otras, figuran como “recursos de origen nacional”
los provenientes de Ganancias, IVA y otros que originalmente pertenecían
a las provincias.
La confusión se remonta a tiempos en que la crisis de 1930 produjo mayores
necesidades de financiamiento del Estado Nacional y, gracias a la ley 12.139,
a partir de 1935 todos los impuestos internos, a las ventas y a los réditos,
quedaron en manos de la Nación, para luego distribuirse (coparticiparse)
con las provincias.
Actualmente, las retenciones y el impuesto al cheque no se coparticipan, siendo
que entre ambos reúnen 22 puntos de la recaudación nacional.
La concentración de los recursos hacia la Nación se advierte
claramente en un cuadro elaborado por CIPPEC. De los $ 62.884 millones recaudados
por AFIP en 1998, 34,5 % fueron para las provincias, mientras en 2006, de los
$ 152.255, el porcentaje a las provincias bajó a 29,8 %.
Más allá de estos porcentajes generales, el problema sigue siendo
la distribución. Los cinco distritos más perjudicados en tal sentido
son Capital Federal, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, o sea,
salvo el primero, todos los demás, fuertemente afectados por el paro
agropecuario y sus consecuencias en torno de los reclamos por la coparticipación.
Las cinco provincias mejor retribuidas por el poder central serían:
Tierra del Fuego, Santa Cruz, Formosa, Catamarca y La Rioja.
Daniel Scioli encontró 2.830 millones de razones para salir del teatro
de operaciones en el medio de la tregua del paro agropecuario y emitir tibias
señales desde Miami, cuando los productores exigen del gobierno nacional
y de los provinciales la concreción del prometido diálogo sobre
las retenciones móviles.
El ex motonauta, cuyo bastión político es la Ciudad de Buenos
Aires y, en todo caso, su extensión sociocultural hasta el primer cordón
bonaerense, no comulga con los intendentes del propio justicialismo del interior
de la provincia, quienes tienen una relación más estrecha con
los hombres del campo y las ciudades desde las que pivotean sus actividades.
La presión que baja sobre La Plata, mientras Scioli no está visible,
apunta a la coparticipación, que en épocas del radicalismo cedió
4 puntos a la Nación y hoy los llora cuando se ve obligada a cabildear
con el poder central para cubrir sueldos y obras que bien podría haber
solventado con la porción entregada.
Lo que en realidad no se contempla en esa reivindicación que remite
al Pacto de San José de Flores es que la virtual “intervención”
sobre las cuentas estatales de la provincia tuvo lugar cuando el banco de la
Provincia de Buenos Aires tocó fondo durante las administraciones de
Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf, situación que heredó el entonces
vicegobernador Felipe Solá para desde ahí intentar remontarla
con ayudas de la Casa Rosada.
El rojo del Bapro, que había sido puesto a disposición de constructores
duhaldistas como Américo Gualtieri, signó los déficits
provinciales, que la política salarial dictada por Néstor Kirchner
agravó, y terminó de rematar con el salariazo docente (con su
arrastre al resto de la administración) que lanzó el candidato
a jefe de gobierno porteño y ex ministro de Educación, Daniel
Filmus.
La carta de la coparticipación que esgrimen, sobre todo, los productores
bonaerenses cuando descalifican el sistema de las retenciones como factor principal
de recaudación nacional, precisamente, por no ser compartido en los porcentajes
que indican las leyes federales, viene siendo agitada desde mediados de la década
pasada, que fue cuando venciera.
Emergencia agotadaa
Pasaron desde ese momento cinco gobiernos (sin contar los pasamanos de la semana
de la crisis, en 2002) sin que se volviera a tocar el tema. Desde el interinato
de Duhalde hasta estos días, la emergencia económica y los superpoderes
adjudicados en el Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para reasignar partidas
presupuestarias constituyeron el infranqueable muro para la normalización
de las relaciones institucionales dentro de los gobiernos.
El paro agropecuario parece haber terminado con la inercia, y ya los propios
aliados del matrimonio presidencial revisan su posición ante la cesión
ilimitada de poderes a la Casa Rosada, para su discrecional manejo.
En un profundo trabajo de investigación encarado por Miguel Córdoba
para la revista “Cuarto Intermedio”, en combinación con CIPPEC,
aparece una cita del que era gobernador de la provincia, Felipe Solá,
esclarecedora del punto real en que se encuentra el régimen de coparticipación:
Se dice que, dice Duhalde, …”en la Argentina hay una concentración
enorme del poder económico, de las exportaciones y del poder de decisión
en cinco provincias, pero creo que no es así: lo que hay es una concentración
demográfica y de factores económicos, mayormente del sector privado,
pero el poder de resolución de los gobernadores de las provincias centrales
en términos relativos a su tamaño es mucho menor que el de los
gobernadores de las provincias supuestamente periféricas y con mayores
índices de pobreza. Basta ver cuánto recaudan aquellos del total
de lo que gastan frente a lo que recaudan los de las provincias supuestamente
menores. Y cada uno tiene tres senadores en la Cámara de Senadores de
la Nación. Algunos senadores representan a 20.000 personas y otros a
millones de personas, pero “a la mera hora”, como dicen los mexicanos,
todos valen uno en la Cámara de Senadores. Y como las leyes tienen que
ser aprobadas por la Cámara de Senadores, y entre ellas la nueva ley
de coparticipación federal, eso va a ser más difícil que
retroceder en chancletas”.
En el artículo de marras se dice también que “la fuerte centralización
en la recaudación total (alrededor del 85% en cabeza de Nación)
atenta contra la voluntad de recaudar de las provincias, sobre todo cuando recurrentemente
la nación, tarde o temprano, ha acudido a socorrer sus finanzas. El mismo
fenómeno también conspira contra la eficiencia del gasto, afectando
nuestra calidad de vida”.
Asimismo que “el gasto está mucho más descentralizado (casi
60% en cabeza de gobiernos subnacionales, considerando seguridad social y servicios
de la deuda) y su cotidiana percepción permitiría periódicamente
castigar en las urnas al gobernante ineficiente”.
Las que más reciben y las que menos
Dentro de las 24 jurisdicciones, según CIPPEC, hay sólo seis
cuyos recursos propios superan la mitad del total incluidos los aportes nacionales
por coparticipación y otras leyes de reparto. Son: Ciudad de Buenos Aires,
que recauda por sí misma 85 % de los recursos, le sigue Neuquén,
72 %, luego Chubut, 62 %, Santa Cruz 52 % y recién viene Buenos Aires,
con el 50 %, lo mismo que Mendoza.
Las que más dependen de los giros de la Casa Rosada son: Formosa (95%),
La Rioja (90%), igual que Jujuy, Santiago del Estero y Chaco. Corrientes recibe
85 % de los ingresos con que cuenta, algo menos San Juan, mientras que Misiones
y Salta generan 20 % por sí solas.
Entre los fondos distribuidos automáticamente según la ley de
coparticipación y otras, figuran como “recursos de origen nacional”
los provenientes de Ganancias, IVA y otros que originalmente pertenecían
a las provincias.
La confusión se remonta a tiempos en que la crisis de 1930 produjo mayores
necesidades de financiamiento del Estado Nacional y, gracias a la ley 12.139,
a partir de 1935 todos los impuestos internos, a las ventas y a los réditos,
quedaron en manos de la Nación, para luego distribuirse (coparticiparse)
con las provincias.
Actualmente, las retenciones y el impuesto al cheque no se coparticipan, siendo
que entre ambos reúnen 22 puntos de la recaudación nacional.
La concentración de los recursos hacia la Nación se advierte
claramente en un cuadro elaborado por CIPPEC. De los $ 62.884 millones recaudados
por AFIP en 1998, 34,5 % fueron para las provincias, mientras en 2006, de los
$ 152.255, el porcentaje a las provincias bajó a 29,8 %.
Más allá de estos porcentajes generales, el problema sigue siendo
la distribución. Los cinco distritos más perjudicados en tal sentido
son Capital Federal, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, o sea,
salvo el primero, todos los demás, fuertemente afectados por el paro
agropecuario y sus consecuencias en torno de los reclamos por la coparticipación.
Las cinco provincias mejor retribuidas por el poder central serían:
Tierra del Fuego, Santa Cruz, Formosa, Catamarca y La Rioja.
